Pepi y Maricarmen: un par de emblemáticas figuras en la lucha contra el desahucio en Madrid, siete años después: “No ha habido cambios” | Noticias de Madrid

Ha pasado los últimos días recuperándose. No es para menos. A sus 87 años, la época en la que otros se dedican a disfrutar de una vejez tranquila, Maricarmen Abascal se ha visto en la necesidad de gritar, protestar y realizar un sinfín de entrevistas. Durante una semana, cada vez que encendías la televisión, ella aparecía. Todo esto con el propósito de continuar viviendo en la casa que siempre ha sido su hogar, la que compartió con sus padres y su hermano, el lugar que la ha visto crecer. Todo, para evitar que a sus 87 años, la desahucien.

“¡Maricarmen se queda!”, gritaban muchos el pasado miércoles en el distrito madrileño de Retiro, cuando un juzgado decidió suspender su lanzamiento. Porque Maricarmen representa mucho más que un caso aislado: es el símbolo de una ciudad que se opone a los desahucios. No es la única. Hace siete años, en 2018, Pepi Santiago, una vecina de la calle Argumosa, 11, en la zona de Lavapiés, tuvo una historia similar, habiendo sido su hogar durante dos décadas. Sin embargo, su historia terminó mal tanto para ella como para quienes la apoyaron. A los 65 años, tras 12 intentos de desahucio, Pepi acabó en la calle. El Sindicato de Inquilinas lo recuerda perfectamente, ya que aquel episodio y esa lucha ayudaron a impulsar la actual ley de Vivienda. Ha pasado tiempo desde entonces, aunque muchas cosas siguen sin cambios.

Siete años más tarde, Pepi tiene 72 y vive con sus dos hijas en un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que consiguió hace tres años por medio de un sorteo en el distrito de Usera. “El día que nos echaron, al no tener alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Madrid nos envió a una pensión de mala calidad en Cuatro Caminos. Allí tuvimos que quedarnos seis meses en una habitación, hasta que no pudimos más”, recuerda Fernanda Santiago, la hija mayor de Pepi, de 35 años.

La historia de Pepi se repite ahora con Maricarmen. Ambas mujeres se enfrentan al desahucio en su etapa de jubilación. Pero no es solo esto lo que las une: en el momento del lanzamiento, ambas pagaban algo menos de 500 euros por su alquiler, una en Retiro y la otra en Lavapiés, dos barrios céntricos y especialmente gentrificados, territorios que aquellos que residen en Madrid han perdido en favor de fondos de inversión y arrendadores dispuestos a maximizar el alquiler vacacional. Ambas son representadas por el Sindicato de Inquilinas, creado en 2017, y en ambos casos, un fondo seleccionó un método contundente para comunicarles que ya no eran bienvenidas en sus hogares: triplicarles el alquiler de la noche a la mañana.

Lo hicieron porque tienen la capacidad de hacerlo; sobre el papel, ambos edificios pertenecen a grandes empresas inmobiliarias. En el caso de Maricarmen, a Renta Corporación Real Estate; en el de Pepi, el fondo era Máximo Aguado Grupo Inmobiliario. Todo cambió para ellas cuando estas empresas entraron en la historia. También por eso son un símbolo: su patrón se repite en cientos de casos de madrileños que son víctimas del mercado especulativo de la vivienda. Representan a muchas personas.

Tanto es así que el día del desahucio de Pepi, el presidente del Gobierno, en aquel momento Pedro Sánchez, declaró que situaciones como la de Argumosa, 11, no debían repetirse. Sin embargo, desde entonces, se han producido más de 60,000 desahucios. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aseguró que, por supuesto, las familias serían realojadas en viviendas públicas lo antes posible. Un año después, Pepi continuaba viviendo en pensiones. El Gobierno de Manuela Carmena también se comprometió a realojar a las familias en viviendas sociales. Pero no lo cumplió. Tras varios interinatos, hace tres años Pepi y su familia se vieron obligadas a participar en un sorteo de la EMVS, que les ofreció un piso en Usera. Sin embargo, Pepi cuenta con tristeza que ya no suele visitar Lavapiés: “Uno vive en el lugar donde habita, y a nosotras nos echaron de Lavapiés”.

Siete años después, siente que casi nada ha cambiado y que todas las promesas que recibió en su momento fueron papel mojado: “Nunca cumplieron. Ahora tenemos un hogar porque tuvimos suerte”, dice. “Nuestro caso fue muy mediático. Aparecimos en todas partes y la presión social ayudó, pero no fue suficiente”. Durante un tiempo, continuaron apoyando la lucha contra otros desahucios, pero luego perdieron la fe en que las cosas pudieran cambiar.

La abogada de Pepi en aquel tiempo —y ahora integrante del CAES (Comisión de Apoyo y Estudios Sociales)—, Alejandra Jacinto, quien fue portavoz de Podemos en la Asamblea regional, explica que hay casos emblemáticos que marcan la política de vivienda en España: “Son el símbolo de la resistencia popular contra la turistificación de los centros urbanos. El desahucio de Pepi fue mucho más que un simple desahucio, especialmente en el barrio de Lavapiés”.

El caso de Pepi, recuerda Jacinto, contribuyó a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que, por ejemplo, el Gobierno extendiera la duración de los contratos de alquiler a cinco años, un período durante el cual el contrato se renueva automáticamente si ninguna de las partes presenta objeciones. Con la ley anterior, el arrendador podía finalizar unilateralmente el contrato en cualquier momento.

El frustrado desahucio de Maricarmen forma parte de la serie de casos que afectan a la clase política. El popular José Luis Martínez Almeida salió a la luz para comentar el tema. Sin embargo, sus declaraciones, lejos de calmar a la gente, avivaron el descontento: Almeida solo recomendó a Maricarmen acudir a los servicios sociales, lo que ha sido interpretado por la oposición y el Sindicato de Inquilinas como una falta de respeto.

La misma Maricarmen, de hecho, ha recordado al alcalde que ya ha acudido a estos servicios, que no le han proporcionado ninguna solución. “Podría ser la abuela de cualquiera de nosotros”, explica Jacinto. Pero contar con el apoyo vecinal no garantiza el éxito, ni mucho menos. En el caso de Pepi, que contaba incluso con resoluciones de Naciones Unidas a su favor, el desahucio se llevó a cabo igualmente, y eso que fue necesario que tres juzgados distintos se pusieran de acuerdo. El día del lanzamiento de Pepi, más de 200 policías acudieron al lugar.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, lo recuerda bien mientras enfatiza los lazos que unen a Pepi y Maricarmen: “No tiene sentido que alguien sea desalojado después de 70 años viviendo en una casa. Ambas tienen algo en común: hay fondos especializados en inversión inmobiliaria detrás que adquieren inmuebles y simplemente buscan obtener mayores beneficios y rentabilidad. Hablamos de tirar a la basura una vida entera de mujeres luchadoras. Hay que detenerlo. Eso es lo que nos enseñó Argumosa, 11, y en lo que estamos enfocados ahora. Hay que luchar hasta el final, no solo por su vivienda, sino por las de todas”.