La abogada de Begoña Gómez solicita al juez el cierre del caso: “Se perjudica la imagen de la Justicia” | España

El juez Juan Carlos Peinado ha mantenido su tradición y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. El trámite no era novedoso, simplemente una formalidad para informar que, de llegar a juicio, será ante un jurado popular. Las partes no se han salido del guion. Los investigados ―la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no se han presentado y han dejado su defensa en manos de sus abogados, quienes han solicitado el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha manifestado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Las acusaciones, por su parte, han exigido nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

La única sorpresa llegó de Manos Limpias, el pseudosindicato que originó el caso. Se ha distanciado de la dirección legal de las acusaciones populares que lleva Hazte Oír y ha pedido al juez por escrito que archive toda la causa para Álvarez y que, respecto a Gómez, cambie la calificación jurídica de los hechos, eliminando los delitos de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, conservar los de malversación y tráfico de influencias, y añadir uno nuevo ―prevaricación― que impediría que el caso fuera juzgado por un jurado popular.

Manos Limpias, representada por el despacho Soriano i Piqueras, propone el sobreseimiento provisional de Álvarez al considerar “más razonable asumir” que, en lugar de participar conscientemente en “el plan concebido” por Gómez, obedecía órdenes “de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales—” y que “se vio inmiscuida en las actividades privadas” de la esposa de Sánchez. Además, señala que, en el ordenamiento español, la cónyuge del presidente del Gobierno “no actúa como una primera dama, sino que no desempeña ninguna función oficial”, lo que hace “complejo” definir qué implica ser su asistente personal.

En contraste, Manos Limpias apoya continuar la investigación contra Gómez, pero solo por dos de los cinco delitos que se le imputan actualmente: malversación y tráfico de influencias. Argumenta que los demás “carecen de sustento jurídico” y “ponen en riesgo el buen fin del proceso”. Sin embargo, sugiere añadir el delito de prevaricación y realizar nuevas diligencias para investigarlo. Para la comisión de los dos delitos que apoyan, es “imperativo” la realización de conductas supuestamente prevaricadoras como el nombramiento de Álvarez y “la omisión en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en lo que respecta al destino y a las tareas encomendadas”. De ser así, el pseudosindicato anticipa que no se podrá continuar por el cauce del tribunal del jurado, dado que la prevaricación es uno de los delitos que no puede ser juzgado.

Un “déjà vu” de “pesadilla”

En lo esperado, y anticipando otro rechazo a sus solicitudes, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide proseguir con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la esposa de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que es central en la causa, y autorización para aportar tres informes periciales. Uno de ellos, para analizar la figura del cónyuge del presidente, con el fin de demostrar que históricamente todas las parejas han tenido un asistente personal que les ayuda en sus asuntos; otro sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero, sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay base alguna para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. El letrado ha calificado este «déjà vu» como una auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías que percibe en la causa. En este marco, ha indicado que se persigue “otra cosa” que no es Justicia, reprochando la falta de imparcialidad del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha expresado, según fuentes presentes en la audiencia.

El exresponsable de Interior ha criticado uno por uno los delitos imputados a su cliente para sustentar su tesis de que Peinado está aplicando un “derecho penal de autor”, guiado por la condición de Gómez como esposa de Sánchez y el “ardor” de las acusaciones. Así, en lo que respecta al delito de malversación, ha enfatizado que la tarea de Álvarez era asistir a Gómez en todo momento y que, por razones de amistad, la ayudó con algunas gestiones relacionadas con la UCM, aunque ha subrayado que nunca lo hizo de manera exclusiva. También ha desechado el delito de tráfico de influencias, argumentando que, lejos de beneficiar su carrera profesional, Gómez la redujo al llegar Sánchez a La Moncloa. Además, remarcó que su vinculación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. Sobre la corrupción en los negocios, ha expresado su sorpresa de que se le pueda imputar por captar financiación para una universidad pública. En cuanto al intrusismo profesional, ha mencionado informes y declaraciones testificales que confirman que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, dado que así se lo indicaron desde la propia UCM y no se requería formación específica. Por último, ha negado la apropiación indebida de marca, argumentando que este delito solo se aplica a bienes materiales, no a intelectuales. En cualquier caso, ha puntualizado que la marca debería estar registrada y solo se realizó con los símbolos distintivos y el dominio del software que se desarrolló.

Por su parte, el abogado de Álvarez, José María de Pablos, ha instado a Peinado a solicitar de La Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones. En su intervención, el fiscal José Manuel San Baldomero ha vuelto a urgir el archivo de la causa. En un escrito presentado este mismo miércoles, ha afirmado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” se puedan analizar ―“aunque sea para desecharlas”― las alegaciones de descargo presentadas en este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que autoridades y funcionarios que intervienen en el procedimiento penal consignen y aprecien tanto las circunstancias adversas como las favorables al presunto reo”, ha subrayado.

En el lado opuesto, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que recibe Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa que participó en el proyecto― indicando que la asesora de Gómez era una de las intervinientes.

Hacia un juicio con jurado popular

Es la segunda ocasión en que el juez lleva a cabo este trámite. Ya en septiembre, cuando el proceso se dividía en dos piezas, notificó a la esposa del presidente del Ejecutivo que, si el caso por malversación iba a juicio, sería ante un jurado popular y no ante un tribunal conformado por jueces. Posteriormente, unificó la investigación y avisó que toda la causa seguiría el mismo curso. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le advirtió que, si deseaba mantener esa línea, necesitaba justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió con una resolución de 47 páginas en la que afirmó que hay una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Reiteró que Gómez se ha beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para provocar un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no se presenta, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado” por Gómez. Asimismo, subrayó que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la esposa de Sánchez “para actos protocolarios” derivados de su agenda de esposa del jefe del Ejecutivo, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” de su “actividad profesional y académica”. “A pesar de tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”, enfatizó.

Se espera que en los próximos días Peinado comunique su decisión sobre las solicitudes presentadas este miércoles. Desde Hazte Oír, el letrado Javier María Pérez-Roldán se ha mostrado confiado en que, a pesar de que Gómez “está evadiendo la Justicia”, al ausentarse, “la Justicia no la evadirá”. En la misma línea, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha expresado que “la causa avanza”. “Hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, ha afirmado, en declaraciones a la prensa al salir de los juzgados de Plaza de Castilla.

La causa estalló en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero ha ido ampliándose con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta establecer si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase tanto con su actividad institucional como con su “actividad privada”.