La UCO arresta a la exmiembro del PSOE Leire Díez y al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández | España

Leire Díez, exmilitante y exconcejal del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), fueron detenidos este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según informaron fuentes cercanas a la investigación a EL PAÍS. Los arrestos están relacionados con un procedimiento sobre contratación pública, promovido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Antonio Piña. La operación sigue en curso bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes policiales y jurídicas. Las investigaciones se centran en posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación está sujeta a secreto y aún se encuentra en una fase preliminar. Díez trabajó para una empresa pública, Enusa, en un 60% participada por la SEPI, durante el tiempo en que Fernández era presidente de la entidad estatal.

Las detenciones se llevaron a cabo antes de la media tarde del miércoles, y los agentes trasladaron a Leire Díez a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). La exconcejala socialista, originaria de Bilbao y de 52 años, también está imputada en otra investigación por cohecho y tráfico de influencias que está siendo instruida por el Juzgado Número 9 de Madrid. La fiscalía la acusa de liderar un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el fin de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Ella se presentaba como una periodista de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado y ha negado su relación con el Partido Socialista. Sin embargo, grabaciones en el sumario del caso dirigido por Arturo Zamarriego revelan que se presentaba como la “mano derecha” del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Díez ocupó el cargo de teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas tras las elecciones de 2011. Con Pedro Sánchez ya en La Moncloa, fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, la empresa pública vinculada a la SEPI, desde 2018 hasta 2021, durante la presidencia de Vicente Fernández. Posteriormente, se desempeñó como consejera en Cistec, una empresa de servicios tecnológicos ubicada en Bilbao, desde octubre de 2021 hasta mayo de 2023.

Entre 2022 y 2024, fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, cargo del que salió agradeciendo a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de la empresa postal y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa.

Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 52 años) asumió la presidencia de la SEPI en 2018, después de la investidura de Sánchez, y dejó el cargo un año y cinco meses tras su nombramiento. Posteriormente, solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para convertirse en asesor externo de Servinabar, una de las empresas vinculadas al caso Cerdán, cargo que desempeñó de 2021 a 2023. La investigación que involucra al exsecretario de Organización del PSOE ha revelado que Cerdán tenía presuntamente un 45% de dicha empresa, que obtenía contratos públicos a través de supuestos amaños perpetrados desde el Ministerio de Transportes.

Fuentes cercanas a Fernández indican que su asesoría a Servinabar fue directa para el propietario de la empresa, Joseba Antxon Alonso, y se centró en buscar socios y obras privadas, no públicas, en la Costa del Sol. Por esta colaboración, recibió entre 100.000 y 200.000 euros. Las mismas fuentes afirman que le proporcionó a Leire Díez un piso en el barrio de Salamanca en Madrid para algunas reuniones.

Antes de su mandato en la SEPI, Fernández Guerrero fue interventor general de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de control interno y contabilidad de la Administración andaluza. También ocupó el cargo de secretario general de Innovación, Industria y Energía de esa comunidad autónoma entre 2012 y 2016, así como secretario en diversos consejos de administración de empresas públicas, como la Empresa Pública de Gestión de Activos y la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial.

Fernández, abogado de la Junta de Andalucía, se graduó como el número uno de su promoción. Fuentes cercanas a él durante su etapa en Andalucía destacan su gran ambición profesional, su fuerte capacidad técnica y sus extensos contactos dentro del ámbito empresarial y administrativo.

El exdirectivo estuvo imputado en un caso de la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), del cual resultó absuelto junto con otros 15 acusados. En julio pasado, compareció en la comisión parlamentaria del Senado que investiga el caso Cerdán, pero se acogió a su derecho a no declarar.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre las detenciones, afirmando que se ha arrestado a una “fontanera” de Sánchez y a un “estrecho colaborador” de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Así no se puede continuar, @sanchezcastejon”, tuiteó. Previamente, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, comentó que “con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no quedará ni rastro”, haciendo referencia al final de la legislatura que el presidente Sánchez ha reiterado que concluirá entonces. “A este paso de detenciones, probablemente las cárceles se queden pequeñas”, afirmó la portavoz popular. Enrique de Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida dentro de Sumar, socio minoritario del Gobierno, contextualizó las detenciones como un asunto relacionado con individuos. “Desafortunadamente, hay problemas de corrupción. Hemos expresado claramente nuestra postura sobre este tema. Todo lo que concierne a particulares es de su competencia. Una vez que se atraviese la línea y haya financiación a un partido, eso ya entra en otros términos, por supuesto”, aseguró.

Con información de Óscar López-Fonseca y J J Gálvez.