Salud y comunidades establecen un acuerdo para intercambiar información fundamental sobre los tamizajes de cáncer después de una reunión «intensa» | Sociedad

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos fundamentales sobre los cribados de cáncer (mama, colon y cérvix) para permitir una comparación eficaz entre las distintas autonomías. Los datos estarán basados en tres indicadores clave: el número de habitantes que han sido invitados a participar en las pruebas, la proporción de estos que se han presentado y el porcentaje final de resultados positivos.

Este jueves, los directores de Salud Pública definirán los indicadores esenciales: aún está por decidir si se añadirán más detalles, como cuántos pacientes han iniciado el tratamiento y en qué período de tiempo. Estos datos servirán como referencia inicial para el desarrollo de una base de datos más amplia, de acuerdo con lo acordado por los consejeros y la ministra, Mónica García, este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

García había instado a las comunidades a compartir la información tras el escándalo de cribados en Andalucía. Los gobiernos del Partido Popular argumentaban que no contaban con una plataforma informática para facilitar el proceso, impidiendo así el intercambio oficial y uniforme de los datos.

A pesar de esto, todas las comunidades, salvo Madrid, se comprometieron a proporcionar al Ministerio de Sanidad los datos disponibles. Frente a la negativa de la consejería madrileña, el ministerio advirtió la semana pasada que podría tomar acciones legales si no recibía la información en un plazo de un mes.

No obstante, las tensiones se han reducido este miércoles. Aunque, según García, el CISNS ha sido “relativamente tenso”, finalmente se llegó a un consenso. También la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, celebró que los indicadores básicos facilitarán la comparación estadística entre comunidades de manera coherente. “Hemos logrado que la ministra se comprometa a no utilizar los cribados como un arma política”, declaró tras la reunión del CISNS.

“Desconfianza de la ciudadanía”

Ambas autoridades coincidieron en que la situación actual de los cribados está provocando “desconfianza de la ciudadanía” en pruebas que son cruciales para salvar vidas. Mientras que la consejera de Madrid atribuyó esto al “circo mediático” en torno a los cribados, la ministra de Sanidad mencionó a los gobiernos autonómicos del Partido Popular y, sin mencionarlo directamente, al de Madrid, el único que se había opuesto a facilitar los indicadores disponibles.

“Después de semanas de un bloqueo incomprensible, las comunidades del PP han aceptado entregar los datos”, afirmó García. “Hoy hemos reiterado que, para que los ciudadanos recuperen la confianza en los sistemas de cribados, que sabemos que funcionan en todas las comunidades autónomas, lo primordial es la transparencia; los consejeros no tienen nada que ocultar y deben proporcionar los datos sin inconvenientes”, añadió.

Tras una reunión que duró más de cinco horas en las instalaciones del ministerio, García presentó un cronograma que comenzaba desde principios de octubre, cuando “saltaron las alarmas” en Andalucía, tras la denuncia de la asociación AMAMA sobre más de 2.000 mujeres (ahora se calcula que más de 4.000) que tuvieron pruebas dudosas y no fueron notificadas.

El 13 de octubre, el Ministerio de Sanidad envió una carta a las comunidades para solicitar los datos de los cribados, y el 24, durante un CISNS ordinario, los consejeros del Partido Popular decidieron abandonar la reunión tras no llegar a un acuerdo con el ministerio sobre el envío de dichos datos.

Protocolo para compartir datos

Meses antes de que estallara la crisis de cribados en Andalucía, en abril, el ministerio y las comunidades autónomas habían establecido un amplio protocolo con 63 indicadores para compartir datos sobre los tres tipos de cáncer que cuentan con cribados (mama, colon y cérvix).

Este protocolo es una herramienta epidemiológica que poco tiene que ver con el problema de notificaciones que ha surgido en Andalucía. El propósito era evaluar el funcionamiento de los cribados en aspectos como la respuesta, los tiempos de espera y los tratamientos, para medir resultados a nivel nacional (algo que actualmente es inviable) y comparar los de diferentes comunidades.

Sin embargo, para implementar este protocolo es necesaria una herramienta informática que permita la carga de datos, algo que corresponde al Ministerio de Sanidad y que aún no está preparado. Por ende, se ha llegado ahora a un acuerdo mínimo: compartir las estadísticas básicas que todas las comunidades ya tienen en sus bases de datos.

Los indicadores comenzarán a ser recogidos de inmediato, aunque la consejera Matute mencionó que no hay un cronograma establecido para hacerlo, un tema que también será discutido este jueves por los directores de Salud Pública.

La ministra ha afirmado que hay comunidades que ya han enviado los datos disponibles: “Algunas han enviado 5, otras 10, otras 12. Pueden hacerlo en Excel, Word, como prefieran, para facilitar el análisis y la identificación de áreas que necesiten mejoras, para brindar certezas y confianza”.

Con esta información, por ejemplo, se podrá evaluar en qué cribados hay una mayor respuesta y trabajar para incrementar la participación en aquellos que son menos efectivos. Se sabe que más personas participan en el cribado de mama que en el de colon, pero no se conoce con exactitud en qué proporción. “Seguramente hay más concienciación”, insinuó García.

Acuerdos del interterritorial

La ministra ha subrayado que el acuerdo logrado en el interterritorial no es una excepción, sino la norma en la mayoría de estas reuniones, donde se han aprobado más de 70 medidas desde que García asumió el cargo.

“Espero que mantengamos este mismo enfoque en el programa de gripe y que mañana, en la Comisión de Salud Pública, se logre establecer un protocolo común para la epidemia de virus respiratorios que llegará en diciembre o enero”, expresó García.

El Ministerio impulsó el año pasado un protocolo común basado en el que se usó para la covid: delineaba tres escenarios de riesgo, con recomendaciones para cada uno. Por ejemplo, proponía el uso de mascarillas para las personas sintomáticas durante todo el periodo de infecciones respiratorias, así como el autoaislamiento en la medida de lo posible, promoviendo el teletrabajo cuando las circunstancias lo permitieran. Sin embargo, las comunidades del PP y algunas del PSOE (como Castilla-La Mancha) rechazaron este plan, considerándolo “muy preliminar”.