La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que vigiló a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía ha solicitado una pena de 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange mientras se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal le imputa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La petición del Ministerio Público es similar a la presentada por los abogados de Assange, a excepción del delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la solicitud a 20 años y medio de cárcel.

Este lunes, el juez Santiago Pedraz, que instruye las diligencias previas, ha decretado la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, quien es el director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L. con sede en Jerez de la Frontera. Esta empresa fue contratada por el Gobierno de Ecuador para asegurar la embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación por EL PAÍS de audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su reclusión en la embajada. Semanas después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y desde entonces ha estado en libertad provisional.

El documento del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada disponía de un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único propósito era vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales formó un pequeño equipo de trabajadores a quienes encargó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras con capacidad de grabar audio. También instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que Assange activó para proteger sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal señala que, sin informar a Assange sobre estos cambios, se instalaron dos micrófonos, uno en la base de PVC del extintor en la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa. Morales instruyó a sus empleados para que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras que permitiera el monitoreo en tiempo real de todo lo que ocurría en la embajada. El fiscal enfatiza que dicho sistema contaba con dos canales: “uno oficial para Ecuador y otro para personas desconocidas, a quienes el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y copiaban sus números de IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha intentado aclarar si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex-empleados de UC Global S.L., han declarado que el cliente estadounidense era dicho servicio de inteligencia. La justicia de EE. UU. no ha respondido a ninguna de las solicitudes de información enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York ha invocado la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas durante sus visitas a Assange. El magistrado archivó la denuncia, indicando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE. UU.”.

La Fiscalía subraya que el equipo establecido en Jerez de la Frontera se trasladaba a Londres para recoger las grabaciones y que recopiló y almacenó información confidencial sobre Assange durante sus encuentros con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a empleados de la embajada, personal diplomático y personalidades como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, la actual esposa de Assange.

El fiscal reclama para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. y quien participó en el espionaje, una pena de tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, solicita que se prohíba a la empresa realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.