PSOE y Sumar debaten una decisión crucial: congelar o no los 300,000 alquileres que se renuevan en los próximos meses | España

La reciente controversia sobre la política de vivienda entre el PSOE y Sumar no es una simple disputa mediática dentro de la coalición que no llega a nada. Este tema es fundamental para la izquierda española y europea, ya que la crisis de la vivienda, como mencionó la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, “se lleva por el sumidero toda la política social del Gobierno progresista”. El aumento del salario mínimo, la mejora de las becas, las ayudas, el incremento del empleo, todo queda eclipsado por el desmesurado aumento de los precios de compra y alquiler de vivienda. Actualmente, la coalición está debatiendo internamente una decisión crucial: qué hacer con los 300.000 contratos de alquiler que deberán renovarse en los próximos meses.

En las comunidades que aplican la ley de vivienda —300 municipios en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y próximamente Asturias, que se han declarado zonas tensionadas— no existe problema, porque la norma estipula que el nuevo contrato, se cambie o no de inquilino, debe estar referenciado al anterior y no puede aumentar de forma desproporcionada. Esto evita que un propietario expulse a inquilinos antiguos y alquile la vivienda por un 30%, un 40% o un 50% más, algo común en las zonas tensionadas. Pero donde no se aplica la ley de vivienda, como la Comunidad de Madrid y la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, la renovación de estos 300.000 alquileres podría ser devastadora para muchas familias, que podrían perder su hogar. Y ahí es donde radica la discusión interna en el Gobierno.

Sumar propone la aprobación de un decreto que congele estos precios durante tres años, similar a lo que se hizo durante la pandemia y más tarde, cuando comenzó la guerra de Ucrania y la inflación se disparó. El PSOE responde que eso podría ser inconstitucional, ya que implicaría invadir competencias autonómicas, pero también reconoce la necesidad de actuar. Estabilizar esos contratos es un objetivo común de ambos partidos, más allá de la discusión pública y la tensión política, porque ambos desean transmitir a sus electores el mensaje de que están haciendo lo máximo para resolver el problema de la vivienda. Las relaciones entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Sumar son tensas, y por el momento no se están llevando a cabo reuniones.

No obstante, independientemente de esa tensión, el tema de fondo preocupa tanto a ambos grupos como a La Moncloa, donde están evaluando todo tipo de estrategias para intentar frenar el aumento de los precios de la vivienda y, especialmente, los efectos de esta masiva renovación de alquileres en los próximos meses. La propia ministra fue muy clara en el Senado al comparar la situación en Cataluña, donde se aplica la ley de vivienda, y en Madrid, donde no se implementa. “En Cataluña, la gente que debe renovar sabe que el propietario estará obligado a seguir con ellos con una subida controlada, porque si los expulsa, no podrá aumentar tampoco a otros inquilinos. Eso es lo que establece la ley de vivienda. En Madrid, las personas viven angustiadas cada vez que tienen que renovar su contrato de alquiler y los jóvenes se ven obligados a marcharse a mi comunidad ―Castilla-La Mancha― y otras limítrofes porque no pueden afrontar los precios de Madrid. Ese no es nuestro modelo”, sentenció.

La postura del PSOE es más política. En lugar de debatir internamente en la izquierda qué hacer con la vivienda o plantear decretos que podrían tener dificultades para ser aprobados —casi todo lo que se presenta es para Junts—, lo más efectivo sería presionar conjuntamente al PP para que aplique la ley de vivienda. De hecho, los socialistas creen que las comunidades gobernadas por el PP sí se acogerán al plan de vivienda del Gobierno, dotado con 7.000 millones de euros, a pesar de sus críticas. Son ayudas directas para los promotores, quienes presionarán a las autonomías del PP para que se sumen, explican en el sector socialista del Gobierno. Este será un tema central en la campaña electoral en todas las autonomías, señalan varios miembros del Gobierno, y ahí se apreciará que la política de la coalición y de otros grupos progresistas que respaldaron la ley de vivienda sí puede servir para bajar o controlar el precio, como está ocurriendo en Cataluña, mientras que en las comunidades del PP continúa aumentando de manera descontrolada.

Sumar, por otro lado, aboga por una política más contundente para abordar el problema y enfrentarse a las autonomías del PP que no quieren aplicar la ley. Los ministros de Sumar, que la semana pasada presentaron sus propuestas, están convencidos de que es posible, y por ello han presentado un desarrollo jurídico que lo respalda, además de otras medidas fiscales para presionar a la baja de los precios de la vivienda. Los ministros de Sumar consultados tienen la certeza de que, como sucedió en ocasiones anteriores, el PSOE en un principio argumenta que es imposible y asegura que las propuestas no son viables jurídicamente, pero eventualmente La Moncloa podría tomarlo como propio, desarrollarlo y anunciarlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal como ha ocurrido con otros temas de debate interno dentro de la coalición.

En cualquier caso, el PSOE reivindica lo que está realizando, ya que se está invirtiendo más dinero en vivienda que nunca —el presupuesto se ha multiplicado por ocho—, se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia y se ha implementado ese plan de 7.000 millones de euros. Esa política comenzará a tener efecto progresivamente, indican los socialistas. Sin embargo, en Sumar consideran que deben ir mucho más allá y enviar a la población el mensaje de que el Gobierno está dispuesto a intervenir de manera radical en el mercado para volver a conectar especialmente con los jóvenes, que son quienes más padecen este problema.

La discusión continuará, y hay muchas más medidas en estudio, pero hay un consenso claro dentro de la coalición sobre la necesidad de intervenir en un mercado que ha demostrado ser absolutamente ineficaz a lo largo de todos estos años, y que tiene consecuencias muy graves, pues rompe el ascensor social, convierte las herencias en la clave para acceder a una vivienda y profundiza las desigualdades sociales entre propietarios e inquilinos, además de absorber gran parte de los salarios. No hay duda de que esta cuestión será central para evaluar la gestión de un Gobierno progresista que intenta resolver un problema que castiga especialmente a su electorado, aunque en realidad afecta a todos los españoles que no son propietarios.