El Vaticano inicia una investigación por abuso sexual contra el obispo de Cádiz por hechos ocurridos cuando era sacerdote en Madrid | Sociedad

EL PAÍS inició en 2018 una investigación sobre la pederastia en la Iglesia española y mantiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si tiene conocimiento de algún caso no publicado, puede escribir a: [email protected]. Si se trata de un caso en América Latina, la dirección es: [email protected].

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El Vaticano ha dispuesto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual continua a un menor durante los años noventa, época en la que el prelado era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de la diócesis. La víctima envió este verano una denuncia al Dicasterio de Doctrina de la Fe, describiendo los hechos y solicitando acciones. EL PAÍS ha tenido acceso a dicho documento y fuentes eclesiales han confirmado el comienzo de las pesquisas. Es la primera vez que un obispo en España es investigado públicamente por un delito de pederastia.

Las normas eclesiásticas estipulan que ante una denuncia contra un obispo por pederastia, el encargado de la investigación es el arzobispo metropolitano de quien depende el imputado. En este caso —ya prescrito en la justicia civil—, sería el arzobispo de Sevilla, quien supervisa la provincia eclesiástica donde está el obispado gaditano. Este periódico intentó sin éxito contactar este domingo a Rafael Zornoza para conocer su versión. Además, EL PAÍS consultó a la responsable de comunicación de la diócesis gaditana, pero hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

“Escribo esta carta solo para evitar que lo que me ocurrió a mí le suceda a otro niño”, expresa el denunciante en las primeras líneas de su carta. Acusa al actual obispo de Cádiz de haber abusado de él entre los 14 y 21 años. Los hechos se remontan a 1994, cuando Zornoza tenía 45 años y era director del seminario mayor de la diócesis de Getafe, creada tres años antes tras la división de la archidiócesis de Madrid en varios obispados.

“Desde los 14 hasta los 18 años, visitaba casi todos los fines de semana el Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante ese tiempo, fui víctima de abusos. Era durante la noche cuando entraba en mi habitación. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas, también me despertaba de la misma forma. En esos momentos, no le decía nada; la parálisis me controlaba”, detalla el denunciante en la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los abusos denunciados―tocamientos, caricias en zonas íntimas y besos en la boca― también ocurrieron en convivencia y campamentos.

Las agresiones continuaron, según el relato de la víctima, hasta que cumplió 21 años, a inicios de los 2000. Al alcanzar la mayoría de edad, ingresó en el seminario mayor. “Al mismo tiempo, le confesé mi homosexualidad. Rafa me permitió entrar al seminario y me llevó a una terapia de conversión para ‘curar’ mi homosexualidad”, relata en la carta el antiguo seminarista. Durante los dos años que pasó allí, asegura que Zornoza se metía en su cama “casi todas las noches y mañanas” para besarle y tocarle. “En varias ocasiones le señalé a Rafa que lo que hacíamos no estaba bien. Él siempre decía que era una amistad íntima y que yo malinterpretaba su amistad”, escribe el denunciante.

El exseminarista menciona que Zornoza “tenía una gran capacidad de manipulación” sobre él. “Sabía todo acerca de mí y confiaba ciegamente en lo que me decía”, añade. “Otro ejemplo de su manipulación y control sobre mí eran las confesiones”, relata. En ellas, el denunciante expresa que experimentaba un gran sentimiento de culpa “y él me hacía ver que no sabía amar ni entender la amistad”. “Después de confesar mis actos homosexuales, me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba”, sostiene.

El relato de la víctima indica que, además de las agresiones sexuales, el actual prelado utilizó su posición de poder para engañarle, abusar de él y hacerle sentir culpable por lo que ocurría. “Me convenció de ingresar al seminario y me dijo que ‘mi herida’ (así se refería a mi homosexualidad) no me permitía ver las cosas con claridad y que debía confiar en él. También me persuadió de ir a un psiquiatra dos veces por semana para curar mi herida, mi homosexualidad. Ni mi homosexualidad ni la terapia pude compartirlo con nadie, ni con mis padres, familia o amigos […]”.

