Un alto funcionario de Almeida, sentenciado por una demolición ilegal en la Cañada Real, continúa emitiendo órdenes de derribo.

“Disfruta derribando viviendas”. Así se expresa Houda, de la asociación Tabadol Cultural. Esta organización agrupa a mujeres de la Cañada Real para fortalecer su vida sociocultural y defender sus derechos. A pesar de que su principal lucha durante los últimos cinco años ha sido por el restablecimiento del suministro eléctrico, también están involucradas en la defensa de sus hogares y terrenos. De ahí esas contundentes palabras dirigidas a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Un alto funcionario del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que continúa firmando órdenes de cese de uso y desalojo con previa demolición, lo que afecta a las casas de la Cañada Real, seis meses después de su condena a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos relacionados con el sector por “prevaricación administrativa”.

La decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no es definitiva, surgió a raíz de una demolición ilegal llevada a cabo por las administraciones madrileñas en la Cañada Real. Específicamente en el sector 6, donde la mayoría de la población es magrebí, aunque también hay numerosas familias gitanas. La demolición se realizó en julio de 2022, a pesar de que no había una orden firme y de que el vecino había apelado el procedimiento administrativo abierto meses antes. “Una familia con menores salió de viaje y al regresar, su casa ya no existía. La destruyeron sin previo aviso”, recuerda Houda. Para Sonia, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Vallecas, esto es “una campaña de acoso y derribo”. Nunca mejor dicho.