La implementación de la jornada de 35 horas afecta a 17,000 empleados públicos en Castilla-La Mancha y requiere que todos los municipios la adopten.

Más de 17.000 trabajadores del sector público de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha comenzarán a realizar 35 horas semanales a partir de la primera quincena de abril. Este cambio no solo favorece al personal ministerial, sino que elimina de manera definitiva la «vía de escape» legal de los ayuntamientos sin convenio propio en la región.

Al convertirse en normativa básica estatal, este acuerdo «histórico» obliga a los municipios que no tienen convenio propio a dejar de lado las jornadas de 37,5 horas y a equiparar sus derechos con los de las capitales. Esta medida abre una brecha en la región: mientras la Junta de Castilla-La Mancha y las capitales de provincia ya la cumplen, cientos de empleados de pequeños municipios siguen atrapados en jornadas más largas de lo permitido.

Tras el acuerdo firmado el pasado viernes en Madrid con los sindicatos, desde la Función Pública se estima que beneficiará a unos 220.000 empleados públicos en toda España, de los cuales 17.000 son en Castilla-La Mancha.

La implementación de esta jornada reducida representa un cambio significativo en la Función Pública. Lo que comenzó como una demanda surgida en el ‘Acuerdo del Siglo XXI’ de 2021 se concreta finalmente tras el reciente pacto con UGT, CCOO y CSIF.

«Vía de escape»

Para los trabajadores de los ministerios, delegaciones y organismos estatales, el cambio es inmediato: el fin de las 37,5 horas y el inicio de un horario que, según el Ejecutivo, se aplicará garantizando la calidad y continuidad de los servicios públicos mediante una reorganización de las plantillas.

Esta norma es crucial para un funcionario de un ayuntamiento de Castilla-La Mancha sin convenio propio, ya que su situación hasta ahora era ambigua.

La Ley de Empleo Público regional ya mencionaba las 35 horas, pero con un matiz legal que funcionaba como «vía de escape» para estos consistorios, dado que se trataba de una norma «supletoria» —una recomendación si no había otra alternativa—. Esto permitía que algunas corporaciones no adoptaran este precepto.

No obstante, Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, subraya a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la relevancia del anuncio realizado el pasado viernes.

Este acuerdo, al convertirse en una normativa básica del Estado, transforma el panorama. «Los ayuntamientos se rigen por la normativa estatal y, por ende, deben aplicar las 35 horas en todas las casas consistoriales», indica Juste.

«Tienen la obligación de aplicarlo«, enfatiza Juste. «Donde hay representación sindical, se negociará la adaptación de los horarios, pero donde no la hay, el ayuntamiento tiene que aplicarlo de oficio».

Norma estatal

Para los municipios sin convenio, esta reforma estatal se convierte en su norma de referencia. Esto implica que el derecho a trabajar 35 horas es universal para todos los empleados públicos, sin importar el tamaño de su municipio.

A pesar de los avances legales y la nueva reforma estatal, el Ayuntamiento de Burujón, en la provincia de Toledo, se encuentra en el centro de atención del sindicato CSIF, tras presentar una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo que califican como «maltrato sistemático», donde los funcionarios laboran 40 horas semanales.

La planta de trabajadores, compuesta por unas 20 personas, enfrenta una triple desigualdad, según advierte el sindicato: trabajan 40 horas semanales, no han recibido las subidas salariales acordadas a nivel nacional y, en los casos más extremos, hay empleados cuyos salarios base ni siquiera alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Raúl Turín, presidente de CSIF Toledo, es contundente: «Se está produciendo una discriminación flagrante. No es aceptable que un empleado municipal trabaje 40 horas cuando la obligación legal, incluso antes de este nuevo acuerdo, era de 37,5 horas».

Este escenario pone en evidencia el principal temor de los sindicatos: que la jornada de 35 horas se convierta en una «prestación de dos velocidades», donde los funcionarios de las capitales y la Junta disfrutan de la conciliación mientras los ayuntamientos sin convenio propio operan con normativas obsoletas que no cumplen con los nuevos estándares.

Acuerdo universal

Uno de los logros más significativos de la negociación liderada por UGT, CCOO y CSIF con el Ministerio es la universalidad del acuerdo. En el borrador inicial, el Gobierno pretendía excluir a colectivos con jornadas especiales, como el personal de Instituciones Penitenciarias o el personal sanitario del Estado.

Finalmente, el texto ratificado no excluye a ningún ámbito. Incluso las empresas públicas y agencias estatales con personalidad jurídica propia tendrán que adaptarse.

Para los casos de «especial dedicación», las jornadas de 40 horas se reducirán automáticamente a 37,5 horas, y se mantendrá la jornada intensiva de verano, una medida esencial para la conciliación en una región con temperaturas extremas como Castilla-La Mancha.

El optimismo de Carmen Juste y la determinación de Raúl Turín coinciden en un punto: el papel de los sindicatos será fundamental a partir de la segunda quincena de abril para el cumplimiento de la nueva normativa. «Estaremos vigilantes», repiten ambas organizaciones.

La implementación de las 35 horas no es solo una cuestión de «trabajar» menos tiempo; es un «hito histórico» que se ha estado persiguiendo desde 2021 con el ‘Acuerdo del Siglo XXI’ y que este abril se convierte en una realidad jurídica sin «vías de escape».