Al dejar el seminario, explica la víctima en su carta, no era consciente de haber sufrido abusos, y solo años después, mientras recibía terapia, entendió que Zornoza le había agredido sexualmente. “Cuando tenía 32 años, le escribí un email en el que le decía que había abusado de mí. Nunca recibí respuesta, y desde aquel día, nunca más volvió a comunicarse conmigo”, dice el afectado.

Este año, el afectado se reunió con el actual obispo de Cádiz. “En persona, le repetí que había abusado de mí desde los 14 hasta los 21 años. Simplemente respondió que nunca fue su intención, aunque reconoció la manipulación y los abusos”, relata en la misiva.

En los próximos pasos de la investigación eclesiástica, el tribunal que llevará el caso tomará declaración al acusado, a la víctima (o víctimas) y a posibles testigos o personas informadas sobre los hechos. Esta etapa se conoce como investigación previa, y al finalizar, se enviará al Vaticano. Posteriormente, se decidirá si abrir o no un procedimiento que concluirá con un juicio canónico y una sentencia. La resolución será remitida a Doctrina de la Fe para su ratificación.

Caso sin precedentes en España

Es la primera vez que se tiene conocimiento en España de que la Iglesia ha iniciado una investigación contra un obispo por una acusación de abuso de menores. En otros países, como Perú, el primer cardenal del Opus Dei, Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, fue apartado por el Papa Francisco en 2019 tras una acusación de pederastia, según ha revelado este periódico este año. Era un caso ya prescrito sin vías judiciales activas. En EE.UU., sin embargo, el cardenal Theodore McCarrick fue juzgado tanto en un proceso penal como en otro canónico. En este último, el Papa Francisco le expulsó del estado clerical. Un tribunal estadounidense le procesó, pero no pudo juzgarlo debido a su avanzada edad (más de 90 años) y por sufrir demencia. Falleció en abril de 2025.

Zornoza nació en 1949 en Madrid y fue ordenado sacerdote en la misma ciudad en 1975. Comenzó como vicario parroquial en San Jorge, bajo la dirección de Francisco José Pérez y Fernández, quien más tarde sería obispo auxiliar de Madrid y primer obispo de Getafe.

En la década de 1980, Zornoza ocupó varios cargos importantes en el episcopado de Madrid y durante los años noventa, tras la división de la archidiócesis madrileña, se incardinó en la nueva diócesis de Getafe como secretario del primer obispo. En 1994, fue designado director del seminario y en 2005 nombrado obispo auxiliar de Getafe. Durante ese tiempo, según la web de la Conferencia Episcopal Española (CEE), participó en la pastoral juvenil, creó recursos para la formación de jóvenes y promovió actividades recreativas. De hecho, fue el fundador de la Asociación Juvenil Llambrión y de la Escuela de Tiempo Libre Semites. En 2011, el papa Benedicto XIV lo ascendió a obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

En la CEE, es miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias. Anteriormente, fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero (2017-2020). También ha integrado la Comisión Episcopal para Seminarios y Universidades. Recientemente se conoció que la CEE apartó al director de la Pastoral Penitenciaria tras ser acusado de abusar de un menor a comienzos de los años 2000. Por ahora, en el caso de Zornoza no hay registro de que la CEE haya tomado una medida similar. De hecho, el prelado ha seguido llevando a cabo su agenda normalmente: celebrando misas en la catedral hasta este domingo, firmando cartas pastorales, oficiando confirmaciones y visitando colegios. Se espera que a mediados de mes acuda a Madrid para participar en la reunión plenaria de los obispos en la que se votarán temas relevantes para la Iglesia española.

La falta de transparencia en la diócesis de Cádiz

La diócesis a cargo de Zornoza es una de las más opacas en cuanto a la gestión de los casos de pederastia. Desde que EL PAÍS inició su investigación sobre los abusos en la Iglesia en octubre de 2018, este obispado siempre se ha negado a proporcionar información sobre los casos que conoce. Este periódico tuvo acceso a una auditoría interna de la CEE de 2023 que incluía un listado de casos, de los cuales se registraron cuatro denuncias recibidas por la diócesis de Cádiz. Además, en el informe del Defensor del Pueblo presentado en 2023 se añadió un caso más. En total, EL PAÍS ha contabilizado cinco casos en los que siete sacerdotes diocesanos están acusados de agredir sexualmente a 19 víctimas.

