La abogada de Begoña Gómez solicita al juez que cierre el caso: “Se está perjudicando la imagen de la Justicia” | España

El juez Juan Carlos Peinado ha continuado con su rutina y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. Este trámite no ha sido novedoso; se trató de una mera formalidad para informar a las partes que, en caso de llegar a juicio, sería ante un jurado popular. Las defensas han seguido el guion establecido. Los investigados ―la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no se han presentado y han dejado su defensa en manos de sus abogados, quienes han solicitado el archivo definitivo del caso, al igual que hizo la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, afirmó el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Las acusaciones, por su parte, han pedido nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

La única sorpresa ha sido protagonizada por Manos Limpias, el pseudosindicato cuya denuncia originó el caso. Se ha distanciado de la dirección letrada de las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír y ha solicitado al juez, por escrito, que archive toda la causa para Álvarez y que, en lo que respecta a Gómez, cambie la calificación jurídica de los hechos. Esto implicaría eliminar los delitos de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, mantener los de malversación y tráfico de influencias, y añadir uno nuevo ―prevaricación― que impediría que la causa fuera juzgada por un jurado popular.

Manos Limpias, representada por el despacho Soriano i Piqueras, propone el sobreseimiento provisional para Álvarez, entendiendo que es “más razonable asumir” que en lugar de participar conscientemente en “el plan concebido” por Gómez, obedecía órdenes de su superior jerárquico y se vio involucrada en las actividades privadas de la esposa de Sánchez. Además, subrayan que en el ordenamiento español, la cónyuge del presidente del Gobierno “no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial”, por lo que “resulta complejo” establecer qué implica ser su asistente personal.

Por otro lado, Manos Limpias apoya la continuación de la investigación contra Gómez, pero solo por dos de los cinco delitos que se le imputan actualmente: malversación y tráfico de influencias. Aseguran que los otros “carecen de sustento jurídico” y “ponen en riesgo el buen fin del proceso”. Propone, además, añadir el delito de prevaricación y llevar a cabo nuevas diligencias para investigarlo, ya que para la comisión de los dos delitos que avalan es “imprescindible” demostrar conductas supuestamente prevaricadoras, como el nombramiento de Álvarez y “la omisión en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en lo referente al destino y a las tareas encomendadas”. De ser así, el pseudosindicato anticipa que no se podrá continuar por el cauce del tribunal del jurado porque la prevaricación es uno de los delitos que no puede ser juzgado.

Un “déjà vu” de “pesadilla”

Dentro de lo previsible y anticipando un nuevo rechazo a sus peticiones, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide continuar con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha pedido la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relacionada con el caso, y que se le permita aportar tres informes periciales. Uno de ellos analizaría la figura del cónyuge del presidente con el objetivo de demostrar que tradicionalmente todas las parejas han contado con un asistente personal que les ayuda en sus asuntos; otro, sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero, sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay base para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. El letrado ha tildado este «déjà vu» de auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías que, en su opinión, impera en el caso. Ha alertado que se busca “otra cosa” que no es Justicia, reprochando lo que considera una ausencia de imparcialidad del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha lamentado, según fuentes presentes en la vista.

El exresponsable de Interior ha enfrentado uno a uno los delitos imputados a su cliente para construir su tesis de que Peinado aplica un “derecho penal de autor” basado en la condición de Gómez como esposa de Sánchez y guiado por el “ardor” de las acusaciones. En relación al delito de malversación, ha señalado que la función de Álvarez era asistir a Gómez en todo momento y que, por razones de amistad, la ayudaba con algunas gestiones relacionadas con la UCM, aunque ha enfatizado que nunca lo hizo con dedicación exclusiva. También ha desechado el delito de tráfico de influencias, argumentando que, lejos de experimentar un ascenso en su carrera profesional, Gómez redujo esta al llegar Sánchez a La Moncloa. Además, ha recalado que su relación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. En cuanto a la corrupción en los negocios, ha expresado su perplejidad por poderse atribuir a la captación de financiación para una universidad pública. Respecto al intrusismo profesional, se ha referido a informes y testimonios que demuestran que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, pues así lo indicaron desde la propia UCM y no se requería formación específica. Finalmente, ha refutado la apropiación indebida de marca, argumentando que este delito solo aplica a bienes materiales, no intelectuales, y ha reiterado que la marca debería estar registrada y solo se hizo con los símbolos distintivos y el dominio del software desarrollado.

Por su parte, el abogado de Álvarez, José María de Pablos, ha instado a Peinado a solicitar de La Moncloa un certificado que acredite el cumplimiento de las funciones de su cliente. En su turno, el fiscal José Manuel San Baldomero ha insistido nuevamente en archivar la causa. En un escrito presentado este mismo miércoles, ha mencionado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” sea posible analizar ―“aunque sea para desecharlo”― las alegaciones de descargo presentadas en este tiempo. “No está de más recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que las autoridades y funcionarios involucrados en el procedimiento penal consignen tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha subrayado.

En el otro extremo, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han sugerido a Peinado que requiera el historial laboral completo de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que recibe Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa participante en el proyecto― indicando que la asesora de Gómez era una de las intervinientes.

Hacia un juicio con jurado popular

Este es el segundo trámite que realiza el juez. Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, notificó a la esposa del presidente del Ejecutivo que, si el caso por malversación iba a juicio, sería juzgado por un jurado popular y no por un tribunal de jueces. Luego, unificó la investigación y notificó que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le indicó que, si quería mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.

Peinado respondió con una resolución de 47 páginas en la que reiteró que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Insistió en que Gómez se ha beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para experimentar un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no parece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se ha tejido en torno al proyecto impulsado” por Gómez. De la misma manera, destacó que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la esposa de Sánchez “en actos protocolarios” derivados de su agenda, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” de su actividad profesional y académica. “A pesar de tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”, enfatizó.

Se espera que en los próximos días Peinado revele su decisión sobre las solicitudes formuladas este miércoles. Desde Hazte Oír, el letrado Javier María Pérez-Roldán ha expresado su confianza en que, a pesar de que Gómez “está evadiendo a la Justicia” al ausentarse, “la Justicia no la ignorará”. En el mismo tono, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado que “la causa avanza”. “Existen pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, ha declarado a la prensa al salir de los juzgados de Plaza de Castilla.

El caso surgió en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero desde entonces se ha expandido con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta determinar si hubo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada”.