Moncloa se opone (en dos frentes) a Madrid por impugnar el decreto de universidades.

No ha tardado en llegar. Y ha venido por partida doble. Desde el Gobierno y desde Más Madrid. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha refutado que la nueva ley que endurece los criterios para la creación de nuevas universidades sea arbitraria y vulnere las competencias autonómicas, como ha señalado la Comunidad de Madrid en el recurso que han presentado ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio han comentado que el decreto es «totalmente transparente y se aprobó con el asesoramiento del Consejo de Estado» y subrayan que fue elaborado con criterios que fueron «cuidadosamente ponderados» ante la «explosión» de universidades privadas que, en algunos casos, no cumplen con los estándares mínimos de calidad en educación e investigación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo, argumentando que la ley infringiría sus competencias autonómicas en materia educativa y «limita sin justificación la libertad de empresa y la creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española».

El Ejecutivo madrileño sostiene que la ley deja «muy poco margen» para que las comunidades puedan regular por su cuenta.

No obstante, el Ministerio dirigido por Diana Morant reitera que el real decreto «no infringe competencias autonómicas, ya que corresponde al Estado definir los principios normativos generales del sistema universitario y garantizar la calidad del mismo en su totalidad».

«Tampoco es cierto que limite injustificadamente la libertad de empresa, ya que respeta el libre mercado, pero lo regula para asegurar la calidad de un servicio de interés general y para proteger al estudiantado y a la sociedad, del mismo modo que existen regulaciones estrictas en sectores como la sanidad o el financiero y energético», argumentan las mismas fuentes.

Para el Gobierno, los criterios son «realistas» y buscan que todas las universidades operativas en España, tanto públicas como privadas, aseguren altos estándares de calidad, sostenibilidad y masa crítica. Además, destacan que la mayoría de las universidades existentes cumplen con ellos y las que no, tendrán tiempo suficiente para adaptarse.

También aclaran que durante el proceso se llevó a cabo una audiencia pública y se recibieron propuestas y alegaciones de más de 68 instituciones, incluyendo casi todas las comunidades autónomas.

Por otro lado, desde el Ministerio indican, con un trasfondo político notable, que «no es ninguna sorpresa que el Gobierno de Ayuso esté en contra de este real decreto, ya que choca con su estrategia de apoyo a la expansión de universidades privadas, sin tener en cuenta su calidad, al mismo tiempo que reduce la financiación de las universidades públicas».

Más Madrid

A su vez, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se «lance de cabeza a defender» a «chiringuitos privados» tras anunciar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto estatal de creación de universidades.

«Lo que es cierto es que cada vez que se le exige un mínimo de calidad a la universidad privada, les resulta muy difícil competir con la calidad de las universidades públicas madrileñas», ha señalado Bergerot a los medios de comunicación al ser cuestionada sobre esta medida del Gobierno regional.