La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que investigó a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía demanda 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que vigiló a Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación pública es similar a la presentada por los abogados de Assange, a excepción del delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la petición a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias preliminares, ha ordenado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L. con sede en Jerez de la Frontera. Esta compañía fue contratada por el Gobierno de Ecuador para hacerse cargo de la seguridad de su embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación de una investigación de EL PAÍS que reveló los audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su reclusión en la embajada. Semanas después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El escrito del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin audio, cuyo único objetivo era vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble. Sin embargo, Morales, entre junio y julio de 2017, formó una pequeña unidad de trabajadores a quienes ordenó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras que podían grabar audio. También instalaron filtros de sonido para evadir la máquina de ruido blanco que Assange activó para impedir que se grabaran sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal enfatiza que, sin notificar a Assange sobre estos cambios, se colocaron dos micrófonos, uno de ellos en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus letrados. Morales instruyó a su equipo para que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras para que se pudiera monitorear en tiempo real todo lo que sucedía dentro de la embajada. El fiscal destaca que dicho sistema tenía dos canales: “uno oficial para Ecuador y otro para personas desconocidas a quienes el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los empleados retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y copiaban sus números de IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha tratado de determinar si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex-empleados de UC Global S.L., han declarado que el cliente estadounidense era ese servicio de inteligencia de EE. UU. La justicia estadounidense no ha respondido a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas durante sus visitas a Assange. El magistrado ha archivado la denuncia señalando que, de no hacerlo, “podría poner en peligro la seguridad de EE. UU.”

La Fiscalía subraya que el equipo formado en Jerez de la Frontera viajaba a Londres para recoger las grabaciones y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus encuentros con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Esta operación de espionaje también afectó a trabajadores de la embajada, personal diplomático y figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja del fundador de Wikileaks y hoy su esposa, entre otros.

El fiscal solicita para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L., que participó en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, pide a la empresa que se le prohíba realizar actividades de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.