Madrid fortalece la mediación comunitaria mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento y los Administradores de Fincas.

El Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) han firmado un convenio de colaboración con el propósito de promover la mediación como una herramienta eficaz para resolver conflictos comunitarios de manera pacífica y eficiente. La firma tuvo lugar el 25 de noviembre, y estuvo liderada por Inmaculada Sánchez-Cervera, coordinadora general de la Alcaldía, y Manuela Julia Martínez, presidenta de CAFMadrid.

El objetivo del acuerdo es desarrollar proyectos, programas y actividades destinadas a impulsar y difundir la mediación entre los administradores de fincas colegiados, quienes, en su labor diaria, gestionan numerosos conflictos vecinales que, en ocasiones, se vinculan a procesos administrativos municipales.

Mediación para reducir la carga administrativa y fomentar la convivencia

El Ayuntamiento enfatiza que la derivación anticipada de conflictos hacia un proceso de mediación permite disminuir la presión sobre los servicios jurídicos, sociales y administrativos municipales, optimizando recursos y acelerando la gestión. La mediación también ayuda a fortalecer el diálogo, la participación ciudadana y la cohesión social, consolidándose como un instrumento valioso en la creación de entornos urbanos más armoniosos.

Desde 2023, Madrid dispone de su propia Oficina de Mediación, un servicio público innovador que ha mostrado resultados significativos. Solo en 2024, se gestionaron 130 procesos de mediación, de los cuales 84 fueron finalizados, y 71 concluyeron con éxito. En total, la oficina ha atendido 342 casos y ha realizado más de 400 actuaciones.

Un compromiso alineado con directrices nacionales e internacionales

La firma de este convenio con CAFMadrid es parte de la estrategia municipal de modernizar los servicios públicos e impulsar métodos alternativos para la resolución de conflictos. El Ayuntamiento subraya que esta colaboración se adapta a las directrices nacionales e internacionales que promueven una administración inclusiva, innovadora y centrada en el servicio público, donde la mediación es considerada una herramienta fundamental.

El acuerdo también implica un reconocimiento al papel de los administradores de fincas como actores esenciales en la convivencia vecinal y como intermediarios entre las comunidades y la administración local.