La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise se utilizaron claramente para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la supuesta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe en el que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las cuales obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial destaca que “es evidentemente claro que el objetivo subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es conseguir fondos para financiar su campaña electoral, los cuales deben ser opacos, no declarados y de origen incierto, buscando que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido superior, dado que el propio Alvise menciona en un mensaje intervenido que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, aceptó que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de su agrupación electoral en las elecciones europeas de 2024. Fuentes presentes durante su declaración afirmaron que Alvise aseguró haber usado la mitad de ese dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, quedando la otra mitad guardada. Romillo, quien declaró posteriormente, desmintió esta versión y, según las mismas fuentes, afirmó que siempre fue claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario, enfatizando que “no hay ningún dato” que relacione la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el pasado 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes intercambiados por Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, los cuales fueron recuperados por la Policía del teléfono del primero. Tras verificar que los mensajes no han sido manipulados, los investigadores resaltan que de ellos se deduce que el agitador ultra sugería a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y holgura, evitando la problemática de la persecución estatal”, dice uno de los mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran control por parte del Tribunal de Cuentas”, así como “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad”, los cuales no puede cubrir de su propio bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también menciona la necesidad de “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], esto también me viene bien para financiar la aventura política […] En cash es irrastreable, sí”, sostiene en otro mensaje.

En cuanto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que se mueve por intereses puramente empresariales, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, colaborando con su consecución”. Según la Policía, el “principal interés” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse a partir de ello”. El informe policial subraya que “en múltiples ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presentó a Alvise “las diferentes posibilidades metodológicas para mover capitales sin que sean rastreables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectados como financiadores de su campaña electoral”.

Así, indican los agentes, dos días antes de que se concretara la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que reciba SALF en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de manera que los pagos que reciba SALF a través de diferentes wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre gestionados por él, quien posee la clave privada […] que permite operar”. De este modo, añaden los agentes, “todas las aportaciones de terceros mediante criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien instruye a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la forma de actuar de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en numerosas ocasiones por la criminalidad organizada”. Básicamente, se trata de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, quien luego tiene derecho a canjearlo por participaciones sociales de la sociedad, resultando en una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―recoje el informe― oculta la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que tiene abiertas en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes enviados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que podrían constituir un delito de acoso, según el alto tribunal.