El alcalde de Móstoles se siente desprotegido y comunica la posibilidad de emprender acciones legales contra los medios.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha manifestado públicamente su descontento por la difusión de informaciones en diversos medios de comunicación que, según él, lo colocan en el epicentro de un “juicio mediático” por supuestas conductas de acoso laboral y sexual hacia una exconcejala de su propio grupo político. Bautista ha indicado que le resulta “casi imposible” defenderse ante estas publicaciones y ha advertido que considerará acciones legales y querellas contra los medios involucrados para proteger su derecho al honor y su presunción de inocencia.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación le genera una sensación de indefensión porque no hay un procedimiento judicial en curso ni una sentencia que respalde las acusaciones, y siente que su reputación ha sido afectada sin que existan fuentes que avalen las versiones difundidas. En este sentido, el alcalde ha subrayado que “no se puede etiquetar a alguien como acosador sin una sentencia judicial” y que carece de herramientas efectivas para contrarrestar las interpretaciones de la prensa.

El caso comenzó a cobrar notoriedad públicamente tras la difusión en varios periódicos de que una exconcejala lo había acusado de acoso laboral y sexual, aunque el Partido Popular de Madrid sostiene que en el partido el expediente interno fue cerrado por falta de pruebas y que no se presentó ninguna denuncia penal. Bautista ha defendido su inocencia, destacando que “no hay nada en sede judicial” y que el asunto está siendo manejado por sus abogados.

La polémica ha suscitado reacciones también en el ámbito político. Partidos como PSOE, Más Madrid y Vox han exigido aclaraciones y la dimisión del alcalde, acusando al PP de ocultar o minimizar hechos graves, mientras que la dirección regional del Partido Popular ha respaldado al regidor, afirmando que no hay evidencia clara de acoso y calificando la situación como una disputa interna exagerada por los medios.

El debate se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la responsabilidad política y mediática de los funcionarios públicos, y plantea preguntas sobre cómo equilibrar la presunción de inocencia con la libertad de información en casos que implican alegaciones de comportamientos inapropiados.