Montero da el primer paso para limitar las reducciones del IRPF en Madrid y deja en pausa el tema de Sucesiones.


La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado este miércoles su primera indicación sobre la posibilidad de limitar las reducciones del IRPF en el contexto de las medidas que considera necesarias para combatir lo que califica de dumping fiscal, centrándose especialmente en la Comunidad de Madrid. En la conferencia posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde presentó a las comunidades el modelo de financiación que ha acordado con Oriol Junqueras, Montero ha abordado por primera vez el IRPF al ser preguntada por los periodistas sobre este posible veto a las reducciones fiscales, dejando de lado el tema de Sucesiones, un impuesto bastante impopular.

De hecho, ha rechazado haber hablado de un aumento en Sucesiones, pese a que en algunas ocasiones ha considerado esta opción, incluida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 4 de junio de 2024. Esta iniciativa se encuentra también delineada en el pacto de Gobierno con Sumar. Aunque Montero ha aclarado este miércoles que aún no se ha tomado ninguna decisión y que está abierta a escuchar propuestas, no solo ha desmentido haber evaluado un posible impuesto a grandes herencias—similar al impuesto sobre grandes fortunas y el Impuesto sobre el Patrimonio—, sino que también ha subrayado que ella misma redujo Sucesiones durante su periodo como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía.



Respecto al IRPF, ha sugerido que podrían establecerse ciertos márgenes para limitar las reducciones. Es curioso señalar que su propuesta de financiación incluye un aumento en la cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5% -pero podría, a su vez, limitar las capacidades normativas.

No se registraron mayores novedades en este CPFF tras las indicaciones dadas el pasado viernes. Según Montero, es la reforma en la que se está proporcionando más información, y ahora se dirige hacia la redacción del proyecto de ley. Ha afirmado que las propuestas de las comunidades, que critican fuertemente el modelo y la manera en que solo se ha negociado con Cataluña, son bienvenidas. Sin embargo, no ha especificado cómo podrían ser incorporadas o si se contemplarán en todo caso, pues también mencionó que no desea fragmentar la propuesta, expresó dudas sobre si las regiones posteriormente votarían a favor del modelo, y pidió al PP que presente una única propuesta. Además, no se ha referido al margen de maniobra disponible.

Las críticas, «falaces» para Montero: «Todos ganan»

Montero comenzó su intervención con un tono contundente, enfatizando que son infundadas las críticas sobre que algunas comunidades se benefician más o que hay un trato preferencial hacia Cataluña, asegurando que no se ha aceptado ningún tipo de cupo. Este miércoles, negó que la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica se haya diseñado para «satisfacer» a Cataluña, afirmando que no existen privilegios ni tratos de favor para ninguna comunidad autónoma. «Es una falacia. Todos ganan», ha afirmado.

Finalmente, aplicando su habitual razonamiento extremo a los argumentos, a pesar de las críticas, del informe que Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, publicó este miércoles, en el que se argumenta que se establecen fondos arbitrarios para satisfacer a Cataluña, que además dejaría de aportar 1.500 millones, mientras que la Comunidad de Madrid aumentaría su participación.

La vicepresidenta primera también ha desmentido que se fragmentará la Agencia Tributaria (AEAT), argumentando que se promulgará un modelo en red que considera mucho más eficaz. Sin embargo, para Ángel de la Fuente, lo más preocupante de la propuesta es la insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y personalizado de gestión tributaria «en red» que podría concluir en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal delicada.

Aun si este riesgo se pudiera evitar, la propuesta inevitablemente traerá consigo mayores costos y serias pérdidas de eficiencia a medida que se distribuya una parte significativa y creciente de las responsabilidades de la actual Agencia Tributaria entre diversas administraciones que carecen de experiencia y poseen un tamaño notablemente menor, encontrándose ante serias dificultades para comunicarse y coordinarse eficazmente entre sí, incluso si todas trabajasen con la mejor de las intenciones y plena lealtad al Estado, concluye Fedea.

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