Madrid compensará con 215.000 euros a una mujer que no recibió información sobre el resultado de un test y desarrolló cáncer, quedándose además sin posibilidad de tener hijos.

Siete años de silencio cambiaron su vida para siempre. En enero de 2015, esta mujer de 28 años, cuyo nombre ha sido ocultado en la documentación consultada por EL PAÍS, fue al centro de salud Padre Benito Menni de Ciempozuelos (26.000 habitantes, Madrid) para hacerse una citología vaginal. Se detectaron hongos. Lo que no le comunicaron fue que el análisis también mostró “células escamosas atípicas de significado incierto”. En julio de ese mismo año, un segundo análisis confirmó su miedo: la paciente tenía el virus del papiloma humano (VPH) con genotipos de alto riesgo. Nadie se puso en contacto con ella. Nadie la alertó sobre la posibilidad de desarrollar cáncer. Tampoco la advirtieron sobre la necesidad de pruebas complementarias, como una colposcopia. Siete años después, ese silencio llenó su vida de estruendo.

El aviso fue la sangre. La señal de alarma, el dolor en la fosa ilíaca derecha. Luego llegó el diagnóstico: adenocarcinoma de 5,5 centímetros. Cáncer. Una operación “radical” en el hospital Infanta Elena le dejó sin posibilidad de tener hijos biológicos. Quimioterapia. Radioterapia. A los 35 años, le esperaba un infierno, según su relato detallado: las secuelas vasculares la obligan a tomar un anticoagulante de sangre el resto de su vida; sufre arterioesclerosis en las extremidades; dolor neuropático en la pierna izquierda; linfedema; aumento de peso por la menopausia precoz… incluso se le reconoció la baja por incapacidad temporal en su trabajo.

Este 2026, la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid dictaminó que debía ser indemnizada con más de 215.000 euros.

“La Comunidad de Madrid ha cumplido con toda la tramitación administrativa”, comenta un portavoz de la consejería de Sanidad, encabezada por la doctora Fátima Matute, sobre el pago de la indemnización. “Aún no hemos recibido la comunicación del seguro que acredite el pago, por lo que asumimos que aún no se ha realizado”, precisa este interlocutor.

Así, la Comunidad de Madrid cuenta con un robusto seguro para enfrentar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en su sistema de salud. Durante 2024 se presentaron 623, según los datos oficiales más recientes. A nivel administrativo, es decir, sin llegar a los tribunales, se cerraron un total de 644, debido a que se resolvieron algunas de años anteriores. Estos datos ocultan verdaderas tragedias bajo la fría estadística.

Son madres que pierden a su bebé durante el parto y no pueden tener más hijos biológicos. Niños que acuden a urgencias con un brazo roto y terminan en la unidad de cuidados intensivos tras recibir una dosis de sedante para un adulto de 130 kilos. Pacientes con gasas olvidadas en el cuerpo tras una operación, o costillas erróneamente extirpadas.

Estos casos son estadísticamente irrelevantes en un sistema con millones de intervenciones médicas acertadas y seguras. Sin embargo, suponen un drama irreversible para quienes lo viven y sus familias.

Cuando se publique la próxima memoria del servicio regional de salud, este caso aumentará la estadística de responsabilidades patrimoniales asumidas. Pero para que esto suceda, la recurrente ha tenido que atravesar un calvario en forma de extenso proceso administrativo de varios años, debido a la complejidad del caso, que requirió múltiples informes. Sin embargo, cuando estos llegaron, no quedó ninguna duda. Tenía razón.

Así lo reconoció la Inspección Sanitaria. “A la paciente no se le proporcionó una adecuada información verbal, incluyendo diagnóstico, pronóstico, alternativas, riesgos y beneficios”, se menciona en su informe. “No se siguieron los protocolos de actuación ante una citología ASCUS que presentaba la paciente, que exigía realizar colposcopia y un seguimiento apropiado en una citología patológica en 2015 con HPV (+) de alto riesgo, lo que resultó en un retraso en el diagnóstico de adenocarcinoma de cérvix infiltrante”.

Vacuna y detección precoz

La aseguradora del Sermas se expresó en la misma línea. “En este caso, la paciente no fue notificada, y no se realizaron las pruebas indicadas, como la colposcopia, para detectar y prevenir el adenocarcinoma de cérvix”, admite. “Al no seguir un seguimiento, no se recomendó tratamiento preventivo como la vacunación contra el virus del papiloma y no se eliminaron factores de riesgo como el uso de anticonceptivos orales, entre otros”, añade. Y resalta: “Si se hubiera hecho un seguimiento adecuado, podría haberse detectado en una etapa más temprana (…) y en ese momento la lesión podría haber sido tratada de forma conservadora mediante ablación o conización uterina”.

Esos dos análisis condujeron a la conclusión inevitable de la Comisión Jurídica Asesora: “Se ha evidenciado el funcionamiento anómalo del servicio sanitario (…) La paciente no fue informada sobre su alto riesgo de padecer una enfermedad oncológica, lo que impidió su control y tratamiento temprano, derivando en un proceso cancerígeno en una etapa avanzada”.

Por todo ello, este organismo concede una indemnización superior a 215.000 euros a la recurrente. Aunque, sin duda, ninguna cantidad podrá sanar la herida abierta por aquel aviso que nunca llegó a la paciente.