La defensa de Begoña Gómez solicita al juez que cierre el caso: “Se está perjudicando la imagen de la Justicia” | España

El juez Juan Carlos Peinado ha mantenido su tradición y ha destinado otro miércoles de Semana Santa a escuchar tanto a las defensas como a las acusaciones del caso Begoña Gómez. Este trámite no era inédito. Se trató de una simple formalidad para informarles que, en caso de llegar a juicio, se llevará a cabo ante un jurado popular. Las partes han seguido el guion establecido. Los investigados ―esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han comparecido y han delegado su defensa en sus abogados, quienes han solicitado el archivo total del caso, al igual que la Fiscalía. «Flaco favor se le hace a la imagen de la Justicia», ha declarado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. En contraste, las acusaciones han pedido nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

La única sorpresa ha venido de la mano de Manos Limpias, el pseudosindicato que inició el caso. Este se ha distanciado de la dirección legal de las acusaciones populares que representa Hazte Oír y ha solicitado al juez, por medio de un escrito, que archive toda la causa respecto a Álvarez y que, en cuanto a Gómez, modifique la calificación jurídica de los hechos, eliminando los delitos de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, conservando los de malversación y tráfico de influencias, y sumando un nuevo delito: prevaricación, que impediría que la causa fuese juzgada por un jurado popular.

Manos Limpias, representada por el despacho Soriano i Piqueras, propone el sobreseimiento provisional para Álvarez al considerar que es «más razonable asumir» que, en lugar de participar intencionadamente en «el plan concebido» por Gómez, seguía órdenes «de quien entiende su superior jerárquico —materialmente, no formalmente—» y que «se vio inmiscuida en las actividades privadas» de la esposa de Sánchez. También señala que, conforme al ordenamiento español, la esposa del presidente del Gobierno «no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial», lo que complica definir qué implica ser su asistente personal.

Por otro lado, Manos Limpias respalda mantener la investigación contra Gómez, pero solo por dos de los cinco delitos que ahora se le imputan: malversación y tráfico de influencias. Asegura que los demás «carecen de base jurídica» y «ponen en riesgo el correcto desarrollo del proceso». Sin embargo, sugiere añadir el delito de prevaricación y realizar nuevas diligencias para investigarlo. Esto se debe a que, para la comisión de los dos delitos que apoya, es «indispensable» llevar a cabo conductas supuestamente prevaricadoras como el nombramiento de Álvarez y «la omisión en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en lo respectivo al destino y a las tareas encomendadas». Si esto se confirma, el pseudosindicato anticipa que no se podrá seguir el cauce del tribunal de jurado, ya que la prevaricación es uno de los delitos que no puede ser juzgado.

Un “déjà vu” de “pesadilla”

En el ámbito esperado y anticipando un nuevo rechazo a sus peticiones, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide proseguir con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la esposa de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que es el núcleo de la causa, y que se le permita presentar tres informes periciales. Uno de esos informes tiene como objetivo analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno para demostrar que, tradicionalmente, todas las parejas han contado con un asistente personal para ayudarles en sus asuntos; otro, sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero, sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.

Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no existe base para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado imputa a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Ha denunciado este «déjà vu«, describiéndolo como una auténtica “pesadilla” por la falta de garantías que, a su entender, dominan la causa. En este sentido, ha advertido que se busca «otra cosa» que no es Justicia, recriminando directamente lo que percibe como una falta de imparcialidad del instructor. «Flaco favor se le hace a la imagen de la Justicia», ha lamentado, según los presentes en la vista.

El exresponsable de Interior ha desmenuzado cada uno de los delitos que se imputan a su cliente para sustentar su tesis de que Peinado aplica un “derecho penal de autor” fundamentado en la condición de Gómez como esposa de Sánchez y guiado por el “ardor” de las acusaciones. En lo que respecta al delito de malversación, ha enfatizado que la función de Álvarez consistía en asistir a Gómez en todo momento y que, por amistad, la ayudó en algunas gestiones relacionadas con la UCM, aunque ha aclarado que nunca lo hizo con dedicación exclusiva. También ha desechado el delito de tráfico de influencias al argumentar que, en lugar de experimentar un auge en su carrera profesional, Gómez la vio disminuir al llegar Sánchez a La Moncloa. Además, ha recalcado que su relación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. Sobre la corrupción en los negocios, ha expresado su asombro al considerar que se le pueda atribuir a la obtención de financiación para una universidad pública. En lo concerniente al intrusismo profesional, se ha referido a los informes y declaraciones testificales que confirman que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, según se le indicó desde la propia UCM y porque no se requería formación específica. Finalmente, ha desechado la apropiación indebida de marca, argumentando que este delito solo es aplicable a bienes materiales y no a intelectuales. En cualquier caso, ha remarcado que la marca debería estar registrada y que solo se realizó con los símbolos distintivos y el dominio del software desarrollado.

Por su parte, el abogado de Álvarez, José María de Pablos, ha instado a Peinado a obtener de La Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones. En su turno, el fiscal José Manuel San Baldomero ha solicitado de nuevo el archivo de la causa. En un escrito presentado este mismo miércoles, ha afirmado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” puedan analizarse ―“aunque sea para desecharse”― las alegaciones de descargo presentadas en este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que las autoridades y funcionarios que intervienen en el procedimiento penal consideren y aprecien tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha subrayado.

Por otro lado, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que percibe Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, en la cual ya notificó Making Science ―otra empresa involucrada en el proyecto― que la asesora de Gómez era una de las participantes.

Hacia un juicio con jurado popular

Es la segunda ocasión en que el juez realiza este trámite. Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, notificó a la esposa del presidente del Gobierno que, si el caso por malversación iba a juicio, lo haría ante un jurado popular y no ante un tribunal constituido por jueces. Posteriormente, unificó la investigación y anunció que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le advirtió que, si quería mantener esa línea, debía justificarla con argumentos suficientes.

Peinado respondió con una resolución de 47 páginas en la que reafirmó que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Insistió en que Gómez ha aprovechado su condición de esposa del presidente del Gobierno para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto promovido” por Gómez. De igual forma, destacó que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la mujer de Sánchez “para actos protocolarios” vinculados a su agenda como esposa del jefe del Ejecutivo, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” en su “actividad profesional y académica”. “Aunque se trate de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien pagaba su salario”, enfatizó.

Se anticipa que en los próximos días Peinado revelará su decisión sobre las peticiones formuladas este miércoles. Desde Hazte Oír, el abogado Javier María Pérez-Roldán ha expresado su confianza en que, a pesar de que Gómez “esté evadiendo la Justicia”, al ausentarse, “la Justicia no la ignorará”. En la misma línea, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado que “la causa avanza”. “Hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, ha afirmado, en declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

El caso explotó en abril de 2024 a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias, pero desde entonces ha ido ampliando con querellas presentadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta determinar si hubo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para colaborar en su actividad institucional y en su “actividad privada”.