Madrid acusa a Montero de desinformar y utilizar los fondos para respaldar a Sánchez.

Madrid no titubea al evaluar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, lo que reaviva la tensión entre Sol y Moncloa. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha comparecido hoy con un mensaje contundente: “La señora Montero está mintiendo”. Albert sostiene que la propuesta no es un esfuerzo de diálogo, sino el resultado de un acuerdo ya establecido con el independentismo catalán. Como evidencia, menciona la reunión previa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, así como los casi 4.700 millones adicionales que se han prometido a Cataluña junto con la implementación del principio de ordinalidad, un principio que, según Albert, no se aplicará a Madrid.

Madrid expresa su descontento porque el Gobierno no solo está pactando con los independentistas, sino que, además, está amenazando a aquellas comunidades que no se adhieran a su marco fiscal. Albert tiene claro que el nuevo sistema, tal como está diseñado, “afecta negativamente a los madrileños” y proporciona más recursos para sostener lo que ella denomina una “fiesta independentista”. Además, Madrid contará con aproximadamente la mitad de los recursos que Cataluña para financiar servicios públicos, lo que considera un agravio enmascarado con cifras «infladas». En este sentido, la consejera aclaró que los más de 2.500 millones anunciados para Madrid en 2027 no son reales, ya que muchos de esos fondos llegaban por otros métodos, fuera del sistema, a través de impuestos que el Gobierno presentó como temporales y que ahora consolida.

El discurso se tornó aún más enérgico al comparar la situación con la condonación de deudas: «es lo habitual, como en el Día de la Marmota, lo hemos vivido antes. Esto ocurrió exactamente con la condonación, que era un acuerdo que tenían con ERC, y luego, para que las demás comunidades autónomas no se quejaran, solo nos dieron las migajas. Lo repetimos porque la señora Montero sigue las órdenes de su superior, y para seguir ocupando La Moncloa unos días más, tiene que cumplir con el independentismo», subrayó.

La consejera dejó claro que Madrid asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que debate este asunto. Por eso, denunció el orden de los acontecimientos: primero se establece el pacto político, luego se da la rueda de prensa y, finalmente, se discute en el órgano autonómico, casi como un trámite. A su modo de ver, este método despoja al debate entre comunidades de su contenido y convierte la financiación autonómica en un instrumento de cambio parlamentario.

Albert advirtió que no aceptará «bajo ningún concepto» que a los madrileños se les asigne menos recursos para servicios públicos que a cualquier otro español. «Y no permitiremos que ningún español reciba menos recursos para servicios públicos que aquellos que tiene un español independentista, porque eso es inaceptable», sentenció.

Sin embargo, la consejera madrileña también aclaró que todo esto son «fuegos de artificio». «Ellos son conscientes de que esto debe pasar por el Congreso y ser aprobado. Y, así como saben que no tienen los apoyos para aprobar los Presupuestos, tampoco los tienen para modificar una ley orgánica tan relevante como la LOFCA».

Una «oportunidad histórica»

En respuesta a esta ofensiva, el Gobierno presentó su propio relato desde la Delegación en Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Madrid, defendió el modelo como una “oportunidad histórica” tras 17 años de un sistema obsoleto. Según sus datos, la propuesta incrementa de manera significativa los recursos disponibles para todas las comunidades y fortalece principios como la solidaridad interterritorial, la corresponsabilidad fiscal y la transparencia.

En el caso específico de Madrid, el delegado insistió en que la región se beneficiaría: 2.555 millones de euros más en 2027, un 9% adicional de presupuesto y la posibilidad de potenciar de manera decisiva los servicios públicos. En su empeño por defender el modelo y explicar sus ventajas, ofreció ejemplos en Sanidad, educación, universidades, vivienda o atención primaria sobre lo que se podría lograr con esos fondos. Incluso resaltó que Madrid pasaría a ser la segunda comunidad con mayor financiación por habitante ajustado, descartando cualquier agravio comparativo.

Pero el mensaje de Martín no solo se basó en cifras. La clave, según afirmó, no es cuánto dinero llega, sino cómo se utiliza. Y ahí planteó dudas que tensaron aún más la relación entre ambas administraciones, ya que, en su opinión, si los recursos aumentan y los servicios públicos no mejoran, la responsabilidad recaerá no en el sistema, sino en su gestión, según explicó.