La Fiscalía solicita a Igualdad el bloqueo de los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a los sitios web de 13 agencias extracomunitarias que se dedican a la gestación subrogada. El ministerio público, que señala a estas empresas por “ofrecer y llevar a cabo prácticas comerciales de gestación subrogada” consideradas “ilegales” en España, da este paso tras abrir una investigación tras recibir varias denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo explica en un comunicado que recibió el escrito en la tarde de este miércoles y que mañana lo analizarán con la Abogacía del Estado, añadiendo que tienen competencias para “iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, pero no tienen capacidad administrativa para bloquear sitios web.”

En este contexto, las mencionadas empresas operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia o Colombia. En España, desde 2006, los vientres de alquiler están prohibidos por ley. Fue en ese año cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, se considera una forma de violencia contra las mujeres desde la reforma de la ley del aborto en 2022. En Europa, a partir de 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler se tipificó como delito mediante una directiva.

A pesar de ello, muchas personas españolas viajan cada año a países donde esta práctica no es ilegal, y una vez que nacen los bebés, los inscriben allí y regresan a España. En nombre del interés superior del menor, el Estado les reconoce posteriormente a través de su inclusión en el Registro Civil para evitar que queden en un limbo legal.

El pasado año, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar aún más las brechas burocráticas; desde entonces, ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni ninguna declaración acompañada de documentación médica es válida en ningún Registro Civil de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido mediante vientre de alquiler, sin importar el país donde se hayan concebido o las circunstancias individuales.

Y, como recuerda el Ministerio de Igualdad en el comunicado, también el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y lo “puso en conocimiento de la Abogacía del Estado para que ejerciera acciones judiciales para cesar la publicidad de cuatro empresas”. Y añade que “la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos de esta manera. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, figuran más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, según los últimos datos del Ministerio de Justicia. Tampoco se sabe con certeza qué precios establecen estas empresas para esta práctica, que la legislación española clasifica como violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias identificadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE.UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia, que incluye fecundaciones in vitro sin límite y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. La estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por su servicio.

En su escrito, la Fiscalía menciona también a Go4Baby, que se describe en su página web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, y para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, prometen a las parejas y personas interesadas. Agregan: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se señala a Growing Generations y Invest Medical LLC, a la georgiana Betaplus Fertility y a la mexicana Miracle Surrogacy.

La lista se completa con Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias operaban en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha confirmado que todas sus páginas web estaban accesibles desde España este miércoles. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en el informe de la Fiscalía este miércoles por la tarde para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su opinión al respecto. Hasta ahora, no se ha obtenido ninguna respuesta.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público aclara que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron inicialmente en ocho entidades y, por cuestiones de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias “cesaran su actividad ilícita después de un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea que realizan prácticas comerciales de gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Esta parte se trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, inició la recopilación de información sobre las 13 compañías ahora designadas para bloquear sus páginas digitales.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía enfatiza la necesidad de inhabilitar el acceso a esos sitios web desde España para cumplir con la legislación nacional sobre protección de los derechos de las mujeres. En esa línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley trata los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e insta a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las acciones administrativas pertinentes”, se comunique con las empresas que proporcionan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que puedan llevar al contenido “ilícito”. Igualmente, si Igualdad considera que esta actuación pueda afectar a datos protegidos por los derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a solicitar la “preceptiva resolución judicial” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, reiteran, estudia el escrito de la Fiscalía este jueves, pero insisten en que no tienen competencias administrativas para llevar a cabo lo que se les solicita.