Mónica García demandará a Madrid por no crear el registro de objetores: «Es un acto de insubordinación».


Mónica García, ministra de Sanidad, ha declarado que llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales debido a que no se ha creado el registro de objetores de conciencia requerido por la ley del aborto, lo que representa «una rebeldía a la ley, a la democracia y a las mujeres». Además, se cuestionó «qué le sucede a la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) en contra de las mujeres».

García asistirá este sábado al evento político ‘2 años gobernando’ de Más Madrid junto con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, donde confirmaron que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha establecido el mencionado registro, tras finalizar anoche el plazo proporcionado por el Ministerio.

«Vamos a acudir a los tribunales, iniciaremos los procedimientos para presentar un contencioso administrativo y la señora Ayuso deberá rendir cuentas ante la justicia sobre esa obstaculización, esa rebelión que ha declarado contra la ley, la democracia y las mujeres de la Comunidad de Madrid», declaró García a los periodistas.

La ministra expresó que su primer deseo es que Isabel Díaz Ayuso se recupere de su reciente malestar físico, para luego arremeter contra ella políticamente al acusarla de comportarse «al estilo más puro de Trump» y «declararse en rebelión contra el derecho al aborto de las mujeres» y «obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho».

Señaló que la decisión de la Comunidad de Madrid ignora lo determinado por el Tribunal Constitucional y va en contra de la ley de 2023, la cual subrayó que debe ser cumplida.

«Lo más alarmante es que está yendo en contra del derecho de las mujeres. No entiendo qué le sucede a la señora Ayuso contra las mujeres, no sé cuál es esta cruzada que ha desatado contra ellas en la Comunidad de Madrid«, agregó, enfatizando que «en este país se debe cumplir la ley».

Mónica García también hizo referencia a la manifestación convocada este sábado por los sindicatos CESM y SMA para protestar por la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, asegurando que el nuevo estatuto reflejará las reclamaciones y el descontento de los médicos, mejorando sus condiciones.

Añadió que el nuevo marco «terminará con la precarización y falta de protección de los profesionales» y que «el mayor error» sería mantener el actual.

La posición del PP

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, afirmó este viernes que la administración regional no establecerá el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y que ha dejado la decisión en manos de los tribunales: «Preferimos que un tribunal decida lo que se debe hacer antes que un Gobierno sectario que no considera nada ni a nadie y, claro, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos los artículos que protegen a nuestra población».

Ante los medios, Matute también mencionó que la Comunidad de Madrid no irá «a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a quienes no abortan, ni tampoco a los que realizan abortos o no».



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Sin embargo, se establece el registro de objetores como una herramienta que, precisamente, organiza y garantiza la protección del derecho de los profesionales a objetar. Las razones pueden ser religiosas, deontológicas o bioéticas; no obstante, no deben ser divulgadas y la información de los profesionales sanitarios tendrá carácter confidencial.

A pesar de la función de dicho registro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya expresó en octubre que se oponía a crear una «lista negra» de médicos objetores. Además, instó a la izquierda a que se «fueran a otro lado a abortar». «Cada año se realizan 106.000 abortos en España. En diez años, desde que ustedes llegaron a la política, se han abortado un millón», respondió Ayuso ante la pregunta de Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público madrileño. Para la presidenta, tales cifras son un «fracaso», dado que en «la mayoría de los casos se podría evitar» y está en «las manos» de los políticos hacerlo.

Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se realizan en centros privados, con grandes diferencias entre comunidades. Mientras Cantabria hace más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.

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