La Policía determina que los 100.000 euros aportados por un empresario a Alvise fueron destinados claramente a respaldar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la supuesta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” la afirmación del empresario Álvaro Romillo sobre la entrega de 100.000 euros al agitador ultra. Este monto fue supuestamente destinado a financiar parte de la campaña electoral de Alvise para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial subraya que “es evidente que la intención de Luis Pérez Fernández es obtener fondos para financiar la campaña electoral, que deben ser opacos, no declarados y de origen difuso, buscando evitar la fiscalización del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores tampoco descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera ser mayor, dado que Alvise mencionó en un mensaje intervenido que requería entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este asunto en el Supremo en julio pasado y, durante su interrogatorio, aceptó haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó que esos fondos se utilizaran para la campaña de las elecciones europeas de 2024. Fuentes presentes durante la declaración aseguran que Alvise afirmó haber usado la mitad de esa cantidad para gastos personales y algunos viajes profesionales, manteniendo la otra mitad guardada. Romillo, quien declaró después de Alvise, contradecía esta versión, afirmando que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para los gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario, señalando que “no existe evidencia que vincule la entrega de ese dinero con ‘la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias asociadas’, como había afirmado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y preparado por la Comisaría General de Información, investiga los mensajes intercambiados por Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, que fueron recuperados por la Policía en el teléfono de Romillo. Tras confirmar que estos mensajes no han sido alterados, los investigadores destacan que demuestran que el agitador ultra sugiere a Romillo “la potencialidad” de una colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y tranquilidad, sin la problemática de la persecución estatal”, se encuentra en uno de los mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran control del Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que no puede cubrir con su propio dinero “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra añade que también debe “enfrentar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], eso también me viene bien para financiar la aventura política […] En cash es irrastreable, sí”, dice en otra comunicación.

Sobre Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que actúa por intereses únicamente empresariales, “sin intención directa de financiar la campaña de SALF, aunque es plenamente consciente de que esa es la intención de Luis Pérez Fernández, colaborando en su consecución”. Según la Policía, el “principal interés” del empresario radica en “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con el fin de lucrarse”. El informe recalca que “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presentó a Alvise “diversas metodologías para mover capitales sin ser rastreables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectados como financiadores de su campaña electoral”.

De este modo, los agentes añaden que, dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que recibiera SALF en criptomonedas “fuera compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de manera que los pagos que SALF reciba en diversas wallets [monederos virtuales] controlados por Romillo sean siempre supervisados por él, que es quien tiene la clave privada […] que permite operar”. Así, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien instruyó a Alvise para que publicara en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía aclara que la metodología empleada por Alvise, “que consiste en introducir capitales en una sociedad simulando una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Se trata, en esencia, de “simular que el dinero recibido es un préstamo realizado por un tercero, que tiene el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, conduciendo a una ampliación de capital […]. Este movimiento ―recoge el informe― oculta la verdadera intención de los actores, que en este caso es utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que tiene abiertas en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, una se refiere a la difusión de una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la otra, a varios mensajes lanzados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que podrían constituir un delito de acoso, según el alto tribunal.