Ayuso advierte que la ausencia de control migratorio «destruye la convivencia».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió este lunes que el problema de la inmigración en España se debe a un “descontrol absoluto de las fronteras”, una situación que, según señaló, es provocada por la “inacción” del Gobierno central.

En una entrevista en Telecinco, la dirigente regional afirmó que la falta de control en los accesos al país “revienta los servicios públicos y dinamita la convivencia”, no porque la inmigración sea el problema en sí, sino por un asunto “de números” y de capacidad para atender a una población creciente.

“Es imposible sostener los servicios públicos”

Ayuso sostuvo que la saturación de recursos se debe a que “es imposible atender los servicios públicos a una población que supera la que cotiza”. En este contexto, puso como ejemplo la presión sobre la seguridad y los servicios básicos en Madrid ante la llegada de “centenares de miles de personas” anualmente mediante aeropuertos como Barajas.

La presidenta madrileña destacó que esta situación no ocurre en la mayoría de los países europeos y criticó al Ejecutivo por “mirar hacia otro lado” en lugar de reforzar el control en las fronteras.

Crítica a la gestión de los menores migrantes

Durante la entrevista, Díaz Ayuso también abordó el tema de los menores extranjeros no acompañados, afirmando que muchos de ellos “ni siquiera son realmente menores”, ya que “mienten sobre su edad y su procedencia”.

“España no enviaría a sus menores por el mundo a deambular sin control, ni permitiría que esto ocurriera. No entiendo cómo tantos países lo aceptan desde un inicio”, expresó la presidenta madrileña, aludiendo a la falta de coordinación europea en este asunto.

Reivindicación de más seguridad y control

Ayuso insistió en que el problema “no es la inmigración en sí”, sino la falta de un sistema de control efectivo que permita gestionar los flujos migratorios de manera ordenada. En su opinión, la solución radica en fortalecer las fronteras y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos sin comprometer la convivencia ciudadana.