Los tribunales de Castilla y León disminuyen los litigios en más del 5% en un año y resuelven más casos de los que reciben.

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Mientras el conjunto nacional se alivia ante una disminución del 3,2% en los nuevos casos judiciales, Castilla y León avanza aún más.

Los tribunales de la Comunidad no solo han recibido menos asuntos en 2024, sino que también han resuelto más de los que han sido ingresados, logrando reducir la carga pendiente en un 3,9%.

Este hecho resalta en el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), posicionando a la Comunidad como un modelo de gestión judicial efectiva en un año de alta presión penal a nivel nacional.

A nivel nacional, se registraron 7.550.806 nuevos asuntos, un 3,2% menos que en el año previo. Las resoluciones alcanzaron los 7.437.033, un incremento del 2%, pero la carga pendiente creció un 3,4% hasta los 4.673.596 casos en curso. La tasa de litigiosidad se estableció en 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Siete comunidades sobrepasaron esa media: Canarias (202,06), Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160,04), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

En contraste, Castilla y León se posiciona por debajo de la media, con 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes, más de un 5% menos que en 2024, donde su tasa fue de 146,89 asuntos, muy por debajo del promedio nacional del año anterior, que fue de 160,41.

Su perfil es más bajo, reflejando una sociedad menos inclinada a litigar y una justicia que maneja mejor los conflictos antes de que lleguen a la corte.

En este contexto nacional, los 243 órganos judiciales de Castilla y León culminaron el año con estadísticas que invitan al optimismo.

Recibieron 333.864 nuevos casos, un 5% menos que en 2024, y resolvieron 341.005, lo que supone un aumento del 2,2%. Lo más destacable: los asuntos pendientes al 31 de diciembre disminuyeron de 177.080 a 170.240, un descenso del 3,9%.

Esto implica que la región resolvió más asuntos de los que ingresaron, aliviando la carga de casos pendientes. La tasa de resolución global se situó en 1,02, lo que indica que por cada asunto ingresado, los tribunales despacharon 1,02.

La tasa de pendencia se mantuvo en un envidiable 0,50, y la de congestión en 1,50. Estas cifras, de acuerdo con las definiciones del CGPJ, colocan a Castilla y León en una “situación mejor” que la media nacional.

La estrella de la eficiencia

La jurisdicción civil se destacó en el positivo desempeño regional. Entraron 144.659 nuevos asuntos, un 12,9% menos que en 2024, resolviéndose 159.435, un 6,3% más. La pendencia cayó un 15,1%, de 102.123 a 86.731 casos.

En términos prácticos, los juzgados de primera instancia, familia, mercantil y las secciones civiles de las audiencias provinciales trabajaron más rápidamente que la entrada de casos. La tasa de resolución civil alcanzó 1,10.

Es decir, resolvieron un 10% más de lo que recibieron. Familias que esperan divorcios o custodias, empresas que exigen deudas o herencias que se desbloquean: miles de ciudadanos de Castilla y León notarán este alivio en su vida cotidiana.

Por otro lado, la jurisdicción penal sigue la tendencia nacional. Se ingresaron 156.795 asuntos, un 3,9% más que en 2024. Se resolvieron 150.345, prácticamente igual que el año anterior (-0,2%).

La pendencia aumentó un 14,7%, hasta 58.912 casos.

El incremento en la criminalidad y la complejidad de los procesos (más diligencias, pruebas digitales y recursos) explican este aumento, coincidiendo con la tendencia nacional (+1,4% de ingreso y +11,7% de variación en pendencia).

Aun así, la tasa de resolución penal se mantuvo en 0,96, y los juzgados de instrucción, penal y de vigilancia penitenciaria gestionaron altos volúmenes sin colapsarse.

La jurisdicción contencioso-administrativa, con menor volumen (7.362 nuevos asuntos, +2,7%), resolvió 7.119 (-9,5%) y vio un aumento en la pendencia del 5,5%.

En el ámbito social (25.048 nuevos ingresos, -8,2%) se resolvieron 24.106 (-4,9%) y se incrementó ligeramente la pendencia (+4%). Son áreas donde la litigiosidad laboral y administrativa se mantiene contenida, aunque la resolución continúa siendo un desafío.

Cómo se resuelven los casos

No todas las resoluciones concluyen con una sentencia formal. De los 341.005 casos despachados en Castilla y León, 102.003 terminaron en sentencia (un 2,7% más que en 2024), 150.034 en auto y 79.291 en decreto.

En la jurisdicción penal, sobresalen los autos (93.556), típicos en fases de instrucción o medidas cautelares. En civil, el predominio de los decretos (57.670) refleja la agilidad en procedimientos monitorios o de menor cuantía.

La tasa global de sentencias fue del 30%, indicando que una de cada tres resoluciones requiere un juicio completo con contradicción y una motivación profunda. Además, la ejecución de sentencias —el momento en que se hacen efectivas las resoluciones— también muestra buena salud.

Se registraron 62.705 ejecuciones, resolviéndose 57.665. Quedaron pendientes 141.097, un volumen manejable comparado con el total de asuntos resueltos.

Reducción de la pendencia

El informe del CGPJ también detalla por tipo de órgano. Por ejemplo, los 42 juzgados de primera instancia civil redujeron la pendencia en un 25,1% y aumentaron las sentencias en un 10,5%.

Los 22 juzgados de instrucción penal, por el contrario, vieron crecer la pendencia un 15,3%, pero mantuvieron una casi total tasa de resolución. Los 25 juzgados de lo social lograron una tasa de resolución de 0,99, muy cerca del equilibrio.

Mientras que en el conjunto del país la pendencia creció un 3,4% —particularmente por el impulso penal—, Castilla y León la redujo un 3,9%.

Su tasa total de resolución (1,02) supera la media nacional. Su tasa de pendencia (0,50) es una de las más bajas. Y su tasa de congestión (1,50) indica que el sistema no se encuentra saturado.

Con 333.864 nuevos asuntos comparados con los 7,55 millones a nivel nacional, la región representa solo el 4,4% del total, un peso inferior al que le correspondería por población, reforzando la idea de una litigiosidad moderada. Este dato no es casual.

La evolución interanual indica que la comunidad partió de un exigente 2024, donde la pendencia inicial creció un 10,8%, pero ha sabido hacer frente a este desafío.

Los jueces y magistrados, apoyados por la Oficina Judicial y las herramientas tecnológicas impulsadas por el CGPJ, han incrementado su productividad. El informe lo respalda con datos concretos.

Un futuro con retos pendientes

A pesar del balance positivo, los retos son evidentes. El incremento en la pendencia penal requiere más recursos en instrucción y ejecución de penas. La congestión en algunos órganos de lo social y contencioso-administrativo sigue superando 1,7.

Y la tasa de sentencia del 30% global indica que aún hay espacio para resolver más casos sin necesidad de juicio completo, mediante mediación o procedimientos abreviados.

Sin embargo, el mensaje de 2025 es claro: Castilla y León ha logrado lo que muchos territorios anhelan: resolver más casos de los que ingresan y aligerar la carga de asuntos pendientes.

En un año donde la Justicia en España ha disminuido la entrada de asuntos, pero no ha podido detener por completo el aumento de la pendencia, la región se posiciona como un modelo de buena gestión judicial.

Los ciudadanos de Castilla y León pueden observar sus juzgados con mayor confianza.

Los datos son claros: en 2025, la Justicia de Castilla y León ha superado la media nacional. Ha llegado menos, ha resuelto más y ha dejado menos casos pendientes. Y eso, en un sistema judicial frecuentemente criticado por su lentitud, merece reconocimiento.