Más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitan al Congreso de EE. UU. que detenga la iniciativa militar de Trump en el Caribe | Internacional

Más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando detener la creciente escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las reiteradas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. También, “ante el creciente riesgo de guerra” en la región, ocasionado por operaciones que han destruido al menos cuatro lanchas procedentes de Venezuela, acusadas por el ejército de traficar drogas. Desde el inicio de esta ofensiva a principios de septiembre, estos ataques han resultado en la muerte de 21 personas, según información proporcionada por la Casa Blanca.

“El Gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado evidencia que respalde sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, se argumenta en la carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, habrá más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y sin límites con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas sería probablemente devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la carta se encuentran organizaciones civiles, religiosas y de defensa de derechos humanos, así como sindicatos y centros de análisis de política exterior.

De acuerdo con estas ONG, los ataques violan la Ley de Poderes de Guerra, una normativa de 1973 que establece que para que el presidente pueda movilizar el ejército debe haber “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional provocada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que esas condiciones “claramente no se han cumplido”, y piden al Congreso que haga “respetar sus atribuciones para declarar una guerra” y que condene “esos ataques ilegales”.

Una nueva fase

Exigen también que Trump, quien el pasado domingo insinuó que la ofensiva estaba a punto de entrar en una nueva fase, por tierra, asuma “plena responsabilidad” por estos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto también solicita que se “compense a sus familias”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región”, y que se detenga el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso para informar que el país había entrado en una guerra “no internacional” con los carteles de drogas, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque, a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca en una carta aclaraciones sobre la legalidad de los ataques y le recordó que el Congreso debe otorgar permiso al presidente para autorizarlos.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano a la que asegura que pertenecían las narcolanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. Además, la Casa Blanca acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa, hasta 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros), a quien ofrezca información que conduzca a la captura de Maduro.

Según las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela desempeñan “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] indican que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos transitan por Venezuela”, menciona el texto enviado al Congreso.

La misiva llega al Capitolio en medio de la crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado atascado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para reanudar la financiación de la Administración.

A pesar de ello, la minoría demócrata en la Cámara Alta espera forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Es una iniciativa de Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia) que estaba prevista para este miércoles. En el improbable caso de que se apruebe, impedirá que las fuerzas armadas estadounidenses realicen operaciones militares contra organizaciones no estatales hasta que el Congreso las autorice formalmente.