La sede de la Comunidad de Madrid que fue escenario de torturas franquistas se convierte en un Espacio de Memoria, a pesar del rechazo de Ayuso.


Es oficial: la Real Casa de Correos, sede actual de la Comunidad de Madrid y escenario de torturas durante el franquismo, ha sido declarada Lugar de Memoria. Esta decisión se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, ante la oposición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha intentado impulsar cambios legales para impedir la instalación de una placa conmemorativa que evoca el pasado franquista de la antigua Dirección General de Seguridad y ha tratado de obstaculizar el reconocimiento de este edificio como lugar de memoria.

El BOE indicará el “papel central en la represión política y social durante varias fases de la historia contemporánea de España, especialmente en la dictadura” que tuvo ese inmueble. Asimismo, menciona que la Dirección General de Seguridad “desempeñó un papel crucial en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona tildada de tener simpatías por ideologías adversas al régimen”.

La declaración como Lugar de Memoria se fundamenta también en los “numerosos testimonios” que coinciden en señalar la “extrema brutalidad” de las torturas que se llevaron a cabo en ese centro de detención, considerado un símbolo de las violaciones de derechos humanos durante el franquismo.

La publicación en el BOE culmina un proceso que comenzó hace un año, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez inició trámites para declarar al edificio Lugar de Memoria, cumpliendo con la ley de memoria democrática y las demandas de las asociaciones memorialistas. Esta decisión implica adoptar medidas de protección que aseguren una “identificación, explicación y señalización” adecuada. En otras palabras, se colocará una placa que mencione que el inmueble fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo.

El Gobierno de Ayuso ha convertido esta decisión en un casus belli. “Intentar vincular este edificio histórico con el franquismo es una barbaridad”, afirmó el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, contradiciendo la historia y anunciando una batalla desde la Puerta del Sol. El PP en la Asamblea de Madrid registró una modificación legal para asegurar que cualquier instalación de placa o distintivo en el edificio, que es Bien de Interés Cultural (BIC), requiriese “la autorización previa” del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Además, el texto, que carecía del respaldo de los servicios jurídicos parlamentarios, establecía que no se autorizaría ninguna “que pudiera perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.

El Consejo de Ministros impugnó esta maniobra ante el Tribunal Constitucional, que admitió el recurso y suspendió de manera cautelar la normativa aprobada por la derecha en la Asamblea de Madrid. Recientemente, el Gobierno de Ayuso intentó obstruir el reconocimiento de la Real Casa de Correos presentando alegaciones al trámite de consulta pública abierto por la Administración General del Estado.

Sin embargo, el expediente continuó su camino y este miércoles se publica en el BOE. Fuentes gubernamentales anticipan una nueva confrontación, pues creen que Ayuso no se rendirá y es probable que se niegue a colocar una placa que indique que la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid fue un lugar de torturas durante el franquismo.

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