La vivienda protegida se privatiza en Madrid y la Comunidad Valenciana | Vivienda | Economía

El escándalo vinculado a la adjudicación de viviendas protegidas entre altos cargos cercanos al PP en Alicante ha revelado hasta dónde ha llegado la privatización de las políticas de promoción de vivienda pública en diversas comunidades. En particular, Madrid y la Comunidad Valenciana destacan por un modelo que en los últimos años ha conllevado una descalificación masiva de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones directas por parte de los promotores con escaso control. El Gobierno central ha intentado proteger el parque de vivienda pública condicionando el acceso de las comunidades a recursos estatales a que las nuevas viviendas protegidas lo sean de por vida. Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP solo cumplen con esta condición para las viviendas promovidas por la Administración y no por entidades privadas, a pesar de que estas reciben ayudas públicas. Según el Ministerio de Vivienda, más del 90% de los pisos protegidos en Madrid y la Comunidad Valenciana son desarrollados por empresas privadas.

Las viviendas públicas también están siendo anunciadas en portales inmobiliarios, incluyendo las de primera mano. En Idealista.com, por ejemplo, se publican más de 70 promociones en todo el país. Solo en Madrid hay 25, incluyendo chalés cuyo precio llega a los 395.000 euros, lo que parece una VPO de lujo. A los compradores solo se les exige cumplir con los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid, como tener un ingreso anual de hasta 63.000 euros. No deben pasar por ningún otro filtro, por lo que estar en una lista de espera resulta poco efectivo. “Elige la promoción y contacta directamente con la promotora o gestora. No es necesario estar inscrita en ningún listado de demandantes, el proceso es similar al de una vivienda libre”, señala la inmobiliaria Aurora Homes, que promueve varias de estas ofertas.

Esta situación se convirtió en el coladero que permitió que las viviendas protegidas del proyecto Les Naus en Alicante, construidas en suelo público, fueran distribuidas entre altos cargos del PP, familiares y personas adineradas de la ciudad. Esto también ilustra cómo algunas administraciones de ideología conservadora han ido privatizando el mercado de la vivienda protegida hasta perder el control sobre a quién se asigna un piso con ayudas públicas. Los expertos consultados destacan tres indicadores para evaluar el grado de privatización de la VPO en una comunidad: la propiedad del suelo, el periodo de calificación de las viviendas y el sistema de adjudicación.

En el caso de Les Naus, el Ayuntamiento de Alicante, bajo el gobierno del PP, cedió la propiedad del suelo al venderlo por 6,6 millones de euros, cantidad que la promotora recuperará en parte a través de la venta de locales y garajes a precio de mercado. Los pisos adjudicados directamente por el promotor, sin apenas filtros, se descalificarán en 30 años. La oposición a este Gobierno critica las plusvalías generadas por esta operación, tanto para la inmobiliaria como para los beneficiarios, que ven en ello una buena inversión a largo plazo, siendo algunos de ellos muy jóvenes, de apenas 20 años. Este sistema se presenta en comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana o Aragón, y se extiende a otras regiones. En Logroño, por ejemplo, donde no se han construido nuevas VPO desde 2009, se ha decidido licitar suelo público para viviendas que los promotores adjudicarán sin sorteo ni baremo público.

Este sistema contrasta con el de las comunidades del País Vasco, Navarra y Cataluña, donde se exige que todas las viviendas públicas pasen por un registro de solicitantes, independientemente de quién sea el promotor. “Las tres comunidades cuentan con un mecanismo que evita esto, que es un registro de demandantes de vivienda protegida siempre abierto, no para una promoción específica, sino para todas. Es decir, públicas y privadas, tanto para compra como para alquiler. Debe pasar por un sistema informativo, regulado, público, objetivo y transparente”, explica Javier Burón, director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra, Nasuvinsa.

La exsecretaria de Vivienda y presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, recuerda que uno de los cambios que hizo Cataluña en 2003 fue la adjudicación mediante un registro de solicitantes y sorteo. “Hasta entonces, aplicábamos un sistema que rigió casi todo el siglo XX, que consistía en ofrecer la VPO sin criterio ni transparencia. Este proceso a veces iba asociado a transacciones en negro. Decidimos dignificarlo y adjudicarlo todo por sorteo, incluyendo lo producido por los promotores”, afirma.

Descalificaciones masivas

Un aspecto clave para mantener un parque de vivienda estable es el periodo de calificación. España ha perdido en las últimas décadas más de seis millones de viviendas protegidas. Y todo lo construido durante la burbuja, gracias a las reservas obligatorias de los planeamientos, se está privatizando. En los últimos seis años, la Comunidad de Madrid ha perdido casi 10.000 VPO. Esto se debe a que el plazo de calificación suele ser de unos 30 años para los pisos promovidos por empresas, aunque en Madrid se reduce a 15 años, mientras que en Cataluña, País Vasco y Navarra son permanentes. Sin embargo, estas últimas comunidades han decidido enfocarse sobre todo en el alquiler. “Defendemos que debe haber tanto opciones de compra como de alquiler, porque la compra ha facilitado el acceso a la vivienda a muchos ciudadanos. El sistema de VPO no es especulativo, ya que impone limitaciones por un periodo específico. Quizá el Gobierno podría imponer un impuesto o una cuota a pagar en caso de venta después de 15 o 20 años”, propone Héctor Simón Moreno, director de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili.

De cara al futuro, otro aspecto a considerar es la propiedad del suelo, especialmente en ciudades donde este se está volviendo escaso. En Valencia, por ejemplo, los planes de vivienda prevén que los promotores adquieran el suelo para construir pisos protegidos a cambio de ofrecer algunas de estas viviendas en régimen social. Esto significa que la Administración pierde el control sobre el suelo. En otras comunidades, esto ya no es posible. “Desde la década de 2000, decidimos que el suelo no se puede vender y que la VPO debe ejecutarse mediante derecho de superficie”, explica Trilla. De hecho, el plan de Salvador Illa para construir 50.000 viviendas consiste en poner a disposición de promotores terrenos que podrán explotar durante 75 años en régimen de alquiler y que, una vez finalizado ese periodo, volverán a ser gestionados por la Generalitat.