La defensa critica la investigación “inquisitiva e intrusiva” contra García Ortiz en la apertura del juicio al fiscal general | España

“El fiscal general ha sido objeto de un proceso injusto en su totalidad, no se han garantizado sus derechos y no ha podido defenderse bajo condiciones adecuadas”. Este lunes, la Abogacía del Estado ha solicitado la nulidad del procedimiento que ha llevado al fiscal general del Estado a juicio, acusado de un delito de revelación de secretos por supuestas filtraciones de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien está procesado por fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que, a diferencia de lo habitual, abogan por la inocencia del inculpado, han comenzado la vista con alegaciones muy severas contra la instrucción dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, asegurando que se han vulnerado derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, incluyendo la presunción de inocencia. El primer testigo en comparecer, Julián Salto, el fiscal que denunció a González Amador, ha calificado como “orden legal” la solicitud del fiscal general de enviar todos los correos que Salto había intercambiado con Carlos Neira, abogado fiscalista de González Amador, incluyendo el que centra la investigación.

La primera sesión del juicio contra el jefe del ministerio público ha presentado imágenes tan inusuales como el propio proceso, siendo el primero contra un fiscal general del Estado en la democracia. A las 9.42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la vista, García Ortiz bajó de su coche oficial y accedió al Tribunal Supremo por la entrada reservada para magistrados y autoridades. Es la primera vez que un acusado entra por esa puerta al alto tribunal para someterse a juicio en un procedimiento penal. La rareza de la situación incluso alteró el protocolo habitual de los juicios: el acusado siguió la vista vistiendo la toga de fiscal general y sentado en los estrados junto a su defensa, proporcionada por la Abogacía del Estado. Al lado de esta, la Fiscalía, que, contra lo habitual, no ocupó un lugar al lado de las acusaciones porque reclama la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal desde la sede de la Fiscalía General del Estado, donde fue recibido con aplausos por un grupo numeroso de trabajadores.

Es casi excepcional escuchar a la Abogacía del Estado reprochar al Tribunal Supremo con críticas tan contundentes como las que dirigió la abogada Consuelo Castro a la instrucción del juez Hurtado. Castro, una figura prominente en la Abogacía General, que dirigió entre 2018 y 2024, se sumó apenas unas semanas atrás a la defensa del fiscal general y ha tomado el control de la misma, denunciando varios puntos que, según su criterio, deberían causar la nulidad de todas las actuaciones que han llevado a García Ortiz al banquillo.

Durante el trámite de cuestiones previas, donde las acusaciones y defensas plantean cuestiones sobre las cuales el tribunal debe pronunciarse al inicio del juicio, la abogada del Estado ha afirmado que la instrucción seguida contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se le imponen al fiscal general del Estado”, ha dicho la abogada, defendiendo que la instrucción comenzó “con una idea preconcebida de culpabilidad” y el único objetivo de “buscar pruebas que lo incriminen”.

Castro ha criticado especialmente la orden de entrada y registro del despacho del fiscal general, ejecutada el mismo día en que el instructor había citado a García Ortiz a buscar un abogado. La Abogacía del Estado sostiene que dicha actuación debería considerarse nula, junto con todo el material obtenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el informe elaborado a partir del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que reveló que había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

El borrado de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios con los que cuenta la acusación contra el fiscal general. El otro es que la Cadena Ser, el primer medio que mencionó el correo del abogado de González Amador, en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, habló de ese mail poco después de que el fiscal general lo recibió. Sin embargo, varios periodistas que testificaron durante la instrucción aseguraron que conocían el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel) antes de las 21.59 del 13 de marzo, cuando supuestamente lo recibió el fiscal general. La abogada del Estado señaló que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por los medios de comunicación en el momento en que él recibió ese correo.

La Fiscalía se ha sumado a todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y ha añadido otras. Por ejemplo, que también debería anularse el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien nunca fue considerada por el juez ni la UCO como posible autora de la filtración investigada. “Si ella no lo hizo, su despacho no debería ser allanar para obtener información”, subrayó la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro implicaría también la del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Esa documentación, que sostiene que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, es la base para gran parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que recoge mensajes entre Rodríguez y García Ortiz, destacando que ella le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21.59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía ha señalado también que se dé por sentado que el delito, la supuesta filtración, se cometió a través de correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Todavía estamos esperando que nos proporcionen un solo dato que apoye la afirmación de que la filtración atribuida al fiscal general ocurrió a través de medios electrónicos”, indicó Sánchez Conde.

Una vez finalizadas las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, llamó al primero de los 40 testigos citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal encargado de la investigación por fraude contra Hacienda de González Amador. Salto relató que el 7 de marzo de 2024, sus superiores le pidieron toda la información sobre el caso de González Amador, tras una llamada de un periodista a la Fiscalía General solicitando información respecto a una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal admitió que le sorprendió, pues no le parecía un asunto “de mucha importancia”, sino “un delito de fraude fiscal más”.

Envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, al preguntar sobre el interés por ese caso, le comentaron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto a preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto indicó que dicha solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Además, Salto narró que el 12 de marzo de 2024, un día antes de la supuesta filtración, tuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según afirmó, les comunicó que no estaba

cómo, a las 21.26 del 13 de marzo de 2024, mientras asistía a un partido de la Champions del Atlético de Madrid, recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le preguntó acerca de las negociaciones de conformidad con el abogado de González Amador. Esa llamada se producía después de que, a las 21.29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar recopilar información para desmentir esa versión y demostrar que había sido el abogado quien propuso el acuerdo.

Cuando Salto le explicó que estaba en un partido de fútbol y apenas podía oír lo que Lastra le pedía, le dijo que el asunto podía esperar hasta el día siguiente. Sin embargo, diez minutos más tarde, a las 21.39, le llamó la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien en un primer momento le dijo que podía esperar, pero minutos después le volvió a llamar para insistir en que debía enviar los correos de inmediato, ya que así lo había ordenado el fiscal general. Salto, según contó, envió los emails a Lastra y Rodríguez alrededor de las 22.00 y llamó a la fiscal superior para avisarle y expresar su descontento por haber recibido “órdenes contradictorias”.

Respecto a la información de El Mundo que precipitó la actuación de la Fiscalía, Salto aseguró que “no solo es mentira”, sino que representa “una campaña de desinformación” que ya lleva “20 meses”. “En ningún caso, durante mis 20 años de carrera, he contactado o me he comunicado con la defensa de un investigado para ofrecerle una conformidad”, afirmó. De manera contundente, se quejó de que el correo electrónico que envió el 12 de marzo al abogado de González Amador llegara a manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo distribuyó a numerosos periodistas para difundir la falsa versión de que el ministerio público buscaba un pacto con la Fiscalía. “No debería tener ese correo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Pensaba que, de acuerdo con el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y abogados eran únicamente privados”, concluyó.