Madrid impone una multa de 355.000 euros a una empresa señalada por no solventar 1.000 «incidencias críticas» en viviendas del estado | Información de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impuesto una sanción de 355.000 euros a la empresa Fatecsa Obras, acusándola de haber ignorado “incidencias críticas” en viviendas públicas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS). Estas incidencias afectan a instalaciones de gas y calderas; redes eléctricas; “elementos básicos de habitabilidad”; y “fugas de agua reiteradas que implican riesgo para la salud”. Así está documentado en informes a los que tuvo acceso EL PAÍS, que detallan la acumulación de más de 1.000 órdenes de reparación no atendidas en los pisos que la administración autonómica destina a la población más vulnerable. La empresa, que cuenta con varios contratos con administraciones madrileñas, no ha presentado alegaciones, según señala la Comunidad de Madrid, que ha decidido rescindir el contrato al considerar que la acumulación de incumplimientos es “grave” y “pone en riesgo la habitabilidad y seguridad de las viviendas de la AVS”.

Hace poco más de un mes, Madrid adjudicó por 2,4 millones de euros un contrato que debía llevarse a cabo “con carácter de emergencia” para solucionar las incidencias acumuladas en viviendas públicas. La empresa encargada de las reparaciones, Servihogar Gestión 24 Horas S.L., se enfrenta a un problema de gran envergadura: un millar de incidencias que no se habían atendido durante meses por la empresa responsable, muchas de las cuales representan “riesgos inminentes para los residentes”, según se detalla en documentación pública.

La lista de irregularidades que menciona la Comunidad de Madrid es extensa y sirve de base para una decisión significativa: utilizar los pagos pendientes de la empresa y la garantía de 243.925 euros que esta ha depositado para compensar los 355.610 euros que calcula la administración corresponden a daños y perjuicios sufridos.

Así, Madrid estima que la no realización “de urgencia” de la instalación de 80 calderas en viviendas de la AVS implica un coste de 200.000 euros. Las 1.024 incidencias pendientes se valoran en 107.520 euros, y las 314 órdenes de trabajo sin ejecutar, en 32.970 euros. Por último, el tiempo y esfuerzo requeridos por los técnicos regionales en 144 incidencias se calcula en 15.120 euros.

La AVS gestiona 25.000 viviendas. Su labor es muy compleja, ya que debe garantizar el uso adecuado de inmuebles esenciales para la población más vulnerable de la región más rica de España, así como prevenir el deterioro, mal uso o la ocupación ilegal de estas propiedades. En medio de esto, su misión es asegurar que las viviendas estén en óptimas condiciones, ya que cada propiedad deshabitada representa una oportunidad perdida para quienes más lo necesitan.

Alcanzar este último objetivo ha sido problemático durante meses, a pesar de haber licitado un contrato por más de cinco millones de euros con el objetivo de atender las incidencias que surjan en las viviendas.

El 21 de enero, como informó este diario, la Subdirección General de Proyectos y Obras solicitó la rescisión del contrato al detectar “reparaciones mal ejecutadas”; “realización sesgada de los trabajos”; falta de personal; un servicio de urgencias inoperativo; “retrasos sistemáticos” en la atención; y “una falta de atención continua a correcciones ordenadas por técnicos de la AVS”. Según la Comunidad de Madrid, “la desatención de más de 1.000 avisos en inmuebles públicos no solo representa una demora cuantitativa, sino una quiebra de la continuidad del servicio público”.

Otros proyectos

La empresa, actualmente conocida como FTC Obras, está registrada en un fichero de morosidad, al que ha accedido este diario, y en los últimos tres años ha sido adjudicataria de varios proyectos significativos en la región, además de encargarse de las incidencias en viviendas públicas y en la capital.

Entre estos, la compañía ganó uno de los lotes para reparar el deterioro de bienes públicos en varias áreas de Madrid —Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal y Hortaleza— por un total de 16,8 millones de euros, cuya situación está ahora en cuestión. Además, fue la responsable de construir, mediante una licitación de urgencia, un centro de acogida para personas sin hogar en El Cañaveral.

El mes pasado, el Ayuntamiento intentó cancelar el contrato con la constructora para este proyecto debido a una serie de incumplimientos en los plazos, conforme a un informe de la corporación municipal, y por impagos a las empresas subcontratadas para realizar diversas tareas, como el transporte de materiales. Cuatro empleados de estas compañías, en su mayoría pequeñas empresas familiares, relataron a este periódico que tenían diversos proyectos en marcha con FTC Obras y que no habían recibido pago alguno hasta ese momento por los servicios prestados.

Los impagos, relataron, comenzaron en diciembre y desde entonces han presenciado cómo varias obras en las que trabajaban se paralizaban, como es el caso del centro de acogida de 150 plazas, la promoción de casi 90 viviendas protegidas en el distrito de Villaverde o un ambulatorio en Villaviciosa de Odón. A esta lista de proyectos adjudicados se suman 90 viviendas con protección pública para alquiler en Villa del Prado (casi 17 millones de euros) y otras 164 en El Cañaveral, impulsadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

Este diario se puso en contacto con la empresa, que no había respondido a la solicitud de información al momento de la publicación de este artículo.