Más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitan al Congreso de EE. UU. que detenga la intervención militar de Trump en el Caribe | Internacional

Este miércoles, más de 60 ONG hicieron llegar al Congreso de Estados Unidos una carta solicitando que se detenga la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresaron su “preocupación por las repetidas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. Asimismo, mencionaron el “creciente riesgo de guerra” en la región, impulsado por operaciones que han destruido al menos cuatro embarcaciones provenientes de Venezuela, acusadas por el ejército de implicarse en el tráfico de drogas. Según la información proporcionada por la Casa Blanca desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre, estos ataques han dejado un saldo de 21 muertos.

“El Gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, expone la carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Nos preocupa que, si el Congreso no actúa con firmeza, se desencadenen más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y sin límites con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas serán probablemente devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la carta se encuentran organizaciones civiles, religiosas y defensores de los derechos humanos, así como sindicatos y centros de estudio sobre política exterior.

De acuerdo con estas ONG, los ataques violan la Ley de Poderes de Guerra, normativa de 1973 que estipula que para que el presidente movilice el ejército, debe existir “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional ocasionada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que esas condiciones “claramente no se han cumplido”, y piden al Congreso que haga “valer sus facultades para declarar una guerra” y que condene “estos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También solicitan que Trump, quien insinuó el pasado domingo que la ofensiva está a punto de entrar en una nueva fase, por tierra, asuma “plena responsabilidad” por estos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto también demanda que se “compense a sus familiares”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para tratar el narcotráfico en la región” y que se detenga el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso comunicando que el país ha entrado en una guerra “no internacional” contra los carteles de la droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca, a través de una carta, aclaraciones sobre la legalidad de los ataques y recordó que es el Congreso el que debe autorizar al presidente para llevar a cabo estas acciones.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela a la que asegura pertenecían las narcolanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. La Casa Blanca también acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal enfocada en el narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa a cualquier persona que pueda aportar información que conduzca a la captura de Maduro, llevándola a 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros).

De acuerdo con las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela juegan “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] indican que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos pasan por Venezuela”, señala el texto enviado al Congreso.

La misiva llega al Capitolio en medio de la crisis generada por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado atascado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para restablecer la financiación de la Administración.

No obstante, se espera que la minoría demócrata en la Cámara Alta presione para forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Esta iniciativa, liderada por Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia), estaba programada para este miércoles. En el improbable caso de que sea aprobada, impediría que las fuerzas armadas estadounidenses lancen operaciones militares contra organizaciones no estatales hasta que el Congreso las autorice formalmente.