La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que realizó espionaje a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía pide 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espiaba a Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación pública es similar a la presentada por los abogados de Assange, a excepción del delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks aumenta la petición a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha dictado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta compañía fue contratada por el Gobierno de Ecuador para encargarse de la seguridad de su embajada en Londres entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación de una investigación de EL PAÍS que reveló audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su confinamiento en la embajada. Semanas después de tales revelaciones, Morales fue detenido y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El informe del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único propósito era vigilar un posible acceso no autorizado al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales formó una pequeña unidad de trabajadores a los que pidió recopilar información y sustituir las cámaras por otras que pudieran grabar audio. También se instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que Assange activó para evitar que se registraran sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal subraya que, sin notificar a Assange sobre estos cambios, se colocaron dos micrófonos, uno de los cuales estaba en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus abogados. Morales ordenó a sus empleados que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras para poder supervisar en tiempo real todo lo que sucedía dentro de la embajada. El fiscal resalta que este sistema tenía dos canales, “uno oficial para Ecuador, y otro para personas desconocidas a quienes el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y registraban sus números de IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha tratado de determinar si Morales facilitó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex trabajadores de UC Global S.L., han declarado en el proceso que el cliente estadounidense era ese servicio de inteligencia. Las autoridades estadounidenses no han respondido a ninguna de las solicitudes enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York se ha escudado en la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda interpuesta por abogadas estadounidenses que fueron espiadas al visitar a Assange. El magistrado ha archivado la denuncia señalando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE UU”.

La Fiscalía resalta que el equipo creado en Jerez de la Frontera se trasladaba a Londres para recoger las grabaciones, y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus reuniones con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Esta operación de espionaje también afectó a empleados de la embajada, personal diplomático y figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja de Assange y actualmente su esposa, entre otros.

El fiscal solicita para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L., que participó en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, pide a la empresa la prohibición de realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.