“Tal vez Mur apunte a Escudero… o a alguien de mayor rango”

Esta semana, la indagación sobre los llamados protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de personas mayores de centros geriátricos a hospitales para recibir atención durante la pandemia de Covid, ha dado un paso adelante con tres declaraciones esenciales: la de Carlos Mur, autor de las instrucciones; Pablo Busca, exresponsable del SUMMA 112; y Javier Martínez Peromingo, excoordinador sociosanitario de la Comunidad de Madrid. Solo el último de ellos compareció en sede judicial.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con Carlos Castillo, uno de los abogados, junto a Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, que representan en este caso a la plataforma 7.291: Verdad y Justicia Víctimas en Residencias para profundizar en la situación actual, más de cinco años después del coronavirus.

En declaraciones a este medio, el letrado señala que “existen cerca de cien procedimientos abiertos en distintos juzgados” y aclara que, aunque hay “algunos juzgados” que no han logrado localizar a Carlos Mur —este medio ha centrado la entrevista en él por su relevancia—, “porque no le han encontrado en su domicilio en Andorra y, por lo tanto, no han podido dar con él”, ha podido “tomar ya conocimiento de toda la situación”.

“Los procedimientos son públicos y notorios (…) Y también sabe que otros juzgados lo están requiriendo”, enfatiza. A pesar de esto, “no ha tenido una actuación activa para colaborar con la Justicia, que es lo que debería hacer alguien que considera que no tiene ninguna responsabilidad”. Así que, la defensa caracteriza el escapismo como parte de una “estrategia dilatoria”, algo “más común de lo que parece”.

Estrategia diferenciada

Durante su declaración, Peromingo disparó críticas hacia la persona que firmó los protocolos, manifestando que los consideró discriminatorios y que se lo comunicó a Mur. “Nosotros creemos que la estrategia es señalar a Mur por la discriminación y viceversa (…)”. La línea de actuación que establecen ambos cargos también se diferencia en otros aspectos de la investigación, como la unificación de todas las causas en una: Peromingo aboga por esa unidad y Mur no.

Aparte de estos tres, aunque la querella se dirige principalmente contra ellos, los abogados consideran que hay más nombres que deberían aportar luz sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid en los primeros meses del Covid. “Creemos que los geriatras de enlace también deben explicar cómo se aplicaron esos protocolos, o Antonio Burgueño (exasesor de Ayuso), quien comenzó como investigado en un procedimiento y no declaró, y en otro lo hace como testigo (…) Entendemos que también pudo tener responsabilidad en la extensión de estos protocolos discriminatorios”.

Con las cartas actualmente sobre la mesa, la pregunta que todos se hacen es hasta dónde llegará el Caso Residencias y si en algún momento podría aparecer el nombre de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. “Puede ser que más adelante se eleve la escala jerárquica y se mencione a Enrique Ruiz Escudero o incluso más arriba”, sugiere inicialmente Castillo.

Cuando se le pregunta directamente por el nombre de la líder popular, el letrado menciona que es pronto para saberlo, pero no cierra la puerta a la posibilidad: “En este momento estamos aún en una escala muy por debajo. Por ejemplo, Peromingo, que ya ha declarado en dos causas, es únicamente médico. Quizá cuando declare Mur, quien durante los protocolos era un cargo político, comiencen a surgir las responsabilidades políticas”.

Arrojar luz al dolor

Castillo aboga por un enfoque gradual. En el futuro inmediato, el próximo lunes, varios profesionales sanitarios testificarán en los juzgados de Collado Villalba, y mientras se resuelven otros aspectos, habrá que estar atentos a la posible unificación de los casos. En última instancia, actúa como voz de los familiares, que, tras cinco años, aún no se rinden. “Por un lado, es evidente el cansancio y el hastío de haber estado luchando durante años sin ver avances claros”, reconoce, pero por otro lado “surge la esperanza de que algunos juzgados están respondiendo”. En definitiva, “poco ánimo por la demora, pero esperanza en el trabajo judicial”.

Sea como sea, transmite un mensaje claro: “Esperamos que se haga justicia y se pueda esclarecer qué ocurrió durante la pandemia y qué decisiones se tomaron que llevaron a la muerte de 7.291 personas (…) Que la investigación aporte un poco de luz a todo el sufrimiento”.