La izquierda emplea a Madrid como escudo para Sánchez.

Los sindicatos de Renfe y Adif, el de maquinistas, el sector ganadero y agrario, los médicos…Las movilizaciones y protestas contra el Gobierno se multiplican y la izquierda vuelve a utilizar Madrid como pantalla para desviar las críticas hacia el presidente Pedro Sánchez. Desviar el enfoque hacia Isabel Díaz Ayuso no es algo nuevo, pero esta semana Moncloa, PSOE y Más Madrid han unido fuerzas para intentar canalizar el descontento social, según reconocen en el PP madrileño.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la ministra de Vivienda, Isabel Fernández, y la oposición en pleno han arremetido contra la líder popular. López, que había estado en un papel de oposición desde la tragedia de Adamuz, ha enviado una carta instando a la militancia a apoyar la manifestación de mañana. Ayer, extendió su llamado también a los madrileños.

Convocada por CCOO, UGT, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la protesta busca denunciar la «privatización» de la sanidad. En su afán por liderar la oposición en Madrid, el PSOE ha alineado su mensaje con el de la ministra de Sanidad, Mónica García, que tiene a los médicos en pie de guerra. Paros, protestas y manifestaciones han sido las acciones llevadas a cabo por los facultativos contra Mónica García.

La izquierda ha optado por intensificar la presión contra la presidenta y convertir Madrid en un escenario de erosión. Desde el Ejecutivo regional responden que esto son «los estertores del sanchismo» y defienden su política sanitaria: la inversión ha crecido un 5,3 por ciento, muy por encima de la de otras regiones, y los hospitales madrileños se consolidan como referentes nacionales. Mientras tanto, el Gobierno, con la ministra Mónica García al frente de la sanidad española, ha reducido casi al 50% el presupuesto destinado a la salud en 2024 respecto a 2023. Así lo ha revelado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al denunciar la doble vara de medir de la izquierda con las políticas «lesivas» impulsadas desde el Ministerio. También el portavoz del Gobierno madrileño ha comentado la «maniobra» de Moncloa y ha sugerido llevar las protestas a las puertas del Ministerio.

Con Óscar Puente desactivado en su rol de crítico de Ayuso, el ministro y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha sido designado para actuar como cortafuegos y, al mismo tiempo, buscar visibilidad a expensas de la dirigente popular. La erosión del Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez más evidente y el discurso gubernamental sobre la modernización del transporte entra en conflicto con la realidad.

La tragedia de Adamuz ha puesto de manifiesto el deterioro del sistema ferroviario y la respuesta del sector no se ha hecho esperar. A la convocatoria de huelga de tres días para la próxima semana se han sumado las organizaciones que defienden a los maquinistas y su seguridad. Además, el sector ganadero y agrario intensifica sus críticas y ya ha anunciado movilizaciones.

Ante el descontento social en las calles, desde Moncloa han decidido atacar a Ayuso. Desde la sanidad hasta el 155 de la vivienda, los ministros han trabajado arduamente esta semana para contener el clamor contra su gestión. La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha agudizado las críticas en un intento por recuperar aire político tras la polémica por los desahucios y la gestión deteriorada ante los ciudadanos.

La ministra ha admitido con resignación que hubiera aplicado el 155 a la Comunidad de Madrid si hubiera tenido la oportunidad y ha confesado que «se le llevan los demonios» tener una herramienta como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler», mientras existen situaciones en la Comunidad de Madrid, «donde el precio del alquiler está aumentando a dígitos». Reconoce que «le encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado para hacerlo».

La «fantasía intervencionista» de la ministra fue contestada de inmediato por el entorno de Ayuso, quien señala que refleja la frustración por la aplicación de un modelo «fracasado». «Deslegitimar al Ejecutivo regional que construye la mitad de la vivienda protegida de España es un signo de desesperación», argumentan en Sol.

Más Madrid ha respaldado a la ministra y ha exigido a la presidenta de la Comunidad que declare zonas tensionadas para controlar el precio del alquiler. La formación de Mónica García sostiene que la vivienda es actualmente «el epicentro de la mayor desigualdad social en España» y critica al PP por «proteger la especulación».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a la ministra y le ha exigido que «rectifique inmediatamente» su deseo de un 155 para Madrid. El Consistorio considera «sorprendente» que Rodríguez ahora pida «la mayor colaboración y diligencia» para la aprobación de la Operación Campamento y le recrimina su «deslealtad institucional», especialmente cuando desde Cibeles han mantenido «una actitud de leal colaboración» con el Gobierno de España para impulsar este desarrollo urbanístico. En los últimos meses, los equipos técnicos de ambas administraciones han mantenido «numerosas reuniones» con «discreción y eficacia», detalla en una carta enviada a la ministra donde califica sus afirmaciones de «barbaridad jurídica».

El guion contra Madrid reescrito esta semana ha colisionado con el anuncio por parte del Ayuntamiento de la finalización de más de mil viviendas públicas de alquiler en El Cañaveral. Se trata de la culminación de las obras de un millar de pisos públicos correspondientes a 11 de las 13 promociones que se están construyendo en el barrio. En Cibeles destacan que esto es uno de los mayores desarrollos de vivienda pública recientes, sumándose a otras iniciativas y acciones lanzadas desde el Consistorio. «Frente al control de precios, oferta. Frente a la imposición, gestión», resumen. Vox también ha tomado distancia esta semana con un duro ataque a la gestión del PP. «No está en condiciones de criticar a Sánchez en inmigración,» le espetó la portavoz de la formación a Isabel Díaz Ayuso. El partido de Abascal ha intensificado su relación con el Gobierno regional en un inicio de año que anticipa un contexto de alta presión. En su intento por definir su propia identidad, se han alineado con la izquierda para crear un clima de crisis permanente en Madrid. No solo atacaron al Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria, también criticaron a Ayuso por destinar parte del presupuesto de la Comunidad a «organizar macroeventos personalizados para inmigrantes buscando el voto».

La oposición en la Asamblea ha coincidido en demandar la dimisión del alcalde de Móstoles tras el escándalo de presunto acoso sexual y laboral a una concejal. El caso ha afectado al PP de Madrid que niega las acusaciones de acoso sexual del regidor, afirmando que se archivó por falta de «sustento». «Ayuso no está tapando nada», concluyó ayer el secretario general de los populares madrileños.