La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que vigiló a Assange en nombre de la CIA | Internacional

La Fiscalía pide 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange mientras este estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación pública es similar a la de los abogados de Assange, exceptuando el delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks incrementa la petición a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha dictado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., ubicada en Jerez de la Frontera. Esta firma fue contratada por el Gobierno de Ecuador para asegurar la embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, después de que una investigación de EL PAÍS publicara audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su tiempo de reclusión en la embajada. Pocos días después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El argumento del fiscal Pedro Martínez Torrijos, accesible para EL PAÍS, indica que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin audio, cuyo único propósito era supervisar un posible acceso no autorizado al edificio. Sin embargo, Morales, entre junio y julio de 2017, formó un pequeño grupo de trabajadores a quienes ordenó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras que pudieran grabar sonido. También instalaron filtros de sonido para evitar la máquina de ruido blanco que activó Assange para proteger sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal subraya que, sin informar a Assange de estos cambios, se instalaron dos micrófonos, uno de los cuales en la base de PVC del extintor en la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus letrados. Morales mandó a su equipo habilitar un sistema de streaming en las nuevas cámaras para poder supervisar en tiempo real lo que acontecía dentro de la embajada. El fiscal resalta que dicho sistema contaba con dos canales, “uno oficial para Ecuador, y otro para individuos desconocidos a los que el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los empleados se quedaban con los teléfonos de los visitantes, tomando fotos y copiando sus números de IMEI y sus mensajes.

La extensa investigación judicial ha buscado establecer si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex-empleados de UC Global S.L., han testificado en el caso que el cliente estadounidense era ese servicio de inteligencia. La justicia estadounidense no ha contestado ninguna de las solicitudes de cooperación enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York ha invocado la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas al visitar a Assange. El magistrado archiveró la denuncia señalando que, de no hacerlo, “podría poner en peligro la seguridad de EE UU”.

La Fiscalía destaca que el equipo formado en Jerez de la Frontera viajaba a Londres para recoger las grabaciones, y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus reuniones con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a empleados de la embajada, personal diplomático y a figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, en ese momento pareja de Assange y que hoy es su esposa, entre otros.

El fiscal pide para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. que participó en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, solicita para la empresa la prohibición de realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.