Page denuncia al Gobierno por su falta de publicación de las nuevas normativas sobre la explotación del trasvase: «Casi constituye un delito ecológico».

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de exigir la implementación de las nuevas normativas de explotación del trasvase Tajo-Segura y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo que mandan garantizar los caudales ecológicos en el río Tajo.

Desde Talavera de la Reina, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha defendido esta medida al señalar que la gestión actual del acueducto “ya se acerca a lo que muchos asesores legales podrían considerar un delito ecológico” y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por negarse a cumplir sus deberes legales con el Tajo.

«Hemos estado insistiendo durante más de un año», ha afirmado el líder regional, quien ha admitido que «es complicado llegar a este extremo» pero este paso es para provocar «una reacción».

Ante esta situación, ha reclamado que «no sé cuántos políticos en Castilla-La Mancha estarían dispuestos a anteponer los intereses de su tierra, incluso si eso significa denunciar ante los tribunales a un gobierno de su propio partido.»

Page se ha mostrado optimista en que antes de lo esperado “haya una solución” y se pueda retirar el proyecto, aunque ha subrayado que «siempre priorizaremos los intereses de la gente».

Relación deteriorada con el ministerio

Mientras tanto, al finalizar la reunión del Consejo de Gobierno, la ministra de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha dirigido a la prensa para brindar detalles acerca de este recurso.

Durante la rueda de prensa, Gómez ha admitido que desde que Sara Aagesen asumió el cargo de vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace 16 meses, la relación entre el ministerio y la comunidad autónoma «ha desaparecido».

La consejera ha explicado que anteriormente mantenían una comunicación «directa» con el ministerio en la etapa de Teresa Ribera para abordar temas sobre los que la región no tiene competencia, como agua y energía.

Sin embargo, con el cambio de titular, la situación comunicativa se ha vuelto «insostenible». “Nuestro presidente lleva más de seis meses esperando que la vicepresidenta tercera le conceda una cita y yo misma he estado pidiendo una reunión durante más de un año”, ha agregado.

Por ello, en la dirección manifestada por Page en Talavera, Gómez ha declarado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha tenido más opción que presentar la demanda.

“No es algo agradable, pero debemos tomar decisiones para proteger los intereses de los castellanomanchegos”, ha justificado la consejera respecto al retraso en la publicación de una normativa que mantiene al Tajo como «el único río de España y Europa sin caudales ecológicos».

Medidas cautelares

Incluso, ha añadido que si el tribunal acepta la demanda, se planteará solicitar medidas cautelares sobre las derivaciones de agua del trasvase.

La consejera ha resumido en el «hartazgo» y la «falta de sostenibilidad» los motivos fundamentales que han llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a judicializar el asunto.

«Aunque pueda parecer que hay agua ahora porque estamos en un ciclo húmedo, es solo un espejismo», ha indicado Mercedes Gómez, quien ha denunciado el “balance hidrológico negativo” que se forma cuando los embalses de la cabecera del Tajo están en nivel 1 -normalidad- y nivel 3 -excepcionalidad-.

En ambas situaciones, ha señalado que se realizan trasvases «sin ninguna medida adicional de sostenibilidad para que la infraestructura se adapte a la situación de cambio climático que estamos viviendo».

Cinco espacios protegidos

Según ha expuesto, esta situación afecta de manera significativa a cinco espacios protegidos por la Red Natura 2000: Sierra de Altomira; Yesares del Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo; Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica y Azután; y Barrancas de Talavera.

La titular de Desarrollo Sostenible ha alertado que estos cinco espacios se encuentran en un «estado de conservación muy limitado» con afectaciones por falta de caudal que podrían ser «irreversibles».

En este sentido, ha recordado que en 2025 el Tribunal Supremo emitió una sentencia que hasta la fecha no ha sido ejecutada por el Estado, donde se solicitaba la implementación de caudales ecológicos «de forma directa» en «todos los hábitats de interés comunitario de la Red Natural 2000».

Finalmente, ha destacado que el retraso en la publicación de estas normas ha llevado a la aprobación de un trasvase de 180 hectómetros cúbicos correspondiente a una cesión mensual de 60 hectómetros cúbicos para diciembre, enero y febrero, respectivamente.

Si se mantiene la normativa actual, la consejera ha advertido que a lo largo de este año se podrían trasvasar 555 hectómetros cúbicos, lo que convertiría a 2026 en el «año que rompería todos los récords», muy cerca del límite de 600 hectómetros estipulado en el memorándum vigente.