La defensa critica la investigación «exhaustiva y perturbadora» contra García Ortiz en el inicio del juicio al fiscal general | España.

“El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su totalidad, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones requeridas”. La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes la nulidad del procedimiento que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que, a diferencia de lo habitual, defienden la inocencia del acusado, han comenzado la vista con dos alegatos contundentes contra la instrucción liderada por el magistrado Ángel Hurtado, en la que, afirman, se han vulnerado los derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, incluyendo la presunción de inocencia. El primer testigo en comparecer, Julián Salto, el fiscal que denunció a González Amador, calificó de “orden legal” la solicitud, por parte del fiscal general, de que se le enviaran todos los correos que había intercambiado Salto con Carlos Neira, el abogado fiscalista de González Amador, incluyendo el que centra la investigación.

La primera sesión del juicio contra el jefe del ministerio público ha dejado imágenes singulares, dado que se trata del primer proceso contra un fiscal general del Estado en la democracia. A las 9:42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora establecida para el inicio de la vista, García Ortiz se bajó de su coche oficial y accedió al Tribunal Supremo por la puerta reservada a magistrados y autoridades. Nunca antes un acusado había accedido de esa forma al alto tribunal para enfrentar un juicio en un procedimiento penal. La peculiaridad de la situación incluso alteró el protocolo habitual de los juicios: el acusado participó en la vista vistiendo la toga de fiscal general y sentado en los estrados junto a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Al lado, la Fiscalía, que, a diferencia de lo habitual, no ocupó un espacio en el lado de las acusaciones porque pide la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal desde la Fiscalía General del Estado, donde fue aclamado por un numeroso grupo de trabajadores.

También resulta poco común oír a la Abogacía del Estado lanzar críticas tan contundentes contra el Tribunal Supremo como las dirigidas a la instrucción del juez Hurtado por la abogada Consuelo Castro, destacada figura en la Abogacía General, que dirigió entre 2018 y 2024. Aunque Castro se unió hace unas semanas a la defensa del fiscal general y no participó en la instrucción, la experimentada abogada ha tomado el control de la defensa y ha señalado múltiples situaciones que, en su opinión, justifican la nulidad de todas las actuaciones que han llevado a García Ortiz al banquillo.

Durante la fase de cuestiones previas ―donde las acusaciones y defensas plantean asuntos a los que desean que se pronuncie el tribunal al inicio del juicio― la abogada del Estado ha asegurado que la instrucción seguida contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se le imputan al fiscal general del Estado”, ha manifestado, defendiendo que la instrucción se inició “con la idea preconcebida de que el investigado era culpable” y con el único objetivo “de buscar pruebas que lo incriminaran”.

Castro ha criticado especialmente la orden de entrada y registro en el despacho del fiscal general, que tuvo lugar el mismo día en que el instructor había convocado a García Ortiz para que buscara abogado. La Abogacía del Estado considera que dicha actuación debería ser considerada nula, así como todo el material obtenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido el informe elaborado a partir del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que reveló que este había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

El borrado de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios que sustentan la acusación contra el fiscal general. El otro es el hecho de que la Cadena Ser, el primer medio en mencionar el correo del abogado de González Amador, en el que este admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, hizo referencia por primera vez a ese mail poco después de que lo recibiera el fiscal general. Sin embargo, una decena de periodistas que han testificado durante la instrucción han asegurado que conocían el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel) antes de las 21:59 del 13 de marzo, momento en que supuestamente lo recibió el fiscal general. Este hecho fue destacado por la abogada del Estado, quien subrayó que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” en los medios de comunicación cuando él recibió ese correo.

La Fiscalía se ha sumado a todas las objeciones planteadas por la Abogacía y ha añadido algunas más. Por ejemplo, que también debería anularse el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que esta nunca ha sido considerada por el juez ni la UCO como posible autora de la filtración que se investiga. “Y si no lo ha hecho ella no se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, ha enfatizado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro también implicaría la del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Ese documento, en el que los agentes afirmaron que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, es base de gran parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que incluye mensajes entre Rodríguez y García Ortiz, donde ella le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21:59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía ha indicado que es prematuro dar por hecho que el delito (la supuesta filtración) se cometió a través del correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Todavía estamos esperando que nos brinden una sola prueba que respalde la afirmación de que la filtración que se le imputa al fiscal general se realizó por medios electrónicos”, ha señalado Sánchez Conde.

Una vez finalizadas las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado al primero de los 40 testigos citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal encargado de la investigación por fraude fiscal contra González Amador. Salto ha relatado que el 7 de marzo de 2024, sus superiores le solicitaron toda la información sobre el caso de González Amador, después de que un periodista hubiera contactado a la Fiscalía General para pedir información sobre una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal ha admitido que le llamó la atención, ya que no le parecía un asunto “de gran importancia”, sino “un delito de fraude fiscal más”.

Él envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, cuando preguntó sobre el interés que había por ese caso, le informaron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto en respuesta a preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto ha mencionado que esta solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto también contó que el 12 de marzo de 2024, un día antes de la supuesta filtración, mantuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según ha afirmado, les dijo que no estaba

cómo, a las 21:26 del 13 de marzo de 2024, cuando se encontraba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le preguntó sobre las negociaciones de conformidad que había mantenido con el abogado de González Amador. Esa llamada se produjo después de que, a las 21:29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar la recopilación de la información necesaria para desmentir esa versión y demostrar que había sido el abogado el que había propuesto el acuerdo.

Cuando Salto le explicó que estaba en un partido de fútbol y que apenas podía escuchar lo que Lastra le pedía, esta le dijo que el asunto podía aguardar hasta el día siguiente. No obstante, apenas diez minutos después, a las 21:39, recibió una llamada de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien en un primer momento le dijo que podía esperar, pero minutos más tarde, volvió a llamarlo para indicarle que debía enviar ya los correos porque así lo había solicitado el fiscal general. Él, según ha manifestado, envió los correos a Lastra y Rodríguez alrededor de las 22:00 y llamó a la fiscal superior para avisarle y lamentar que le hubieran dado “órdenes contradictorias”.

Sobre la información de El Mundo que precipitaron la actuación de la Fiscalía, Salto ha afirmado que “no solo es falsa”, sino que “es una campaña de desinformación” que ha durado ya “20 meses”. “En ningún caso, en mis 20 años de carrera profesional, he escrito o contactado con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad”, ha destacado. Con la misma firmeza, se ha quejado de que el correo electrónico que él envió el 12 de marzo al abogado de González Amador acabara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo distribuyó a decenas de periodistas para difundir la versión falsa de que el ministerio público estaba buscando un pacto. “Entiendo que este correo no debía estar en manos ni del señor González Amador ni del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que, según el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y los abogados eran exclusivamente privados”, ha concluido.