Sanidad demandará a Ayuso por infringir la ley respecto al registro de objetores al aborto | Noticias de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este sábado que llevará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, a los tribunales por negarse a establecer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo cual infringe la ley. “La señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, se ha declarado en rebeldía contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado ese derecho de manera reaccionaria. Vamos a interponer un contencioso-administrativo por esta obstaculización a la ley, la democracia y las mujeres“, ha declarado García ante los medios.

El Gobierno central ha optado por esperar hasta el último momento para pronunciarse, el cual se cumplió este viernes a medianoche, cuando expiró el plazo para que la Comunidad de Madrid creara el banco de datos. Y lo ha hecho de forma contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que dicho registro solo sirve para “perseguir” a los médicos que se niegan a practicar abortos en centros públicos y privados. Madrid se queda sola en su rebelión, después de que Baleares y Aragón, otras comunidades gobernadas por el PP que también mostraron reticencias, hayan decidido finalmente implementar el registro.

“En este país se cumple la ley”, ha añadido García, quien, además de ser ministra, es la líder de Más Madrid, el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid. “La señora Ayuso ha elegido, una vez más, el lado equivocado de la historia. Nosotros apoyamos la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha tomado un camino que la muestra como “insumisa ante la ley” y que, por lo tanto, “tendrá que dar explicaciones”.

El registro de objetores de conciencia se ha vuelto obligatorio para las comunidades autónomas tras la reforma de la ley del aborto de 2023. El propósito de este banco de datos es que la decisión de los sanitarios antiabortistas no se convierta en un obstáculo para las mujeres. Su finalidad también es prevenir la discriminación tanto de los objetores como de los no objetores, así como asegurar que estos últimos no se dediquen exclusivamente a esa labor. Estos datos no se registran a nivel nacional, por lo que las autonomías deben ocuparse de su gestión. Hasta el momento, Madrid no lo hará.

El Gobierno de Ayuso había dejado claro desde el viernes. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, expresó su preferencia por que sean los tribunales quienes decidan, y no “un Gobierno sectario“. En la Comunidad de Madrid apoyamos el aborto legal, seguro y poco frecuente. No señalaremos ni perseguiremos a quienes abortan ni a quienes realizan o no realizan abortos”, afirmó Matute. La ministra de Sanidad, al recibir esta información, indicó que antes de pronunciarse esperaría a que finalizara el plazo del Gobierno.

Este sábado, García ha criticado severamente a la presidenta madrileña: “Está actuando en contra de las mujeres. No entiendo qué le ocurre a Ayuso con las mujeres y esta cruzada que lleva a cabo”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta instándole a cumplir con la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Te escribo con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, desafortunadamente, siguen enfrentando muchas mujeres en nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, decía la carta. Si no se atendía a ese requerimiento, se leía en el documento, se activarían “los mecanismos legales pertinentes para exigir su cumplimiento”.

Ese momento ha llegado. Representa un nuevo conflicto entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, dos líderes, dos administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi diariamente. Ahora son los tribunales quienes deben decidir. No es un caso aislado. Ayuso también ha llevado ante el Tribunal Constitucional la intención del Gobierno central de colocar una placa en la Real Casa de Correos, su sede, recordando que durante el franquismo fue un lugar de detención y torturas.

Ayuso no solo se rebela ante Sánchez, sino que también desaira al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición trató de alcanzar una postura única entre los presidentes de las regiones gobernadas por el PP, pero no ha tenido éxito. El enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso queda, exclusivamente, entre ellos dos.