Madrid clausura 3.053 alojamientos turísticos en 2025, pero sigue permitiendo miles de ilegales | Noticias de Madrid.

En el contexto de la crisis de vivienda y la turistificación en Madrid, se observa un cambio: hasta 3.053 viviendas turísticas fueron dadas de baja del registro correspondiente en 2025, según la información proporcionada por el gobierno a la Asamblea. Este dato no es trivial. Se encuentra en el centro de otra estadística: Madrid encabeza la disminución de este tipo de usos en toda España entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INE, que se basan en información de las principales plataformas de alquiler y que aún no permiten comparar periodos homologables en esta actividad estacional (por ejemplo, de mayo a mayo). Como resultado, Madrid se enorgullece de que el número de viviendas de uso turístico registradas ya es comparable al de 2018, con 9.749. Es como si una burbuja hubiera estallado. No obstante, el problema real radica en las viviendas turísticas no registradas. Las ilegales. Estas afectan las opciones del mercado de alquiler y provocan un aumento de precios. En julio, apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el censo obligatorio. Y este enero, Exceltur, que agrupa a 29 grandes empresas del sector turístico, estimaba que “solamente en Madrid hay más de 16.000″ pisos turísticos sin licencia.

“El PP de Ayuso ha permitido durante años que miles de pisos turísticos ilegales operaran en medio de la crisis habitacional”, señala Javier Guardiola, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, quien preguntó al gobierno sobre estos datos. “La señora Ayuso ha contribuido a la expulsión de vecinos de sus hogares, destruyendo barrios céntricos en beneficio de unos pisos turísticos que no deberían haber estado funcionando desde el principio”, continúa. “Gracias al Gobierno de España, la prioridad ahora es el uso residencial de las viviendas y solucionar la crisis habitacional que estamos enfrentando, mientras la señora Ayuso se enfoca en que unos pocos tengan un negocio lucrativo”, argumenta. “Hoy vemos que esos negocios han dejado de engañar a la gente y han comenzado a regresar al mercado residencial”.

Guardiola se refiere al nuevo registro estatal de alquileres de corta estancia impulsado por Europa, en el que la inscripción es obligatoria, y que ha rechazado a decenas de miles de viviendas desde su implementación efectiva, a mediados de 2025, según datos del ministerio de Vivienda. En teoría, si los portales digitales cumplen con su parte, esto habría impedido el alquiler de esos inmuebles por días o semanas.

“Todo el mundo sospecha que el cierre de esas viviendas está más relacionado con las acciones del Ministerio de Pablo Bustinduy y su presión a las plataformas que con cualquier actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid”, amplía Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, en referencia al titular de Derechos Sociales y Consumo, cuyo departamento detectó en marzo del año pasado que apenas un 6,9% de los anuncios de viviendas turísticas en plataformas digitales para Madrid correspondían a alojamientos con licencia.

Ante este panorama, el ministerio cruzó esa información con los 1.131 permisos de funcionamiento para esta actividad concedidos por el Ayuntamiento de Madrid —dentro del Plan Reside, presentado en noviembre de 2024—. La conclusión fue que existían, al menos, 15.204 viviendas vacacionales que operaban al margen de la ley por falta de licencias. Consumo, en consecuencia, pidió al Ayuntamiento que eliminara los anuncios que infringen la normativa en plataformas como Airbnb o Booking, para poner fin a esta actividad irregular de viviendas sin licencia pública.

“Suena a chiste”, lamenta Padilla sobre cómo la Comunidad celebra la reducción de viviendas turísticas registradas. “En una región con más de 15.000 pisos turísticos ilegales conocidos, la Comunidad de Madrid no supera el millar de inspecciones”, continúa acerca de las 993 inspecciones realizadas por la Comunidad entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2025. “Se podría decir que de algún modo fomentan la ilegalidad. La falta de acción y el abandono a los vecinos son características del gobierno regional”, opina. “Es sonrojante que el Gobierno de Ayuso se atribuya el cierre de 3.000 viviendas, al mismo tiempo que reconoce que no ha sido capaz de cerrar ninguna directamente y que lo ha dejado todo en manos de la autorregulación”, concluye, aludiendo a una respuesta parlamentaria en la que la Administración admite que la mayoría de las viviendas de uso turístico se dan de baja del registro cuando inicia un procedimiento sancionador, sin que este culmine en una sanción.

Multas

Por ejemplo, desde enero de 2024 hasta mediados de 2025, no hubo ninguna sanción por reincidencia, según datos enviados por la Administración regional al Parlamento autonómico. Y en los diez años anteriores hasta febrero de 2024, la suma de sanciones autonómicas apenas alcanzó los 690.118 euros. En cambio, lo que ha hecho el Ayuntamiento de la capital, donde se concentra la mayoría de viviendas de uso turístico de la región, es diferente. Durante 2024, la Agencia de Actividades impuso 92 sanciones a pisos turísticos sin la licencia obligatoria. De estas sanciones, 89 fueron por un valor de 30.001 euros cada una y las otras tres por un valor de 60.001 euros, por reincidencia. En total, 2.850.092 solo en ese año, en el que se modificó la normativa para elevar la multa mínima de 1.000 a 30.000 euros. Esta dinámica se ha mantenido en 2025, según el gobierno municipal, con cientos de multas que pueden llegar, en teoría, y por reincidencia, hasta los 100.000 euros.

Lo cierto es que la reducción de viviendas para alquiler turístico tiene muchos responsables. Porque también la Comunidad de Madrid se considera protagonista del descenso y lo atribuye a su actividad de inspección.

“El Plan de refuerzo del control de la actividad de las viviendas de uso turístico que fue implementado en junio de 2024 por la Comunidad de Madrid ha dado resultados satisfactorios”, asegura un portavoz gubernamental, aunque el récord de viviendas de uso turístico se alcanzó precisamente después de esa fecha (22.435 en agosto de 2024, según la serie del INE que comienza en 2020). “Esto ha llevado a que el número de viviendas de uso turístico registradas en la Comunidad de Madrid se sitúe en niveles de 2018, cuando empezó a expandirse este fenómeno”, prosigue sobre las 9.749 que ahora tiene registradas la región, un 58% menos que en el pico de 2022, según este portavoz. “También es importante señalar que el INE estima que en la Comunidad de Madrid hay 18.555 viviendas de uso turístico, que representan 71.295 plazas de alojamiento. Esta cifra se ha reducido desde las últimas mediciones (noviembre de 2024 y mayo de 2025) en un 10,6%, liderando la caída entre todas las comunidades autónomas turísticas”.

La estadística del INE calculó 18.555 viviendas de uso turístico en la Comunidad para mayo de 2025. Pronto se conocerá la segunda oleada de ese estudio para el año pasado, con corte en noviembre. Esta será la oportunidad para evaluar el efecto total de la baja de 3.053 viviendas con este uso en 2025, y más de 4.200 desde 2024.