La huelga estudiantil en Madrid, desglosada en cuatro gráficos: “No habrá calma para quienes nos oprimen” | Educación

Los cuatro gráficos presentados en este reportaje evidencian que Madrid se sitúa en la parte baja de la financiación por estudiante en España, a pesar de que el consejero de Educación, Emilio Viciana, afirme que los presupuestos se encuentran entre “los más altos de la Unión Europea”. El presupuesto de Madrid para universidades apenas representa el 0,5% del producto interior bruto regional, muy por debajo del objetivo nacional del Gobierno central que busca alcanzar el 1% en 2030 para acercarse a la media europea (1,2%). Los datos del estudio Las universidades públicas Españolas. Una perspectiva autonómica 2025, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, pertenecen al curso 2022/2023, pero Madrid no ha dejado de estar en la cola. Desde entonces, no ha habido una verdadera inversión en sacar a las universidades públicas de su crisis financiera, y por ello, este miércoles y jueves, la comunidad universitaria de las seis universidades públicas de Madrid se ha convocado a la huelga. Además, se invita a la sociedad madrileña a unirse a la manifestación que se realizará el jueves en el centro de la capital.

“No habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad Pública”, advierten en su manifiesto las seis plataformas convocantes que representan a estudiantes, profesores y principales sindicatos. Su objetivo es presionar para que el incremento de 2026 ―73,3 millones, un 6,5% más, que está por debajo del aumento del Presupuesto de la Comunidad― no sea solo un parche, sino un paso hacia su recuperación. En 2024, la presión de los rectores, de los consejos de gobierno de las universidades y de la oposición en la Asamblea obligó al Gobierno madrileño a aumentar la partida en 47,3 millones, incluyendo enmiendas de última hora. El 19 de diciembre se votan los Presupuestos, y hay tiempo suficiente para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso implemente cambios.

Cataluña, cuyas universidades encabezan los rankings, tampoco realiza la inversión necesaria, pero el presidente Salvador Illa se ha comprometido a alcanzar un gasto del 1% en 2030. Sus rectores lamentaban hace 11 meses en este diario la situación de sus colegas madrileños: “Es una falta de escrúpulos y de respeto por lo público”.

Las universidades madrileñas requerirían 310 millones adicionales para alcanzar las cifras de 2009, descontando la inflación de estos 15 años. En 2012, las transferencias se derrumbaron debido a la crisis y continuaron disminuyendo hasta 2014. Desde entonces, han ido en aumento cada año, aunque la situación sigue siendo negativa al considerar la inflación. La Politécnica de Madrid está por encima de la media nacional en transferencias porque sus programas son muy experimentales y requieren muchos recursos. Sin embargo, aun así, recibe de su gobierno autonómico 3.300 euros menos que la Politécnica de Valencia por alumno.

En 2023, Madrid era la sexta región con peor financiación de los salarios de sus empleados. En Cataluña, donde se han mantenido durante años contratos parciales para cubrir ausencias durante la recesión, la precariedad ha causado aún más estragos. La elevada coste de vida en Madrid comienza a tener consecuencias: incapaces de sobrevivir con un salario de apenas 1.400 euros, muchos profesores ayudantes doctores se trasladan, si logran conseguir plaza, a ciudades más asequibles. Siete decanos de la Complutense describieron este éxodo en EL PAÍS el pasado domingo.

Madrid es la comunidad en la que los alumnos pagan más por sus matrículas, 454 euros más que la media nacional. Esto sin tener en cuenta que en algunas comunidades los estudiantes que aprueban no deben pagar las tasas del curso siguiente, aunque no cuenten con beca del Estado. Esta medida ha sido implementada en Andalucía y Extremadura desde hace años, y ahora están comenzando a aplicarla en Castilla-La Mancha y Asturias. Durante el mandato del ministro Manuel Castells en 2020, se acordó con las comunidades autónomas reducir los precios públicos a niveles de 2012, antes del tasazo de José Ignacio Wert. Ayuso, disconforme, llevó la medida a los tribunales para evitar la disminución de tasas, pero finalmente la presentó como un objetivo para su siguiente mandato.

Los convocantes también buscan frenar la tramitación de la ley madrileña de educación superior. “La Lesuc llega como una imposición, disciplinante y oscura”, señala la plataforma en su manifiesto. Los sucesivos proyectos de la norma incluyen la enmienda de totalidad de los rectores, quienes consideran que su contenido invade su autonomía y no protege el ascensor social que representa la universidad pública. Las altísimas multas impuestas a los universitarios por faltas de disciplina también generan descontento. Por ejemplo, se exigen 15.000 euros por colocar una pancarta sin autorización o 100.000 por participar en escraches. Este miércoles se medirá la fuerza de los convocantes.