La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que vigiló a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía ha solicitado una pena de 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espionó a Julian Assange durante su tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación es similar a la presentada por los abogados de Assange, salvo en el delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks incrementa la pena solicitada a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias preliminares, ha ordenado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta firma fue contratada por el Gobierno de Ecuador para gestionar la seguridad de su embajada en Londres entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación de audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. sobre el ciberactivista australiano mientras se encontraba recluido en la embajada. Pocas semanas después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El documento del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que EL PAÍS ha tenido acceso, señala que la embajada estaba equipada con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único propósito era monitorizar un posible acceso no autorizado al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales creó un pequeño grupo de trabajadores que ordenó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras que pudiesen grabar audio. Además, instalaron filtros de sonido para sortear la máquina de ruido blanco que Assange activó para evitar que se registraran sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal subraya que, sin informar a Assange de estas modificaciones, se instalaron dos micrófonos, uno de los cuales se colocó en la base de PVC del extintor en la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa junto a sus letrados. Morales instruyó a su equipo para que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras, permitiendo el control en tiempo real de lo que sucedía en la embajada. El fiscal enfatiza que dicho sistema contaba con dos canales: “uno oficial para Ecuador, y otro para personas desconocidas a quienes el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos móviles de los visitantes, los fotografiaban y recogían sus números de IMEI y sus mensajes.

La extensa investigación judicial ha buscado esclarecer si Morales proporcionaba toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex-empleados de UC Global S.L., han testificado que el cliente estadounidense era ese servicio de inteligencia. La justicia estadounidense no ha respondido a las comisiones rogatorias enviadas por el tribunal, y un juez de Nueva York ha invocado la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas durante sus visitas a Assange. El magistrado ha desestimado la denuncia, argumentando que de no hacerlo “podría comprometer la seguridad de EE.UU.”.

La Fiscalía menciona que el equipo formado en Jerez de la Frontera viajaba a Londres para recoger las grabaciones, y que recopilaba y almacenaba información confidencial de Assange durante sus reuniones con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Esta operación de espionaje también afectó a empleados de la embajada, personal diplomático y figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja de Assange y actualmente su esposa, entre otros.

El fiscal pide para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. que participó en el espionaje, una condena de tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, solicita que se prohíba a la empresa realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.