La fiscal general decide no sancionar a García Ortiz tras su condena, pero inicia un expediente contra la responsable provincial de Madrid | España

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido no abrir un procedimiento disciplinario contra su predecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, tras la condena de dos años de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, ha decidido iniciar un expediente gubernativo sobre la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Peramato responde de esta manera a la solicitud de González Amador de que la sentencia contra García Ortiz, que le condenó a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros —entre multa e indemnización—, tuviera también consecuencias disciplinarias, según ha adelantado OkDiario y confirman fuentes fiscales a EL PAÍS. Tras el fallo, la fiscal general tuvo que evaluar si García Ortiz podía regresar a la carrera fiscal, ya que, como máximo responsable del ministerio público, estaba en situación de “servicios especiales”. Peramato decidía reincorporarle como fiscal en la Fiscalía de lo Social del Supremo, donde él había solicitado, aplicando una doctrina establecida hace años para garantizar que los fiscales no fueran considerados “de peor condición” que los jueces, quienes solo pueden ser expulsados de su cargo en caso de pena de cárcel.

González Amador intentó apelar a esta primera decisión de Peramato y, junto a su impugnación, presentó denuncias contra García Ortiz y Rodríguez, solicitando su sanción. En un nuevo decreto, la fiscal general le responde que no tiene legitimación para participar en el procedimiento interno respecto a García Ortiz y, por otro lado, descarta actuar disciplinariamente contra su antecesor. Alega que, como cabeza del ministerio fiscal, se encuentra formalmente fuera de la carrera fiscal y, por tanto, no se le puede aplicar el régimen disciplinario correspondiente.

No obstante, en relación a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Peramato sí ha decidido abrir un expediente gubernativo para investigar si Rodríguez debió haberse abstenido antes en las pesquisas contra González Amador por presuntos delitos fiscales, por los que finalmente enfrentará juicio. La fiscal se apartó del caso al ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por las filtraciones sobre el empresario, aunque este argumenta que debió hacerlo antes. Ella mantuvo su condición de investigada durante toda la instrucción tanto en el tribunal madrileño como en el Supremo. A las puertas del juicio, la Sala de Apelación la exoneró al considerar que se limitó a cumplir órdenes de su superior.

La decisión de Peramato sobre García Ortiz cierra la vía administrativa. Ahora, el ex fiscal general espera la respuesta del Supremo al recurso que tanto él como la Fiscalía presentaron contra el cálculo de las costas que debe asumir. El alto tribunal las estableció en 79.942,70 euros, una cifra que la defensa y el ministerio público consideran abiertamente desproporcionada. Según sus estimaciones, deberían ser fijadas en 4.240 euros. Una vez resuelto este último aspecto, se espera que García Ortiz solicite amparo al Tribunal Constitucional, según informan fuentes consultadas por este periódico. Peramato anunció que la Fiscalía también apelará al tribunal de garantías para anular la condena.