La abogacía de Begoña Gómez solicita al magistrado que cierre el caso: “Se perjudica la imagen de la Justicia” | España

El juez Juan Carlos Peinado ha continuado con su rutina, dedicando otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. Este trámite no era inédito; se trató de una simple formalidad para informarles que, si el caso llega a juicio, será ante un jurado popular. Las partes han mantenido el guion establecido. Los investigados ―la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han asistido y han dejado su defensa en manos de sus abogados, quienes han solicitado el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, señaló el abogado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Las acusaciones, en cambio, han pedido nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

La única sorpresa la ha proporcionado Manos Limpias, el pseudosindicato que inició el caso. Este se ha desvinculado de la dirección letrada de las acusaciones populares que ejerce Hazte Oír y ha solicitado al juez, por escrito, que archive completamente la causa para Álvarez. En lo que respecta a Gómez, ha pedido que cambie la calificación jurídica de los hechos, eliminando los delitos de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, manteniendo únicamente los de malversación y tráfico de influencias, y sumando uno nuevo ―prevaricación― que complicaría que la causa fuera juzgada por un jurado popular.

Manos Limpias, representada por el despacho Soriano i Piqueras, argumenta que debe sobreseerse provisionalmente el caso para Álvarez, entendiendo que es “más razonable asumir” que ella no participó conscientemente en “el plan concebido” por Gómez, sino que obedecía órdenes “de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales—” y que se vio involucrada en las actividades privadas de la esposa de Sánchez. Además, recuerda que en el ordenamiento español, la cónyuge del presidente del Gobierno “no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial”, lo que hace “complejo” definir qué implica ser su asistente personal.

Por otro lado, Manos Limpias apoya que se continúe la investigación contra Gómez, pero solo por dos de los cinco delitos que actualmente se le imputan: malversación y tráfico de influencias. Asegura que los demás “carecen de sustento jurídico” y “ponen en riesgo el buen fin del proceso”. Sin embargo, sugiere sumar el delito de prevaricación y llevar a cabo nuevas diligencias para investigarlo. Esto es porque, para la comisión de los dos delitos que apoyan, es “imprescindible” que ocurran acciones supuestamente prevaricadoras como el nombramiento de Álvarez y la “omisión en la exigencia del cumplimiento de la legalidad” en relación al destino y tareas asignadas. Si esto es cierto, el pseudosindicato anticipa que no podrán continuar por la vía del tribunal del jurado, dado que la prevaricación es uno de los delitos que no puede ser juzgado por este medio.

Un “déjà vu” de “pesadilla”

En lo que se esperaba y anticipando un nuevo rechazo a sus solicitudes, las defensas de Gómez y Álvarez han pedido a Peinado que, si decide seguir adelante con el caso, acepte varias diligencias. El abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual es parte de la causa, y que se le permita presentar tres informes periciales. Uno de estos es para analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno, con el fin de demostrar que tradicionalmente todas las parejas han tenido un asistente personal que les ayudaba en sus asuntos; otro sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay base para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Ha denunciado este «déjà vu«, describiéndolo como una auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías presentes en la causa. En este sentido, ha advertido que se persigue “otra cosa” que no es Justicia, criticando lo que considera una falta de imparcialidad por parte del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha lamentado, según fuentes presentes en la vista.

El exresponsable de Interior ha abordado uno a uno los delitos imputados a su cliente, argumentando que Peinado aplica un “derecho penal de autor” basado en la condición de Gómez como esposa de Sánchez y guiado por el “ardor” de las acusaciones. En cuanto al delito de malversación, ha señalado que la función de Álvarez era asistir a Gómez en todo momento, y que, por razones de amistad, la ayudó en algunas gestiones relacionadas con la UCM, aunque subrayando que nunca lo hizo de manera exclusiva. Ha descartado también el delito de tráfico de influencias, argumentando que, lejos de experimentar un aumento en su carrera profesional, Gómez la redujo al llegar Sánchez a La Moncloa. Adicionalmente, ha resaltado que su relación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. Sobre la corrupción en los negocios, ha manifestado su asombro de que se le atribuya a la captación de financiamiento para una universidad pública. En relación al intrusismo profesional, ha citado informes y testimonios que validan que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, dado que así lo indicaron desde la propia UCM y que no se requería formación específica. Finalmente, ha rechazado la apropiación indebida de marca, argumentando que este delito solo se aplica a bienes materiales, no intelectuales. En cualquier caso, ha afirmado que la marca debería estar registrada y que solo se hicieron con los símbolos distintivos y el dominio del software desarrollado.

Por su parte, el abogado de Álvarez, José María de Pablos, ha instado a Peinado a solicitar de La Moncloa un certificado sobre su cliente que confirme el cumplimiento de sus funciones. En su intervención, el fiscal José Manuel San Baldomero ha reiterado su petición para archivar la causa. En un escrito presentado este mismo miércoles, ha comentado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” puedan considerarse ―“siquiera sea para desecharse”― las alegaciones de descargo presentadas en este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que las autoridades y funcionarios intervinientes en el procedimiento penal consignen y valoren tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha subrayado.

En el otro extremo, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han sugerido a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario de Álvarez; y que consulte a la plataforma Lefevbre sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, sobre la cual ya informó Making Science ―otra empresa involucrada en el proyecto― señalando que la asesora de Gómez estaba entre los participantes.

Hacia un juicio con jurado popular

Es la segunda vez que el juez realiza este trámite. Ya en septiembre, cuando el proceso se dividía en dos partes, informó a la esposa del presidente del Ejecutivo que, si el caso por malversación iba a juicio, sería juzgado por un jurado popular y no por un tribunal de jueces. Luego unificó la investigación y notificó que toda la causa seguiría la misma dirección. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid lo corrigió, informándole de que, si deseaba mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió con una resolución de 47 páginas donde insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Reiteró que Gómez se ha beneficiado de su condición como esposa del presidente del Gobierno, ayudando a alterar de manera “radical” su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no se presenta, indiciariamente, como una dinámica normal de patrocinio universitario, sino como una manifestación más de la red de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado” por Gómez. Igualmente, enfatizó que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la mujer de Sánchez “en actos protocolarios” vinculados a su agenda como esposa del jefe del Ejecutivo, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” en su “actividad profesional y académica”. “A pesar de que se trata de acciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien pagaba su sueldo”, subrayó.

Se prevé que en los próximos días, Peinado comunique su decisión sobre las solicitudes presentadas este miércoles. Desde Hazte Oír, el abogado Javier María Pérez-Roldán ha manifestado su confianza en que, a pesar de que Gómez “está ignorando a la Justicia”, al ausentarse, “la Justicia no la ignorará”. En el mismo sentido, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado que “la causa avanza”, afirmando que “hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, en declaraciones a la prensa al salir de los juzgados de Plaza de Castilla.

La causa estalló en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero desde entonces se ha ido ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta determinar si hubo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para colaborar con su actividad institucional y con su “actividad privada”.