Según la documentación de la auditoría, los delitos ocurrieron entre 2005 y 2010. En dos de los casos, los delitos no estaban prescritos y las víctimas eran menores cuando denunciaron internamente. Sin embargo, la diócesis no lo informó a las autoridades, como lo exige la ley. En la documentación interna, el obispado se justifica alegando que las víctimas se negaron a hacerlo.

De los cuatro casos registrados en la auditoría, la Iglesia considera tres probados y uno lo clasifica como “denuncia falsa o infundada”. Por otro lado, la diócesis propuso pagar tratamiento psicológico a siete de las víctimas: el costo de terapia para cinco de ellas fue de un total de 21.847 euros (por aproximadamente dos años de tratamiento) y para las otras dos, de 18.710 euros cada una. Los pederastas que seguían vivos al momento de la denuncia fueron expulsados del estado clerical.

Este caso incrementa a 1.568 los acusados conocidos por pederastia clerical en España y a 2.954 las víctimas, según la base de datos de EL PAÍS, la única disponible en ausencia de un recuento oficial. En la investigación de este periódico también figuran 61 obispos, arzobispos o cardenales españoles acusados de haber ocultado, silenciado o encubierto casos de pederastia en sus diócesis. En esta lista se incluye también a Rafael Zornoza por no informar a las autoridades, como estipula la ley, de dos casos de abusos recibidos en 2010 contra dos sacerdotes que abusaron de al menos 16 menores. Denuncias que gestionó internamente: expulsó a los pederastas y ofreció cubrir el tratamiento psicológico a los afectados.

El encubrimiento como síntoma

El encubrimiento es uno de los aspectos fundamentales para entender el escándalo de los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica. Esto explica que, más allá de los cientos de casos y miles de víctimas, existió un modus operandi de la jerarquía eclesiástica para ocultar el asunto, a veces desde el mismo Vaticano. El Papa Francisco reformó las normas canónicas en 2019 para endurecer las penas por proteger a los pederastas y silenciar a las víctimas. Sin embargo, la Iglesia española parece hacer caso omiso a esto. Consultada en numerosas ocasiones sobre el tema, la dirección de la CEE siempre remite a que no hay ninguna investigación abierta y se niega a aclarar por qué no se investiga a la decena de obispos y cardenales aún vivos bajo sospecha de encubrir abusos sexuales.

Algunos de estos prelados siguen participando en las votaciones donde la CEE decide, entre otros temas, sobre la gestión de la pederastia en su interior. En las plenarias de los últimos años, por ejemplo, los obispos han criticado las investigaciones periodísticas, como la de EL PAÍS, así como el informe del Defensor del Pueblo (que en su estudio de 2023 incluyó una estimación de 440.000 víctimas en las últimas décadas), y también la auditoría que encargaron al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, además de reprochar al Gobierno, que el año pasado aprobó un plan para reparar a los afectados con un fondo donde también colaborara la Iglesia. No solo eso, el plan del Ejecutivo también contemplaba que un organismo independiente investigara cada caso, tanto de abuso como de encubrimiento, permitiendo un registro oficial con nombres de acusados, fechas y lugares.

Los obispos se han opuesto a esta propuesta en múltiples ocasiones, considerándola un “juicio condenatorio sin garantías jurídicas” y alegando que constituye, según ellos, “un señalamiento público” del Estado. Por su parte, la CEE estableció hace ocho meses un modelo de reparación propio (el PRIVA), pero que ha mostrado debilidades: de las 2.002 víctimas reconocidas por la Conferencia Episcopal en sus informes, solo un poco más del 2% (menos de medio centenar) ha sido reparado.

El Gobierno, por otro lado, ha incumplido su promesa de hace dos años de reparar a los afectados, realizar un acto de reconocimiento público del Estado y modificar la ley para hacer imprescriptibles estos delitos en la vía civil. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a ello durante su discurso de investidura en 2023. Las víctimas están cansadas, señalan las principales asociaciones a este periódico, y exigen una solución. Este martes, de hecho, se reunirán con el equipo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para dialogar sobre el próximo movimiento del Ejecutivo: ofrecer un nuevo plan a los obispos para colaborar en el pago de las indemnizaciones.