La UCO arresta a la exmiembro del PSOE Leire Díez y al exjefe de la SEPI Vicente Fernández | España

Leire Díez, exmilitante y exconcejal del PSOE, junto con Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), fueron detenidos este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han informado fuentes cercanas a la investigación a EL PAÍS. Ambos arrestos están dentro de un procedimiento vinculado a la contratación pública, impulsado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Antonio Piña. La operación sigue en marcha bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, según indicaron fuentes policiales y jurídicas. Las investigaciones se centran en posibles delitos como fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación está en secreto y en una fase preliminar. Díez estuvo empleada en una empresa pública, Enusa, que es participada en un 60% por la SEPI, durante la presidencia de Fernández en la sociedad estatal.

Las detenciones ocurrieron antes de la media tarde de este miércoles, y los agentes llevaron a Leire Díez a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). La exconcejala socialista, nacida en Bilbao hace 52 años, también está imputa en otra investigación por cohecho y tráfico de influencias que lleva el Juzgado Número 9 de Madrid. La Fiscalía le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” dirigido a “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Se presentaba como una reportera de investigación con años de indagaciones en las denominadas cloacas del Estado y ha repudiado su vinculación con el Partido Socialista. Sin embargo, grabaciones incluidas en el sumario del caso dirigido por Arturo Zamarriego evidencian que se presentaba como la “mano derecha” del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Díez fue teniente de alcalde socialista en el municipio cántabro de Vega de Pas tras las elecciones de 2011. Con Pedro Sánchez ya en La Moncloa, fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, una empresa pública dependiente de la SEPI, entre 2018 y 2021, época en la que Fernández era presidente de la sociedad estatal. Después, ocupó el cargo de consejera en Cistec, una empresa de servicios tecnológicos con sede en Bilbao, de octubre de 2021 a mayo de 2023.

Entre 2022 y 2024, fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, de donde se retiró agradeciendo a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de la compañía postal y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa.

Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 52 años) asumió la presidencia de la SEPI en 2018, tras la investidura de Sánchez, y fue cesado un año y cinco meses después. Posteriormente, solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo de Servinabar, una de las empresas vinculadas al caso Cerdán, estando en esa función desde 2021 hasta 2023. La indagación que involucra al ex secretario de Organización del PSOE ha revelado que Cerdán poseía presuntamente un 45% de esa sociedad, la cual conseguía contratos públicos mediante supuestos amaños, perpetrados desde el Ministerio de Transportes.

Fuentes cercanas a Fernández indican que su asesoría a Servinabar era directa para el propietario de la empresa, Joseba Antxon Alonso, y se enfocaba en encontrar socios y obras privadas en la Costa del Sol. Por dicha colaboración recibió un total entre 100.000 y 200.000 euros. Las mismas fuentes apuntan que proporcionó a Leire Díez un piso en el barrio de Salamanca en Madrid para algunas reuniones.

Antes de su etapa en la SEPI, Fernández Guerrero se desempeñó como interventor general de la Junta de Andalucía, el principal organismo de control interno y contabilidad de la administración andaluza. También fue secretario general de Innovación, Industria y Energía en esa comunidad autónoma entre 2012 y 2016 y ocupó puestos de secretario en consejos de administración de empresas públicas como la Empresa Pública de Gestión de Activos, la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, y Cartuja 93.

Fernández, abogado de la Junta de Andalucía, se graduó con el número uno de su promoción. Fuentes próximas a él en su etapa en Andalucía destacan su enorme ambición profesional, gran capacidad técnica y amplios contactos con el ámbito empresarial y de la administración.

El exdirectivo estuvo imputado en un caso de la Audiencia de Sevilla referente a la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que fue absuelto junto con otros 15 acusados. En julio pasado, compareció en la comisión parlamentaria del Senado que investiga el caso Cerdán, pero se acogió a su derecho a no declarar.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a las detenciones afirmando que se ha arrestado a una “fontanera” de Sánchez y a un “estrecho colaborador” de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Así no se puede seguir, @sanchezcastejon”, ha twitteado. Previo a esto, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, aseguró que “con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas”, refiriéndose al final de la legislatura, una fecha que el presidente Sánchez ha insistido en que se cumplirá. “A este ritmo de detenciones, probablemente las cárceles se queden pequeñas”, añadió la portavoz popular. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, dentro de Sumar, socio minoritario del Gobierno, Enrique de Santiago, ha relacionado las detenciones con un asunto de particulares. “Desgraciadamente, existen problemas de corrupción. Nosotros hemos manifestado claramente cómo interpretamos este problema. Todo lo que atañe a personas particulares es de carácter privado. Cuando se cruce la línea y lo que surja implique financiación a un partido, eso ya es otro asunto, por supuesto”, afirmó.

Con información de Óscar López-Fonseca y J J Gálvez.