El Tribunal Supremo ordena a la Comunidad de Madrid a pagar 450.000 euros a Rivas por deudas en educación infantil.

El Tribunal Supremo ha sentenciado a la Comunidad de Madrid a pagar 451.399,52 euros al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por el incumplimiento de un convenio de colaboración en el ámbito educativo durante los meses de confinamiento de 2020, en plena pandemia de la COVID-19.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, acepta el recurso de casación presentado por el Consistorio ripense y revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2022 había desestimado la reclamación realizada por el Ayuntamiento.

El Alto Tribunal considera demostrado que la Consejería de Educación y Juventud no cumplió con sus obligaciones de financiación durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, a pesar de que el Ayuntamiento mantuvo la actividad educativa a distancia y asumió los costes del personal.

La Comunidad incumplió el convenio educativo durante el confinamiento

El origen del conflicto se sitúa en el curso 2019-2020, cuando el convenio entre ambas administraciones estipulaba la cofinanciación del funcionamiento de las escuelas infantiles y la Casa de Niños, que son centros de titularidad municipal.

Tras la suspensión de las clases presenciales por la Orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento optó por mantener los contratos del personal educativo para asegurar la continuidad pedagógica online, asumiendo en su totalidad el coste de los salarios y servicios.

El Supremo ha determinado que la Comunidad debía haber mantenido sus aportaciones económicas según el convenio, dado que el Ayuntamiento cumplió con sus obligaciones contractuales a pesar de la crisis sanitaria. Así, la sentencia ordena el pago inmediato al consistorio de 451.399,52 euros, correspondientes al trimestre de marzo a mayo de 2020.

El Supremo anula la sentencia previa del TSJM

La resolución del Alto Tribunal anula la sentencia del TSJM y da la razón al Ayuntamiento de Rivas, aceptando su recurso contencioso-administrativo. Este fallo, además, no impone costas procesales a ninguna de las partes, que deberán cubrir sus propios gastos.

Según el texto judicial, la Comunidad “no podía liberarse de sus obligaciones de financiación apoyándose en la suspensión de la actividad presencial, ya que el servicio educativo continuó prestándose bajo una modalidad diferente”.

La Comunidad “acata” la sentencia pero plantea compensar deudas

Tras conocer la decisión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid acata la sentencia del Tribunal Supremo.

“El cierre de las escuelas infantiles fue una consecuencia directa de la pandemia, pero acatamos la resolución judicial”, ha indicado García Martín. No obstante, ha recordado que el Ayuntamiento de Rivas tiene una deuda de siete millones de euros con la Agencia de Vivienda Social, lo que abre la posibilidad de una compensación de deudas entre administraciones.

“Ese Ayuntamiento nos adeuda siete millones de euros y existe una sentencia pendiente de ejecución, por lo que probablemente plantearemos una compensación”, añadió el consejero.

Un precedente en los litigios por la gestión educativa durante la pandemia

La decisión del Tribunal Supremo sienta un precedente en la interpretación de los convenios educativos firmados entre administraciones locales y autonómicas durante la pandemia. El fallo establece que las comunidades autónomas deben mantener sus compromisos financieros incluso en situaciones excepcionales, siempre que los servicios se continúen prestando, aunque sea en modalidad no presencial.

Para el Ayuntamiento de Rivas, la sentencia simboliza una victoria jurídica y económica, al reconocer el esfuerzo llevado a cabo durante los momentos más difíciles del confinamiento para garantizar la continuidad del aprendizaje y el empleo del personal docente municipal.

Con esta resolución, el Alto Tribunal refuerza la obligación de la Comunidad de Madrid de cumplir los convenios firmados con los ayuntamientos y reconoce el derecho de Rivas a recibir los fondos correspondientes, cerrando así un litigio que se ha prolongado durante más de tres años.