La nueva legislación aumenta las sanciones y establece nuevos límites.
- La caza aporta 10.190 millones de PIB anualmente en España y sostiene 199.000 empleos.
- El Gobierno valenciano ofrecerá 40 € por cada jabalí cazado para controlar su población.
La Comunidad de Madrid realiza un avance significativo en la regulación de la caza y la pesca, tras la aprobación de una nueva ley autonómica que introduce modificaciones relevantes en seguridad, gestión ambiental y modernización del sector. La norma, impulsada por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, busca actualizar un marco legal que ha permanecido inalterado desde la legislación estatal de 1970.
La iniciativa, aprobada en un Consejo de Gobierno extraordinario llevado a cabo la semana pasada en Morata de Tajuña, será enviada a la Asamblea de Madrid para su discusión parlamentaria. Se espera que entre en vigor durante este mismo año, marcando un hito en la regulación de estas actividades en la comunidad.
¿ La presidenta @IdiazAyuso anuncia la aprobación del proyecto de Ley de Caza y Pesca que asegurará la seguridad jurídica del sector y la protección medioambiental.
✅ Impulsa los procedimientos electrónicos y la digitalización de las licencias.
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— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) 25 de marzo de 2026
Con esta nueva legislación, el gobierno regional busca fortalecer la seguridad jurídica del sector, optimizar la gestión de la fauna y avanzar en la protección ambiental. Todo esto en un territorio donde la actividad cinegética tiene un peso considerable: cerca del 69% de la superficie —aproximadamente 576.000 hectáreas— se considera terreno de caza y existen alrededor de 50.000 licencias vigentes.
Nuevas normas sobre la caza: superficie de cotos y seguridad
Uno de los cambios más destacados se refiere a la configuración de los cotos de caza. Por primera vez, se establece una superficie mínima general de 250 hectáreas para su creación, sin importar la modalidad. La única excepción será la caza menor, que podrá autorizarse en terrenos de al menos 50 hectáreas, siempre que exista una justificación técnica adecuada.
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Noemí Sabugal
La normativa también introduce medidas para incrementar la seguridad. Entre estas, se destaca la ampliación de la distancia mínima para la práctica de la caza respecto a núcleos de población, que pasa de 100 a 150 metros. Este cambio busca reducir riesgos en áreas cercanas a zonas habitadas y fortalecer la convivencia entre actividades rurales y urbanas.
Otra novedad importante es la creación de los Planes de Control Poblacional. Esta herramienta permitirá a los ayuntamientos gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los períodos habituales de caza. El objetivo es prevenir daños en la agricultura, evitar accidentes de tráfico y contribuir al equilibrio de los ecosistemas.
Pesca, digitalización y régimen sancionador
En cuanto a la pesca, la ley busca simplificar la normativa actual. A partir de ahora, las aguas de la región se clasificarán en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, se pondrá énfasis en especies clave como la trucha en los ríos y otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos, como la carpa o el lucio.
La modernización del sector es otro de los pilares de esta nueva normativa. La Comunidad de Madrid implementará licencias digitales y promoverá procedimientos administrativos electrónicos, lo que facilitará trámites y mejorará el control de la actividad. Este avance hacia la digitalización responde a una demanda histórica de los profesionales y aficionados del sector.
La Comunidad de Madrid busca asegurar el cumplimiento de la normativa estableciendo multas que van desde los 200 hasta los 80.000 euros.
El texto también actualiza el régimen sancionador, estableciendo multas que variarán desde los 200 hasta los 80.000 euros según la gravedad de la infracción. Las sanciones leves oscilarán entre 200 y 1.000 euros, las graves entre 1.000 y 10.000, y las muy graves podrán alcanzar hasta 80.000 euros. Con este sistema, el Gobierno regional busca fortalecer el cumplimiento de la normativa y asegurar una gestión más responsable de los recursos naturales.



