La Fiscalía solicita a Igualdad el cierre de los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para restringir el acceso desde España a los sitios web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a la gestación subrogada. El ministerio público apunta a estas empresas por “ofrecer y realizar actividades comerciales de gestación subrogada” que son consideradas “ilegales” en España. Este movimiento ocurre tras la apertura de una investigación a raíz de varias denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo ha indicado en un comunicado que recibió el informe el miércoles por la tarde y que será analizado el jueves junto a la Abogacía del Estado, aclarando que tienen la facultad de “iniciar acciones judiciales para detener la publicidad ilícita que afecta a la imagen de las mujeres, pero no cuentan con la capacidad administrativa para bloquear páginas web”.

Las mencionadas empresas poseen clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, la gestación subrogada es ilegal desde 2006, año en que se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, y ha sido clasificada como una forma de violencia contra las mujeres desde la reforma de la ley del aborto en 2022. En Europa, en 2024, se tipificó la explotación de mujeres como vientres de alquiler como delito mediante una directiva.

Sin embargo, año tras año, ciudadanos españoles viajan a países donde esta práctica no es ilegal. Una vez que los bebés han nacido, los registran allí y posteriormente regresan a España, donde, en virtud del interés superior del menor, el Estado los reconoce a través de su inclusión en el Registro Civil, evitando así que queden en un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para sellar aún más las brechas burocráticas. Desde entonces, ningún certificado extranjero, ninguna resolución de autoridades judiciales de otros países, ni ninguna declaración con documentación médica es aceptada en los Registros Civiles de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido por gestación subrogada, sin distinción del país de nacimiento o las circunstancias individuales.

Además, el Ministerio de Igualdad recuerda en su comunicado que el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe que identificaba a empresas que promocionaban servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y que lo “comunicó a la Abogacía del Estado para que iniciara acciones judiciales contra cuatro empresas”. Asimismo, la Fiscalía solicitó al Instituto de las Mujeres el informe del Observatorio.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, se contabilizaban más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se registraron en el Registro Civil 154 bebés, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia. Tampoco se conoce con precisión el costo que estas empresas asignan a esta práctica que la legislación española considera violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente según el país y el tipo de servicios ofrecidos. Una de las agencias identificadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia, que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. La agencia estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por su servicio.

En su informe, la Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se describe en su sitio web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, promete a las parejas interesadas. Además, añade: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promover esta práctica en España. También se menciona a Growing Generations y Invest Medical LLC; a la georgiana Betaplus Fertility; y a la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado se completa con las agencias Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el informe de la Fiscalía, estas agencias concentran sus actividades en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que todos sus sitios web estaban accesibles desde España este miércoles. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su opinión al respecto. Hasta ahora, no se ha obtenido respuesta.

Mediante una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía ha indicado que su investigación inició con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también generó la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones inicialmente se enfocaron en ocho entidades, que por razones de competencia fueron distribuidas entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), logrando que algunas “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan actividades comerciales relacionadas con la gestación subrogada y son accesibles desde España”. Esta información fue remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió el caso y, en diciembre pasado, comenzó a reunir datos sobre las 13 empresas ahora señaladas para bloquear sus portales web.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía enfatiza la necesidad de inhabilitar el acceso a esos sitios desde España para cumplir con la ley nacional de protección de los derechos de las mujeres. En este sentido, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley califica los vientres de alquiler como una “grave forma de violencia reproductiva” y exhorta a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de los procedimientos administrativos pertinentes”, se comunique con los proveedores de servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que estos bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que puedan dirigir al contenido “ilícito”. Del mismo modo, si Igualdad considera que esta acción puede infringir derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a solicitar la “resolución judicial correspondiente” para poder implementarla. El Ministerio de Igualdad, reiteran, revisará el documento de la Fiscalía el jueves, pero subrayan que no poseen competencias por la vía administrativa, que es lo que se les requiere.