Víctimas de ETA señalan al acuerdo Sánchez-Bildu como responsable de la liberación de Anboto.

Las víctimas de ETA han señalado al acuerdo entre PSOE y Bildu como responsable de la concesión del régimen de semilibertad a la terrorista Soledad Iparraguirre, alias Anboto, quien fue jefa militar de ETA durante diez años y está implicada en 14 asesinatos y más de 20 heridos, acumulando 700 años de condena. La asociación Dignidad y Justicia ha declarado este domingo que esto es «el resultado del pacto de gobernabilidad actual entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa».

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, liderado por la socialista María Jesús San José, otorgó el régimen de semilibertad a quien fuera jefa de ETA, permitiéndole salir entre semana. Este permiso podrá ser disfrutado a partir del próximo lunes.

El Ejecutivo autonómico ha recurrido al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que aborda la clasificación de los presos en función de sus penas y el principio de flexibilidad en sus condenas. Este mismo apartado permitió otorgar la semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien salió el pasado febrero de la prisión de Matutene, en San Sebastián, así como a Jon Bienzobas, conocido como Karaka.

Esta medida se justificó señalando la necesidad de que los reclusos progresen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado. Para ello, se requiere al preso la elaboración de un plan de ejecución donde se especifica qué actividades realizará durante el día fuera de la prisión.

«Traspasar otra línea moral»

Dignidad y Justicia lamenta en un comunicado que el Gobierno vasco de coalición entre PNV y PSOE «ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo».

«La semilibertad de Anboto se concede después de haber sido otorgada a otra treintena de terroristas, entre los cuales se encuentra el exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Todos estos grados de libertad encubiertos solo reflejan que el Estado de derecho no opera correctamente, que la reinserción es un engaño y que existe un pacto entre Bildu y el PSOE que parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos», enfatizan desde la organización.

La asociación ha criticado que se haya concedido la semilibertad a Anboto, a pesar de que aún está bajo investigación en la Audiencia Nacional por causa de una decena de asesinatos sin resolver, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa.

Mientras tanto, como ha señalado Dignidad y Justicia, la exjefa de ETA se ha negado a proporcionar información para esclarecer los crímenes de los que tiene conocimiento. Esto a pesar de que es un requisito fundamental para la concesión de cualquier beneficio penitenciario, según detalla la asociación.

«Los etarras obtienen libertad sin haber pedido perdón y sin colaborar con la justicia. Existen 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional y ninguno de los terroristas liberados ha contribuido a avanzar lo más mínimo en estas investigaciones estancadas», critica la asociación.

La integrante de la cúpula de la organización terrorista fue autora intelectual del atentado fallido contra el entonces Rey Emérito Juan Carlos I, en el Museo Guggenheim, y también fue juzgada por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua (Vizcaya). Sin embargo, este último caso fue archivado tras haber prescrito.

Anboto, ex jefa de ETA

Soledad Iparragirre, militante histórica de ETA, ha estado vinculada a la banda armada desde 1981, participando en el comando Araba entre 1984 y 1987, y en el comando Madrid entre 1992 y 1993, hasta que posteriormente huyó a Francia. Fue jefa militar de ETA durante diez años y acumula una larga lista de condenas que suman más de 280 años de prisión. En 2018, leyó el comunicado del fin de ETA junto a Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera.

Anboto cumplió casi 20 años de prisión en Francia y fue entregada por el país galo a España en 2020. En julio de ese año, inició un largo periplo judicial, con 12 juicios pendientes en nuestro país.

La exjefa etarra fue condenada en 2020 a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y proporcionar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. Un año después, aceptó una pena de 15 años de prisión por haber ordenado un atentado contra Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

En diciembre de 2020, fue condenada a más de 400 años por la Audiencia Nacional, tras la orden del Tribunal Supremo de repetir el juicio en el que había sido absuelta por el atentado fallido en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) contra la Policía Nacional.

Hasta entonces, las acusaciones en su contra incluían desde asesinatos hasta instrucciones para atentados o la entrega de armamento. Además del atentado contra el comandante, se le procesó por el asesinato de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 y por el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

También se le acusó de facilitar armamento para una acción terrorista contra la oficina del DNI de Bilbao el 13 de enero de 1995, que resultó en la muerte de una persona e hirió gravemente a otra.