La Comunidad de Madrid comienza el proceso para establecer un registro de objetores de conciencia al aborto por mandato judicial | Noticias de Madrid

La Comunidad de Madrid ha comenzado los procedimientos para establecer un registro de personas objetoras de conciencia en relación con las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), siguiendo la medida cautelar dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En este sentido, el Gobierno regional ha hecho pública este miércoles, en el Portal de Transparencia de la Comunidad, para consulta pública, el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad que crea el registro de personas objetoras de conciencia. Según ha confirmado la consejería a este medio, se han iniciado los trámites, aunque no se ha emitido una valoración al respecto.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar tras la divulgación de la resolución. El líder del PSOE en Madrid, Óscar López Águeda, expresó en la red social X que “cada derrota de Ayuso es una victoria de las madrileñas” y calificó la decisión como “una excelente noticia”, a pesar de que el Gobierno regional intentó “ocultarla” en la tarde de un miércoles antes del Jueves Santo. Del mismo modo, la ministra de Sanidad, Mónica García, destacó el avance como un cambio de rumbo después de meses de estancamiento: “Ganamos. Del ‘váyanse a otro lado a abortar’ a iniciar los trámites para cumplir la ley”, publicó, enfatizando que fue necesaria “una acción judicial y un auto del TSJM” para que Madrid deje de ser “la excepción” y garantice el derecho al aborto en la sanidad pública.

Con este procedimiento, se abre un plazo de 30 días hábiles a partir de este jueves para presentar alegaciones al proyecto, según la información consultada por Europa Press.

Esta acción se lleva a cabo en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ordenó al Gobierno regional iniciar los trámites para la creación del registro de objetores. En su fallo, el TSJM aceptó la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, conforme a la Ley Orgánica 1/2023, tras la inacción administrativa del Ejecutivo autonómico.

Específicamente, el artículo 19.ter de dicha ley establece que cada Comunidad Autónoma deberá crear un registro de los profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la práctica directa de la IVE.

Aunque la decisión judicial no implicaba la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí obligaba a iniciar los trámites administrativos necesarios y a implementar el mismo conforme al protocolo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Este órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implementación del registro en todas las administraciones sanitarias, un pacto que fue adoptado de manera unánime con la participación de todas las comunidades autónomas y que es vinculante como instrumento administrativo.

En este contexto, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid, otorgando un mes para responder al registro. Al finalizar el plazo, el 15 de noviembre, la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que el aborto es “un derecho esencial” que se había convertido en un negocio para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.

Así, el departamento que dirige Mónica García anunció el 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Entonces, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid reiteraba que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.

Desde la Comunidad de Madrid se ha argumentado que la creación del registro es una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario, y que su imposición cautelar podría anticipar el resultado del proceso principal.

La Administración autonómica ha sostenido también que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en su sistema sanitario a través de mecanismos organizativos propios. En este sentido, se explicó que, cuando todos los profesionales de un servicio determinado ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados capaces de prestar el servicio.

Asimismo, se plantearon objeciones con respecto a la legitimación del Ministerio de Sanidad para impulsar el recurso y dudas acerca de la interpretación de la obligación legal de implementar el registro.

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se defiende que la Comunidad “está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.

“Contamos con la capacidad de autoorganización que nos reconoce la ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y, en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para hacer compatible un derecho, como es de los médicos, con la prestación de este servicio”, alegó recientemente el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García.

En este contexto, Ayuso ha repetido en numerosas ocasiones que no va a “señalar” a “aquellos médicos que no quieran” llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo. “No voy a señalar a nadie ni por abortar ni por no hacerlo, ni tampoco a aquellos médicos que no deseen hacerlo”, ha afirmado en varias ocasiones.

Por su parte, la ministra advirtió a la presidenta madrileña que su negativa a establecer el registro de objetores podría resultar en su inhabilitación para ocupar un cargo público, de acuerdo con el artículo 410 del Código Penal.

“Este artículo indica que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a cumplir resoluciones judiciales o a acatar órdenes de la autoridad competente podrían enfrentar responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”, subrayó la titular de Sanidad.

La ministra también mencionó que “hay parte del PP que ha despertado” para recordarle a Ayuso que “la ley se debe cumplir” en cuanto al aborto. Esto lo dijo tras que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se mostrara “convencida” de que la Comunidad de Madrid “acatará” la decisión del TSJM.

“Ayuso ha insistido en que se va a empeñar en intentar obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y yo le vuelvo a reiterar a la señora Ayuso que yo me empeñaré en que ella cumpla la ley”, concluyó García, quien recalcó que ese derecho fue conquistado “por las mujeres en este país hace muchos años”.