La privatización de la vivienda asequible avanza en Madrid y la Comunidad Valenciana | Vivienda | Economía

El escándalo relacionado con la asignación de viviendas protegidas entre altos cargos afines al PP en Alicante ha revelado hasta dónde ha llegado el proceso de privatización de las políticas de promoción de vivienda pública en ciertas comunidades. En particular, Madrid y la Comunidad Valenciana se destacan por un modelo que, en los últimos años, ha resultado en descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones directas por parte de los promotores con escaso control. El Gobierno central ha intentado proteger el parque de vivienda pública condicionando el acceso de las comunidades a recursos estatales a que las casas de nueva construcción protegidas se mantengan así de forma permanente. Sin embargo, las autonomías del PP solo cumplen esta condición para los proyectos promovidos por la Administración y no por los privados, a pesar de que estos reciben ayudas públicas. En Madrid y la Comunidad Valenciana, más del 90% de los pisos protegidos son desarrollados por empresas privadas, según el Ministerio de Vivienda.

Las viviendas públicas también se ofrecen en portales inmobiliarios, no solo las de segunda mano. En Idealista.com, por ejemplo, se promocionan más de 70 desarrollos que están siendo comercializados en toda España. En Madrid, hay 25 de ellos, incluyendo chalés cuyo precio llega a 395.000 euros, lo que se podría considerar una VPO de lujo. A los compradores solo se les exige cumplir con los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid, que incluyen ingresos de hasta 63.000 euros al año. Sin embargo, no hay más filtros, lo que inutiliza la lista de espera. “Elige la promoción y contacta directamente con la promotora o gestora. No es necesario estar inscrita en ningún listado de demandantes; el proceso es similar al de una vivienda libre”, señala en su página web la inmobiliaria Aurora Homes, que promociona varias de estas ofertas.

Esta práctica se convirtió en la vía por la que las viviendas protegidas del proyecto Les Naus en Alicante, construidas en suelo público, se distribuyeron entre cargos afines al PP, sus familiares y personas con buen poder adquisitivo en la ciudad. También ilustra cómo algunas Administraciones conservadoras han privatizado el mercado de la vivienda protegida hasta perder el control sobre a quién se le asigna un piso con ayudas públicas. Los expertos analizados consideran tres indicadores principales para evaluar el grado de privatización de la VPO en una comunidad: la propiedad del suelo, el periodo de calificación de las viviendas y el sistema de adjudicación.

En el caso de Les Naus, el Ayuntamiento de Alicante, bajo el gobierno del PP, cedió la propiedad del suelo al venderlo por 6,6 millones de euros, cantidad que el promotor recuperará parcialmente por los locales y garajes que podrá comercializar a precio de mercado. Las viviendas adjudicadas directamente por el promotor, sin prácticamente ningún control, serán descalificadas en 30 años. La oposición del Gobierno denuncia las plusvalías que esta operación genera, tanto para la inmobiliaria como para los beneficiarios, quienes encuentran en ello una buena inversión a largo plazo, ya que muchos son jóvenes de poco más de 20 años. Este modelo se reproduce en comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón, aunque se extiende a otros territorios. Logroño, donde no ha habido VPO nueva desde 2009, ha optado por licitar suelo público para viviendas que serán adjudicadas por los promotores sin sorteo ni baremos públicos.

Este sistema contrasta con el implementado en el País Vasco, Navarra y Cataluña, donde se exige que las viviendas públicas pasen por un registro de solicitantes sin importar quién sea el promotor. “Las tres comunidades tienen un mecanismo que evita estas situaciones, que es un registro de demandantes de vivienda protegida siempre abierto, no para una promoción específica, sino para todas. Y cuando digo todas, me refiero a públicas y privadas, tanto para compra como para alquiler. Todas deben pasar por un sistema informativo regulado, accesible, objetivo y transparente”, aclara Javier Burón, director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra, Nasuvinsa.

La exsecretaria de Vivienda y presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, recuerda que uno de los cambios implementados en Cataluña en 2003 fue la adjudicación a través de registro de solicitantes y sorteo. “Hasta entonces, teníamos un sistema que rigió casi todo el siglo XX, que ofrecía las VPO sin criterio ni transparencia, y que a veces estaba ligado a transacciones en dinero negro. Decidimos dignificarlo y adjudicarlo todo por sorteo, incluyendo lo que producían los promotores”, afirma.

Descalificaciones masivas

Una de las grandes herramientas de las Administraciones para mantener un parque de vivienda estable es el periodo de calificación. España ha perdido en las últimas décadas más de seis millones de viviendas protegidas. A lo construido durante la burbuja, gracias a las reservas obligatorias de los planeamientos, se le está aplicando privatización ahora. En los últimos seis años, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha contabilizado casi 10.000 VPO menos. Esto se debe a que el plazo de calificación suele ser de unos 30 años en el caso de los pisos promovidos por empresas, aunque en Madrid se reduce a 15 años y en Cataluña, País Vasco y Navarra, son permanentes. Sin embargo, estas últimas comunidades han optado por enfocarse principalmente en el alquiler. “Defendemos que haya tanto opciones de compra como de alquiler, ya que la compra ha facilitado a muchos ciudadanos el acceso a la vivienda. El sistema de VPO no es especulativo, ya que limita la venta por un periodo concreto. Tal vez el Gobierno debería establecer un impuesto o una cuota a pagar en caso de venta después de 15 o 20 años”, propone Héctor Simón Moreno, director de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili.

De cara al futuro, otro aspecto relevante es la propiedad del suelo, especialmente en ciudades donde este se está volviendo escaso. Por ejemplo, los planes de vivienda de Valencia prevén que los promotores adquieran el suelo para construir pisos protegidos, entregando algunas de esas viviendas a pisos sociales. Esto implica que la Administración pierde el control del suelo. En otras comunidades, eso ya no es posible. “Desde la década de 2000, decidimos que el suelo no se puede vender y que la VPO debe ejecutarse mediante derecho de superficie”, aclara Trilla. De hecho, el plan de Salvador Illa para construir 50.000 viviendas consiste precisamente en poner a disposición de los promotores suelos que podrán explotar durante 75 años en régimen de alquiler y que, una vez finalizado ese periodo, regresarán a la Generalitat.