Milagros Tolón, ministra de Educación: “No es aceptable que se ofrezcan títulos de FP en garajes” | Educación

Milagros Tolón se convirtió en diciembre en la tercera ministra de Educación socialista desde que el PSOE recuperó el poder en 2018. Al igual que su predecesora, Pilar Alegría, cuenta con una conexión con la docencia; Tolón fue profesora de educación de adultos durante 14 años. Además, llega al cargo con una extensa trayectoria política, habiendo sido alcaldesa de Toledo, diputada y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, aunque sin experiencia en la gestión educativa. Por ello, ha dedicado los tres meses que lleva en el puesto a actualizarse y a reunirse con todos los actores de la comunidad educativa. Cercana y accesible, Tolón, de 58 años, recibe a EL PAÍS en el laberíntico edificio de la calle Alcalá de Madrid que alberga la sede del ministerio.

Pregunta. Han pasado cuatro años desde que el Ministerio de Educación presentó el documento 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente y prácticamente no se ha aplicado ninguna. ¿A qué lo atribuye?

Respuesta. Yo llevo muy poco tiempo, 99 días. Sin embargo, en este ministerio se ha trabajado. No solo se han promulgado leyes muy importantes para el sistema educativo español, sino también con toda la comunidad educativa. En concreto, sobre el profesorado se crearon cuatro grupos de trabajo con los sindicatos docentes. Uno de ellos ha regresado con el anteproyecto de reducción de las ratios de alumnos por clase y de las horas lectivas, dignificando al profesorado. Otro grupo, que se reunirá en breves semanas, abordará el inicio de la carrera del profesorado, considerando todo lo necesario para dedicarse a la educación. El tercer grupo se centra en el acceso a la función pública, que es crucial. Y otro esencial es el de la formación a lo largo de la vida, la formación continua. En las próximas semanas se reunirán, ya que es vital dignificar la figura del docente.

P. La primera ministra de Educación del actual Gobierno, Isabel Celaá, emprendió un cambio educativo profundo. ¿Cree que el Ejecutivo llegó a la conclusión de que las reformas en la enseñanza generan desgaste y por eso decidió ralentizarlas después de su salida?

R. Pienso que el Gobierno, en general, genera desgaste. Cualquier ministerio lo hace, pero estamos aquí para gobernar y alcanzar acuerdos. En educación, además de reformar el sistema y fortalecer la enseñanza pública con leyes muy relevantes, como la Lomloe, la de Formación Profesional o la de Enseñanzas Artísticas, se debe considerar la inversión que ha realizado el Gobierno, que ha duplicado el dinero destinado por el anterior del Partido Popular, pasando de 3.291 millones de euros en 2018 a 6.730 en 2025.

P. Si la legislatura llega a su fin, no queda mucho tiempo. ¿Qué ritmo adoptará? ¿Tiene algún plan concreto?

R. Lo primero será avanzar con el proyecto de ley de mejoras para el profesorado, que incluye la reducción de las ratios y de las horas lectivas. Me preocupa también mucho el acoso escolar. Con el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, tenemos casi listo un protocolo que deben seguir los docentes ante casos en todos los centros educativos, y con ello también vamos a reforzar la figura de los coordinadores de bienestar en los centros, duplicando los fondos para su financiación, de 5 a 10 millones de euros. Además, es muy importante el decreto para regular los centros privados de Formación Profesional.

P. La medida más avanzada es la reducción del número máximo de alumnos por clase (a 25 en la ESO y a 22 en Primaria). Esta es muy solicitada por el profesorado, pero algunos expertos cuestionan su efectividad y sugieren que sería mejor destinar el presupuesto a otras medidas educativas. ¿Qué piensa?

R. Cualquier mejora adicional es bien recibida. Sin embargo, hay consenso en la comunidad educativa —padres, madres, profesores, sindicatos, inspectores, Consejo Escolar del Estado— de que la reducción de la ratio mejora la calidad de la enseñanza y, por ende, beneficia la educación de nuestros niños y niñas. Yo también lo creo, a pesar de algunos estudios que sugieren lo contrario.

P. Para que la reducción de ratios se lleve a cabo, necesita mayoría en el Congreso. ¿Confía en obtenerla?

R. Confío en que los partidos con representación en el Congreso apoyen a los casi 800.000 docentes y a los cerca de 8,3 millones de estudiantes en este país. Es una medida que la comunidad educativa está pidiendo, y que cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del Estado, que es el foro de participación educativa.

P. Han anunciado una nueva regulación para los centros de FP privados, cuya matrícula crece el doble de rápido que la pública, a pesar de los 750 millones que el ministerio ha invertido en cuatro años para crear nuevas plazas gratuitas. ¿Qué incluirá esa normativa?

R. Como docente, es un orgullo ver la transformación de la Formación Profesional en este país, que ahora es de excelencia y ofrece una alta inserción laboral. Hemos pasado de tener 750.000 plazas en 2018 a 1.200.000. Al mismo tiempo, se está produciendo un crecimiento desorganizado de la Formación Profesional privada. Por ello, vamos a aprobar un decreto que garantice varios aspectos, incluso en la modalidad online. Los centros deben contar con instalaciones adecuadas y compatibles con los módulos que se imparten. Recibo informes de cursos de FP que se realizan en garajes, lo cual no es aceptable. También es fundamental garantizar las prácticas formativas. Por ejemplo, un auxiliar de odontología o uno de enfermería deben hacer sus prácticas en centros especializados que cuenten con las infraestructuras y materiales necesarios. Esto debe estar garantizado por el centro. De lo contrario, se engaña a los alumnos, quienes no pueden completar su itinerario formativo, y al sistema.

P. ¿Los centros que no cumplan con los requisitos tendrán que cerrar?

R. Deberán cumplir con la normativa, cuyo propósito será asegurar la calidad y prevenir el fraude en la enseñanza privada, especialmente en el ámbito online, que está ocurriendo.

P. El secretario de Estado de Educación anunció en EL PAÍS en octubre de 2024 que el ministerio revisaría al alza los fondos para la enseñanza concertada, como prevé la ley educativa, a cambio de una mayor corresponsabilidad en la matriculación del alumnado vulnerable, pero no se ha concretado. ¿Tiene pensado retomar este tema?

R. Para nosotros, lo más importante, conociendo lo que queda de legislatura, es progresar en la reducción de ratios y en la disminución de las horas lectivas del profesorado. En otros temas, seguiremos trabajando mediante el diálogo y el consenso.

P. El profesorado ha advertido un aumento de posturas machistas, favorables a Franco y lgtbifóbicas entre una parte del alumnado en los centros educativos. En algunos casos, como sucedió recientemente en Mallorca, esto se ha traducido en ataques a docentes. ¿Le inquieta?

R. Por supuesto que nos preocupa. Es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, no solo en España. Por eso es vital fortalecer el Observatorio Estatal para la Convivencia, no solo por los casos de acoso, sino también por las actitudes xenófobas, machistas y clasistas. Es esencial reforzar en las escuelas, donde la diversidad es la nueva norma, la figura del coordinador de bienestar, para detectar estos problemas y, en colaboración con las comunidades autónomas, abordarlos.